AUTOR: JESÚS CANTÚ.
El pasado 11 de marzo, cinco senadores panistas (Roberto Gil, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Héctor Larios) vinculados al expresidente Felipe Calderón anunciaron en rueda de prensa que, “dada la relevancia del caso y lo que se está discutiendo en el Senado, específicamente la reforma energética, no podemos seguir avanzando en la construcción de esa reforma si no tenemos puntualmente las circunstancias del caso Oceanografía”.
Gil, exsecretario particular del expresidente, puntualizó que apoyan las investigaciones al respecto, pero que éstas deben incluir lo que sucedió durante el primer año del actual gobierno, ya que la expedición de facturas falsas para obtener el dinero de Banamex se realizó en este sexenio, y no por el otorgamiento de los contratos.
Y Lavalle, coordinador de la campaña al gobierno de Campeche de Mario Ávila –actualmente investigado por firmar una adenda a un contrato de servicios de Oceanografía el 5 de diciembre de 2012, cuando formalmente ya había dejado su cargo en la paraestatal–, señala que el director de Pemex dice que el caso no provocó mayor daño a la empresa, pero inician investigaciones en contra de exfuncionarios, “…donde los únicos argumentos que se han puesto en claro es que es un fraude que se cometió de una empresa a un banco, y fue en esta administración”.
Fueron los dos senadores que trabajaron para los panistas directamente involucrados en el asunto quienes salieron en su defensa y pretenden evitar que se les investigue y que, eventualmente, se les sancione. Efectivamente, en estos momentos las indagaciones de la PGR por presunto lavado de dinero se relacionan con un fraude entre particulares, en el cual pueden haber participado algunos de los empleados actuales o anteriores de Pemex.
Los panistas pretenden impedir que se integre el expediente y se aplique una posible sanción a Ávila por algo tan concreto como haber firmado cinco días después de terminar su gestión en la paraestatal (su declaración de conclusión de encargo está fechada el 30 de noviembre de 2012) una adenda a un contrato de 834 millones de pesos, para la revisión de plataformas marinas, hecho que, salvo que lo desacredite durante la integración del expediente, sí constituye una falta administrativa, que pudiera dar lugar a otras investigaciones.
Todavía más les preocupa que se indaguen la forma y las vías por las que Oceanografía obtuvo en los últimos 13 años alrededor de 160 contratos de servicios por casi 51 mil millones de pesos, la mayor parte de éstos durante las dos administraciones panistas. Varios ingredientes los hacen sospechosos: primero, cuando Luis Ramírez Corzo era director de Pemex Exploración y Producción (puesto que dejó el 1 de noviembre de 2004 para asumir la dirección general de la misma empresa) tuvo desencuentros con su jefe Raúl Muñoz Leos (director general de Pemex de 2000 a 2004) precisamente porque Oceanografía (recomendada por Jorge Alberto Bribiesca y Guillermo Sahagún, hijo y hermano de Marta Sahagún, respectivamente) no cumplía con sus contratos, según declaró al reportero Miguel Badillo (Proceso 1949). Segundo, la última calificación que recibió la firma por parte de Standard and Poor’s, el 8 de julio de 2009, la ubicaba con CCC, que ya daba cuenta de los apuros financieros y de negocios por los que pasaba.
Es preciso determinar por qué, a pesar de que hubo advertencias en 2005 con las declaraciones de quien ya era director general de Pemex, Ramírez Corzo, y en 2009, con la reducción de la mencionada calificación crediticia, todavía entre 2011 y 2013 Oceanografía obtuvo, al menos, 21 contratos por casi 8 mil millones de pesos, que siguen vigentes.
Esto, al margen de que apenas el pasado 12 de febrero la Secretaría de la Función Pública haya decidido aplicarle una multa de 24 millones de pesos e inhabilitarla para recibir contratos del gobierno durante 21 meses y 12 días, por haber aportado fianzas que no cubrían el mínimo requerido del 10% de los montos de los convenios.
Los elementos señalados son más que suficientes para hacer sospechosa la entrega de los cuantiosos contratos y, por lo mismo, debe investigarse y aplicarse la ley si se encontraran faltas administrativas o delitos penales por parte de funcionarios o exfuncionarios de la paraestatal.
Por ello el posicionamiento de los senadores panistas de condicionar la discusión de la reforma energética al desahogo pleno del caso Oceanografía es un intento de intercambiar sus votos en el Congreso (indispensables en el Senado) por la inmunidad para los blanquiazules involucrados. Es exactamente una réplica de lo que hicieron los priistas, en septiembre de 2003, para impedir el desafuero de Carlos Romero Deschamps, por los recursos desviados del presupuesto público vía las arcas sindicales con el fin de financiar la campaña presidencial del candidato tricolor a la Presidencia de la República en 2000, Francisco Labastida Ochoa.
En aquel entonces Elba Esther Gordillo, coordinadora de la fracción priista en la Cámara de Diputados, detuvo prácticamente los trabajos legislativos hasta que se desechara el dictamen de desafuero del líder petrolero, y condicionó el apoyo tricolor al segundo intento de reforma fiscal del entonces presidente Fox. Los priistas recurrieron a los mismos chantajes para proteger a los entonces gobernadores de Puebla, Mario Marín, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, cuando se vieron involucrados en sus respectivos escándalos.
Estas prácticas son una muestra fehaciente de la débil cultura política democrática de los actores políticos mexicanos y del nulo respeto por el tan referido estado de derecho. Si el haber cedido a los chantajes priistas, en su momento, fue una muestra del precario compromiso del PAN con la democratización de México, recurrir a ellos para proteger a sus militantes lo evidencia aún más.
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