AUTOR: Blanche Petrich.
Se debe aceptar su capacidad de administrar la justicia, asegura Raúl Vera. Continúa el acoso contra mujeres indígenas víctimas de abuso sexual cometido por militares.
Una pick up precedió la marcha desde la entrada del pueblo hasta el zócalo, con la insignia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en sus costados. Todos sus ocupantes estaban armados y se coordinaron, sin problema alguno, con los policías municipales, que fungen como agentes de tránsito.
Detrás caminó un grupo de mujeres, viudas, madres y huérfanos de los masacrados en El Charco hace 16 años. Y el prelado, envuelto en una nube de copal y cubierto de flores, con sus acompañantes.
En la retaguardia, una nutrida escolta de jóvenes uniformados y armados con las escopetas y rifles reglamentarios cerró la comitiva. Esta disposición de la breve marcha marca la agenda que, al final, dominó el segundo día de encuentros de la misión.
En favor de la legitimidad
Pobladores, líderes, los propios policías comunitarios y el obispo Vera argumentaron en favor de la legitimidad de esta institución que surgió hace 19 años en San Luis Acatlán y que en los últimos años se ha extendido hasta contar con cinco sedes (San Luis, Espino Blanco, Cochoapa, Zitlaltepec y la más reciente, El Paraíso; 77 comunidades cubiertas).
“Procesos como éstos –reconoció Vera durante su discurso–son ejemplares. Ustedes cumplen un papel determinante y las autoridades deben reconocer su derecho a resguardar su propia seguridad y su capacidad de administrar la justicia”.
El proceso de esta policía indígena se originó, a decir del consejero regional de la CRAC Donaciano Morales Porfirio, con la intensa militarización que se desplegó en la zona a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas, en 1994. Vivió uno de sus momentos más trágicos con la matanza de El Charco (11 muertos, cinco heridos y una veintena de presos), en 1998.
La presencia intensa de soldados en los pueblos y veredas dejó secuelas de violencia, agresión e impunidad, como la esterilización forzada de medio centenar de indígenas en 1998, los casos de violación tumultuaria por soldados del Ejército a dos mujeres –Inés Fernández y Valentina Rosales– en 2002, centenares de ejecuciones, situaciones de tortura y prisión injusta hasta el hostigamiento actual que sufren los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Mee’phá (OPIM)
En esta jornada, la CRAC, con nueve de sus integrantes presos en Acapulco desde agosto del año pasado a raíz de una incursión militar en El Paraíso, demandó que el gobierno reconozca la legitimidad y su derecho de procurar seguridad y administrar justicia en sus comunidades. Vera respaldó esta demanda y expresó: “Ustedes –la policía comunitaria– cumplen un papel histórico determinante, porque, a diferencia de las autodefensas de Michoacán, su origen tiene una raíz muy profunda: su cultura comunitaria”.
Caso Inés y Valentina: una parte buena y una mala
En este mismo zócalo pueblerino, en un escenario muy similar, hace dos años el ex secretario de Gobernación Alejandro Poiré se vio obligado por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) a pedir perdón, en nombre del Estado mexicano, a Inés Fernández, violada en 2002 por varios soldados. Hace unas semanas, los primeros militares responsables de ese delito cometido hace 12 años fueron detenidos y siguen un proceso penal en el fuero civil en la ciudad de México.
Otilia Eugenio, lideresa de la OPIM y una de las principales defensoras de las dos mujeres violadas por soldados, expresa en entrevista: Eso tiene una parte buena, porque ya están castigando a los violadores. Pero tiene una parte mala, porque los detenidos son militares, y sus jefes están muy enojados con nosotras. Estamos recibiendo amenazas de muy, muy arriba.
Por esas amenazas, Otilia debe estar protegida luego de las medidas cautelares ordenadas por la propia Coridh. Eso quiere decir que no puedo ir a mi comunidad, Barranca Guadalupe, que debo vivir en un lugar seguro (no dice dónde) y que debo ir cuidada por soldados. Los mismos soldados que las mujeres de su pueblo ven como amenaza. Otros 40 compañeros suyos de la organización también tiene este tipo de protección.
En años anteriores las amenazas de muerte se concretaron. Dos de sus líderes han sido asesinados: Raúl Lucas y Manuel Ponce. Muchos otros han sido apresados, con delitos –algunos graves– fabricados por caciques y autoridades.
Pero, según dice a su vez Inés Fernández, quien junto con Valentina Rosendo logró que la corte interamericana declarara culpable al Estado mexicano, si algo aprendimos de nuestro proceso de buscar justicia es que los indígenas tenemos los mismos derechos que los mestizos. Y eso no lo vamos a dejar.
Vasectomía forzada, una humillación que no se olvida
Silverio Remigio tenía cuatro hijos cuando acababa de cumplir 36 años. Es originario de El Camalote. Fue uno de los 50 indígenas de la región que fueron obligados a someterse a una vasectomía. A cambio les entregaron lo que dijeron que era una tarjeta que les va a servir de mucho, para recibir los mejores servicios médicos para ellos y sus familias por el resto de sus vidas. Fue un engaño. El primer médico prometido por el gobierno en compensación llegó a El Camalote seis años después. Esa es una humillación que no se nos olvida, dice Silverio.
Eustolia Ramírez tenía 18 años y esperaba un hijo cuando ocurrió la masacre de El Charco. Su marido fue uno de los pobladores que estaban en la asamblea dentro de la escuela que fue rodeada y atacada por el Ejército Mexicano, que presumía que adentro había guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Los campesinos salieron desarmados y ahí mismo fueron ejecutados.
Eustolia demanda: Lo que nosotros le pedimos al gobernador Ángel Aguirre, que entonces era gobernador interino y hoy está en el mismo cargo, es que no nos vuelva a despreciar y humillar cuanto tocamos a su puerta.
De esos apoyos depende una sobreviviencia digna para María Abarca, que tenía 12 hijos cuando quedó viuda. Y un poco de alivio para los últimos años de María Lucaria, que parece casi octogenaria, aunque sólo tiene 66 años. A ella le mataron a su hijo. María dice que sí, que a pesar de todo ella sí tiene esperanza en la justicia.
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