En conferencia de prensa, la periodista Maria Idalia Gómez, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sostuvo que el expediente adolece de carencias “graves” que, ponen en evidencia el trabajo realizado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.
Abundó: “En el caso de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, cuando uno de los acusados sale libre, la Procuraduría se lava las manos y dice que ellos acusaron pero que el juez no estuvo de acuerdo. Bien, pues en el caso de Gregorio Jiménez, cuando todavía está empezando el juicio, ya les decimos que el expediente tiene carencias tan graves que en el momento de una sentencia podría provocar la libertad de los acusados”.
De acuerdo con Gómez, la PGJ no realizó exámenes periciales a las personas interrogadas antes y después, para acreditar que no hubo confesión bajo tortura. “Sólo hay confesiones, pero sin documentación ni verificación de las autoridades esas confesiones“, dijo.
Tampoco, prosiguió, hay evidencias de las órdenes de cateo para ingresar a la casa de seguridad donde tenían secuestrado a Goyo ni al rancho en Las Choapas (Coatzacoalcos) donde fueron encontradas las fosas.
“No hubo orden de aseguramiento de esos inmuebles, y todas las pruebas que se recabaron en la casa de seguridad, que fueron cintas, sábanas y documentos no están certificadas, ni se establecen los resultados en el expediente de las autoridades”, explicó.
La periodista subrayó también que tampoco encontraron los peritajes dactiloscópicos, “ni algo tan elemental” como llamar a las hijas del reportero para que, por rostro, voz, o complexión, identifiquen a los acusados para comprobar si, efectivamente, se trata de ellos.
“¿Cómo llega entonces la autoridad a los acusados? Por arte de magia”, se pregunta.
Con base en tales resultados, la integrante de la Misión de Observación integrada por periodistas y defensores de la libertad de expresión que estuvieron en Veracruz durante tres días, “es un enigma” la forma en que las autoridades descubren los nombres de los presuntos perpetradores del asesinato de Gregorio Jiménez, y cómo éstas llegan con precisión al lugar donde se encuentran las fosas, cuando “no hay testimonios ni un dictamen que diga que tal personas nos acompañó y nos ubicó el lugar”.
Por tal motivo, aseguró que el caso de Gregorio Jiménez “no puede ser un caso cerrado, porque aún faltan demasiadas cosas por investigar”.
“El riesgo de que este caso se caiga como el de Regina, en sentencia o en amparo, es altísimo. No digo que los acusados sean inocentes. Lo que digo es que no existen todavía las pruebas suficientes para acreditar el móvil que dice la autoridad. Un móvil tan burdo como el pago de 20 mil pesos por la muerte de Gregorio”, concluyó la periodista.
El pasado 11 de febrero, elementos de la PGJE encontraron el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez en el municipio de Las Chopas, Veracruz.
El cadáver del reportero de Notisur y Liberal del Sur se encontraba en una fosa en el municipio de Las Choapas, junto con dos cadáveres más.
En el operativo, la policía detuvo a cuatro personas que confesaron que fueron contratadas para “plagiar y matar al comunicador”, el pasado miércoles 5 de febrero, a las puertas de su domicilio, en Coatzacoalcos.
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