AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En un comunicado, con copia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo internacional refiere que las amenazas contra los litigantes que se han ocupado de los casos del profesor indígena Alberto Patishtán, de procesados del Frente de Pueblos en la Tierra de San Salvador Atenco y de policías comunitarios de Aquila, Michoacán, detenidos el año pasado, comenzaron el pasado 17 de enero y la más reciente llegó el pasado 10 de marzo.
En el primer caso, Rivero Rodríguez recibió una llamada telefónica amenazante: “Mira no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy verdad pero soy algo”, sostiene el abogado que una voz anónima le advirtió.
La llamada motivó que Rivero Rodríguez presentara una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) sin que hasta el momento se haya identificado al autor de la misma. Lo peor es que, dice AI, la dependencia ya le informó al denunciante que va a archivar el asunto.
De acuerdo con Amnistía en los dos meses siguientes, el 4 de marzo, “tres desconocidos irrumpieron en un hotel donde Leonel Rivero Rodríguez se había reunido con miembros de comunidades del estado de Michoacán, para tratar con ellos un asunto delicado”, que estaba abordando con Sandino Rivero Espinosa.
El hecho más reciente se refiere al allanamiento de la oficina que Rivero Rodríguez tiene en su casa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según AI, los perpetradores “dejaron las puertas traseras abiertas y las luces encendidas, pero no parece que se llevaran ningún documento confidencial”.
Por los hechos ocurridos y a petición del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Segob, “el gobierno del estado de Chiapas ha prometido enviar un vehículo patrulla a casa de Leonel Rivero, indica AI en su alerta.
Como antecedentes a los hechos ocurridos en este año contra los abogados de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, la organización con sede en Londres, Inglaterra, detalla que en marzo de 2013 Rivero Rodríguez recibió en su buzón de voz “grabaciones de conversaciones personales que había mantenido durante el día y de reuniones con sus clientes, lo que indicaba que estaba siendo vigilado y que quienes lo vigilaban tenían acceso a su oficina”.
Por esos hechos, tres abogados del despacho obtuvieron protección policial temporal proporcionada por el Mecanismo de Protección, en tanto que en años anteriores, Leonel Rivero y Sandino Rivero, “se han beneficiado anteriormente de medidas especiales de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por amenazas que habían recibido en relación con otro asunto”.
Amnistía Internacional llamó a Osorio Chong y a Murillo Karam a garantizar la seguridad de los abogados de Defensa Estratégica en Derechos Humanos; una investigación imparcial sobre las amenazas telefónicas del 17 de enero y el allanamiento del 10 de marzo, y garantizar que “los abogados que trabajan sobre asuntos potencialmente delicados, puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a sufrir represalias”.
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