AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
El Comité Defensor del Patrimonio y la Fundación Manuel Toussaint tienen ya la experiencia de haber detenido el año pasado, también con base en amparos, la construcción del teleférico que pretendía impulsar el gobierno de Rafael Moreno Valle en áreas históricas de Puebla.
De hecho, los grupos civiles que emprenderán ahora la batalla jurídica contra el distribuidor vial serán representados por el abogado Lucio Ramírez, el mismo que llevó la causa del teleférico.
Giovanni Zayas, representante de Cholula en Bici, dijo que la construcción de ese puente atirantado atenta contra el patrimonio histórico y cultural del país, contra el derecho a la movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte urbano.
Además, denunció, la obra aislará barrios y alterará la vida del pueblo de Cholula, y ni siquiera representa una solución a los problemas de tráfico vehicular en la zona.
Según un video que el propio gobierno del estado colocó en YouTube, los activistas saben que la vía que se pretende construir es un puente atirantado que tendría una altura de unos 20 metros, una extensión de 500 metros y costaría cerca de 196 millones de pesos.
Aunque han pedido información a la Secretaría de Infraestructura, la dependencia no ha mostrado algún estudio o proyecto que sustente esa obra, cuya altura afectaría la visual hacia la pirámide de Cholula y el volcán Popocatépetl.
Alexandra Ramírez, una de las coordinadoras de la campaña de resistencia contra esta obra, señaló que los expertos en urbanismo que han consultado coinciden en que son obsoletos este tipo de distribuidores viales.
El paso elevado que proyecta el gobierno estatal desembocaría en calles estrechas de San Andrés y San Pedro Cholula –la 12 Oriente y la 5 de Mayo–, lo que generaría “cuellos de botella” que después harían necesarias otras obras, mismas que agravarían la destrucción del patrimonio.
Aunque Moreno Valle aseguró que su administración cuenta con un permiso, la antropóloga Ana María Ashwell dijo que el oficio expedido por la delegación estatal del INAH es “ilegal e insuficiente” para que el gobierno haya iniciado la obra.
Como ya lo han manifestado académicos e investigadores, apuntó que la obra no fue sometida al Consejo de Arqueología del INAH, como corresponde en estos casos por localizarse sobre suelos arqueológicos protegidos por el decreto de 1993, que declara Zona de Monumentos Arqueológicos a San Pedro y San Andrés Cholula.
“Yo sólo puedo asumir que el gobernador ejerció presiones políticas sobre la Dirección General del INAH y la sección de Monumentos aquí en Puebla para proceder a gastarse 200 millones de pesos del dinero público en una obra innecesaria, con el fin de resolver el tráfico de automóviles o para dar alas a sus ambiciones políticas, no lo sé; y si este no es el caso, ¿por qué han escondido los estudios y los permisos necesarios para construir una obra así’”, cuestionó Ashwell.
La académica consideró que la obra que pretende Moreno Valle amenaza parte de la memoria arqueológica de las culturas indígenas de “la gran Cholollan”, cuya extensión geográfica no se limita a las inmediaciones de la gran pirámide, sino incluía –“sólo en su zona central”– a las actuales localidades de Xoxtla, Coronango, San Pedro Cholula, Tonantzintla, Temoxtitlán y Malacatepec.
También recordó que este señorío indígena, que surge desde el año 1300 antes de Cristo y que persistió hasta la llegada de los españoles al inicio del sigo XVI, fue el constructor de una de las más impresionantes ciudades, que en el clásico mesoamericano (600 d.C.) rivalizó con Teotihuacán y fue considerada como la “gran ciudad sagrada”.
“Sería el primer distribuidor vial del país que aterriza en zona de amortiguamiento de un área arqueológica protegida”, alertó.
La antropóloga recordó que ya en 2009, cuando se realizaron excavaciones para la introducción de drenaje precisamente en la calle 12 Oriente-Poniente, donde se pretende anclar ahora el viaducto, se descubrió una ciudadela, con muestras de construcciones palaciegas y murales policromados que, por negligencia del INAH, quedó parcialmente destruida.
El colectivo Cholula en Bici presentó un proyecto alternativo para solucionar el tráfico vehicular en la misma zona donde se proyecta el distribuidor vial, el cual consiste en un sistema de tres “turbo rotondas” que agilizarían el cruce de unidades, y sería amable con peatones, ciclistas, motociclistas, así como con usuarios de transporte urbano.
“Imagínense que construyeran un distribuidor vial al lado del Coliseo romano”, cuestionó Zayas; “de realizarse esta obra sería un absurdo, una vergüenza a nivel internacional”, advirtió.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes representantes del sindicato del INAH, quienes este fin de semana publicaron una carta abierta en la que piden la suspensión de la obra por el impacto que tendría en la zona y porque destruiría vestigios arqueológicos.
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