AUTOR: Angélica Melín Campos.
El periodista Jenaro Villamil, especialista en medios de comunicación, subrayó que entre los elementos a vigilar de cerca en el planteamiento oficial, está el intento de “colar” medidas de control en los medios de comunicación.
Al reunirse con organizaciones sociales y diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el especialista en medios de comunicación, subrayó que entre los elementos a vigilar de cerca en el planteamiento oficial, está el intento de “colar” medidas de control en los medios de comunicación.
Explicó que a través de una serie de artículos, se pretende establecer que quedarán prohibidas las noticias que alteren el orden público y la seguridad pública; en tanto que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) será la encargada de dictar los criterios para ello.
Otro aspecto que los diputados deberían seguir de cerca, recomendó, es la propuesta de que los concesionarios de telecomunicaciones, estarán obligados a bajar de internet los sitios cuyo contenido, a consideración de Gobernación, pueda implicar o provocar alteraciones a la seguridad pública, lo que en términos prácticos representará la censura en redes sociales.
Durante la presentación de la conferencia magistral “¿A quién sirve la reforma en telecomunicaciones?”, Villamil Rodríguez, fue directo al advertir que el Ejecutivo Federal impulsó la reforma en telecomunicaciones con el objetivo de retomar el control de los medios, controlar a la población a través de estos, y poner un freno a la “extorsión” de las grandes televisoras, en particular Televisa.
“Porque quiere recuperar el gobierno del PRI, los territorios perdidos frente a los monopolios de telecomunicaciones y de radiodifusión. No significa que quieran democratizar los medios, significa que quieren que otra vez los medios vuelvan a ser ‘soldados del Presidente’, es una razón de Estado”, apuntó.
“Y lo paradójico es que (Enrique) Peña Nieto lo está haciendo. Justamente lo está haciendo porque necesita quitarse la extorsión de Televisa. ‘Yo soy el Presidente’, y en la lógica de los priístas y en la lógica del sistema político mexicano, el Presidente es el que manda y no van a aceptar que les mande Televisa. Porque efectivamente ya le pagaron todo lo que le debían, y de más, muy demás”, subrayó, tras recordar la condonación de un crédito fiscal millonario al consorcio de Emilio Ázcarraga.
En cuanto a los efectos de la reforma en telecomunicaciones, en especial de la definición de actores preponderantes, entre los que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) catalogó recientemente a Televisa, Carso e Inbursa, éstas últimas del magnate Carlos Slim, el periodista manifestó que les aplicarán nuevas reglas, pero los concesionarios no perderán su poderío.
“Hace una semana declaran la preponderancia de Televisa y de Telmex, no les van a quitar un solo megahertz, no les van a quitar, no les van a quitar un solo canal, no les va a disminuir nada de su infraestructura. Les afecta o les afectan en ciertos segmentos del negocio, como la publicidad”, indicó.
“La publicidad en la medida que les prohíben tener derechos de exclusividad sobre transmisiones relevantes, les dicen ellos, como los mundiales. Y a Telmex la obligan a compartir su red y su infraestructura con otros y a evitar el cobro del roaming nacional, por ejemplo, esas son medidas muy concretas”, refirió.
El colaborador del Semanario Proceso, reiteró su postura respecto a que se debe entender el “juego de la publicidad política” en los medios masivos, como el de los cárteles del crimen organizado, donde la extorsión, el pago de favores y la venta de espacios al mejor postor, son la tónica.
Indicó que después de la llamada “Ley Televisa”, el Gobierno Federal no había impulsado otra reforma en telecomunicaciones, pero el propósito de la fallida norma y lo que aprobó el Congreso en el 2013, es el mismo: hacer una sola ley que permita a Televisa acceder al mercado de telecomunicaciones y mantener las concesiones del espectro radioeléctrico, pero sin que esa capacidad supere el control del Estado.
No obstante, la diferencia radica en que la reforma avalada el año pasado, busca en el fondo, que el PRI recupere terreno frente a los monopolios mediáticos, lo que no significa, reiteró, que se busque democratizar los medios, sino mantenerlos bajo control y dejarles claro que quien manda es el Presidente de la República.
Subrayó que en esencia, la reforma constitucional se impulsó para “restaurar el presidencialismo” frente a medios masivos como la radio, la televisión, el cable y la telefonía. “Ya le hicimos caso al #132. No vengan con mamadas”, dijo.
El fin último, insistió, es controlar los contenidos en medios masivos, pero también en redes sociales y en medios cibernéticos, pues es en ese ámbito, donde la figura presidencial no es bien vista y donde los usuarios en realidad son críticos con el Primer Mandatario, que construyó su imagen en la televisión, pero no ha podido posicionarse en redes sociales.
En ese aspecto, hizo notar que si los controles no se “meten” en las leyes secundarias de telecomunicaciones, intentarán pasar a través de las leyes en materia de derecho de autor, donde el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones está promoviendo una reforma.
El propósito es dar facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como autoridad administrativa, para sancionar con el retiro de las concesiones a aquel que permita la reproducción en la red, de obras y creaciones que no paguen derecho de autor, argumento que ha convencido a algunos autores y a escritores, pero que en realidad significará el control de contenidos.
Tras estimar que en la red, entre el 70 y el 80 por ciento de los usuarios repudian a Peña Nieto y aclarar que plataformas como Google, Facebook y Youtube, tienen el monopolio de la infraestructura, pero no de los contenidos, enfatizó que esa es la “peor pesadilla” de un gobierno autoritario obsesionado con el control.
Al sugerir que los legisladores se fijen bien en los artículos de las leyes secundarias que buscan tal efecto, Jenaro Villamil subrayó que esto es crucial, porque el Gobierno Federal quiere ir muy lejos al restablecer no el “salinismo”, sino el “diazordacismo”.
También pidió estar atentos al tema de la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital, porque esa medida solo tendrá impacto en el 30 por ciento de la población, que es la que tiene acceso a la televisión digital; y en todo caso, los competidores interesados, se dividirían un mercado en el que les tocará el 15 por ciento de los usuarios y potenciales electores.
Recordó que aunque el IFT estableció las bases de la licitación de las dos cadenas, el procedimiento formal arrancará en momentos estratégicos, ya que los detalles de las mismas se darán a conocer en enero del 2015, año en que se realizarán 17 elecciones locales y se renovará la Cámara de Diputados; en tanto que las dos nuevas cadenas comenzarán a operar hasta 2018, año de la siguiente elección presidencial.
Destacó que por las dos nuevas cadenas, competirán medios que están incursionando en la televisión por cable e internet y cuyas concesiones están en manos de empresarios, no de periodistas, de modo que los agentes privados piensan en la industria de las telecomunicaciones como un negocio; y el Gobierno Federal como un elemento de control y clientela electoral, pero ninguno ha tomado en cuenta a las audiencias.
Por ello, apuntó, la “atención” de los congresistas debe centrarse en evitar que en las leyes secundarias se “cuelen” medidas persecutorias contra los usuarios de las redes, y en promover la regulación de contenidos, pero para mejorar su calidad, no para manejar la opinión. También deberían presentar una defensa seria de los derechos de los usuarios, pidió.
Identificó al menos cuatro factores de control “presidencial” en el segundo borrador de la ley secundaria, que involucran a la Secretaría de Hacienda, instancia responsable de definir los montos de los refrendos de concesiones; a la Secretaría de Gobernación que vigilará contenidos y la transmisión de los mensajes en tiempos oficiales; y a la Secretaría de Salud, que dará seguimiento a la publicidad engañosa.
Lo que está en juego con el retorno del PRI al Gobierno Federal, concluyó, es la consolidación del autoritarismo a través del control de la sociedad.
En ese propósito, la reforma en telecomunicaciones resulta ser la más importante de todas, incluso por encima de la energética, que representa la entrega de la riqueza del país; pero el primer ordenamiento, aseveró, implica el control de la sociedad.
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