AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Así explica la negligencia de las autoridades Ricardo Alanís, quien hace un año recorrió cientos de kilómetros –de Juárez a esta capital–, en busca de su hija Mónica Janeth Alanís Esparza.
A dos años de que se encontraron los restos óseos de la joven –junto con otras mujeres– en el Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez, sus padres, Ricardo Alanís y Olga Esparza, apenas tuvieron conocimiento de ello a finales de diciembre pasado.
No obstante, se negaron a aceptar los resultados de las autoridades y pidieron una segunda prueba, que también salió positiva. Luego solicitaron a las autoridades mantener el caso en reserva ante la opinión pública, porque no se resignaban a que aquellos restos fueran los de su hija.
Por separado, las organizaciones Madres y Familias Unidas por Nuestras Hijas y Re Mesa de Mujeres de Juárez evidenciaron el sistemático desinterés que han mostrado las autoridades respecto de los asesinatos y desapariciones de mujeres en el estado de Chihuahua, entre ellos los de sus hijas.
Sobre el caso de Mónica Janeth, Imelda Marrufo Nava, coordinadora de Red Mesa de Mujeres, denunció la lentitud en las investigaciones por parte de la extinta Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado) y otras instancias.
Además, responsabilizó a la Procuraduría General de la República (PGR) porque la investigación, dijo, estuvo en manos de la Subsecretaría Especializada en Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), que finalmente decidió regresar el caso a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), por considerar que la indagatoria carecía de elementos que indicaran la existencia de delincuencia organizada, cuando a todas luces, con los cuerpos de las jóvenes en el Valle de Juárez, se evidencia que hay elementos de delito de trata de personas.
La Fiscalía Especial, añadió, también fue omisa porque el área de peritos demoró demasiado. Aun cuando tenía los restos de la joven, dijo, tardaron un año 10 meses en notificar a la familia, pese a que en varias ocasiones los padres solicitaron a las dos administraciones que les informaran de manera inmediata el posible hallazgo de los restos de su hija.
En privado, Ricardo Alanís y Olga Esparza sepultaron los restos que les entregó la Fiscalía del estado, porque el dolor y la negación fueron más fuertes. No obstante, junto con las organizaciones que los han apoyado pidieron justicia y anunciaron que buscarán tipificar el delito.
De igual manera, ofrecieron disculpas a los medios de comunicación por no haber anunciado el funeral de Mónica Janeth, y justificaron que el estado de salud de ambos es delicado.
“No fue una falta de respeto no invitarlos, sino que quisimos que fuera privado el caso de Mónica. No es fácil sepultar a tu hija. No es fácil que te entreguen una pierna, un hueso, ni siquiera es un cuerpo, le llaman restos”, subrayó Ricardo Alanís.
Y advirtió que no quieren otro memorial a las víctimas ni disculpas por parte de las autoridades federales. Quieren justicia, porque el Arroyo del Navajo, afirmó, es un genocidio que superó en número y dolor al de campo algodonero.
“No queremos que nos vengan a pedir perdón, sino que hagan su trabajo, que se tipifique el delito. Ya no quiero palmaditas del gobernador, (pero sí) que se tipifique el delito. ¿O tienen que matarlas para poder encontrarlas muertas? Que le maten una hija a un poderoso político y se va a tipificar, pero qué desgracia que tenga que morir la hija de otro para tipificarse”, expresó el padre de Mónica, notablemente desgastado.
Añadió:
“Ya basta de tantos asesinos que se roban a las jovencitas como robarse un chicle y no pasa nada, lo mastican, van, lo tiran al Valle y viva México. Ahora, como dice el gobernador: ‘que el cielo bendiga a Juárez’, que nos bendiga a nosotros para seguir luchando”.
Las organizaciones y la familia de Mónica Janeth recordaron que en una reunión realizada el 3 de junio pasado, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, se comprometió con las familias a fortalecer con más personal a la Fevimtra, pero hasta la fecha, dijeron, está el mismo personal con acciones igual de limitadas.
Santiago González, abogado de la Red Mesa de Mujeres, solicitó un encuentro con Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, porque a dos meses de ocupar el cargo, apuntó, no ha convocado a las familias y las organizaciones de la sociedad civil.
También demandó una reunión con Emma Saldaña Lobera, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), para que explique las acciones que se realizarán en Juárez para dar cumplimiento a la Ley Estatal para el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
Y al alcalde de Juárez, Enrique Serrano Escobar, las organizaciones le exigieron que dé a conocer el programa de prevención de violencia contra las mujeres que desarrollará su gobierno, así como los programas de prevención contra la trata de mujeres y que clarifique las acciones de prevención en las zonas consideradas de alto riesgo, como se comprometió en su campaña electoral.
Cuando desapareció, el 26 de marzo de 2009, Mónica Alanís tenía 18 años y cursaba segundo semestre en la carrera de Administración en la Universidad Autónoma de Juárez.
Desde entonces sus padres no cesaron la búsqueda y la de otras jóvenes en la misma situación.
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