FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
CIUDAD DEL CARMEN, Camp: Su nombre es Josué, ingeniero civil de profesión. Desde hace más de una década se empleó como ingeniero de campo en la industria petrolera. El último quinquenio sirvió en ese puesto a Oceanografía y su caso ejemplifica los atropellos a los derechos laborales que durante años ejerció su propietario, el empresario Amado Yáñez, hoy bajo arraigo, en contra de sus miles de trabajadores.
Oriundo de Veracruz, Josué prefiere que se omitan sus apellidos para evitar más problemas de los que ya tiene. “Una vez que se me liquide todo lo que me deben, no quiero ya saber nada de Oceanografía”, dice con enfado.
Explica que si bien como ingeniero de campo costa afuera, es decir, en las plataformas marinas, Oceanografía le pagaba 25 mil pesos catorcenales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo cotizaba con un salario equivalente al “uno por ciento”.
La compañía Global Resource, empresa satélite u outsourcing de Oceanografía que maneja su área de recursos humanos, lo tenía registrado ante el IMSS con un salario base de sólo 2 mil 691.90 pesos mensuales, 89.73 pesos diarios.
Con sus recibos de nómina en mano, cuestiona además los “inusuales conceptos” que se detallan en sus talones de pago.
Por ejemplo, en uno correspondiente a abril de 2012, que eligió al azar, se detalla:
Sueldo, mil 201.90 pesos; vacaciones 19.76 pesos; prima vacacional 4.94 pesos; aguinaldo 49.39; subsidio al empleo 120.67 y previsión social 23 mil 603.34 que arrojan un total de 25 mil pesos.
“Yo quisiera saber, quiero que alguien me explique qué diablos significa ese rubro de previsión social o el de subsidio al empleo… en qué empresa que opere legalmente y respete los derechos de los trabajadores se manejan esos conceptos…”, señala, y reflexiona: “es para evadir impuestos y escamotear prestaciones laborales”.
–¿Aguinaldo en abril?, se le pregunta.
–Sí. Cada catorcena aparecía ese concepto en los recibos de nómina y ese era todo el aguinaldo que recibíamos.
“Todo está mal aquí, pero creemos que nada va a pasar, que no se castigará a nadie. Estamos en México y aquí todo se puede. Nada pasará en este caso. Y dentro de seis meses veremos que todo quedó en familia. Nos robaron en nuestra cara, pero veremos que contra nadie se procederá”, lamenta.
Asimismo denuncia que todas las compañías petroleras exigen cubrir ciertos requisitos a los aspirantes a ser contratados, como llevar un certificado médico, en el caso de Oceanografía son obligados a realizar el trámite específicamente en la clínica-laboratorio San Diego, ubicada en la calle 56 número 200, de la que presuntamente son accionistas altos directivos de la empresa.
“El costo ahí por el examen médico es de 800 pesos, salvo en el caso de los que aspiran a contratarse como maniobristas, a ellos se les cobra 3 mil pesos, porque se les hace además una valoración de espalda”.
Él es uno más de los trabajadores que desde hace dos semanas peregrinan hasta la calle Ballena de la colonia Justo Sierra, donde se encuentra la sede de Global Resource en busca de una solución a su problemática.
Es ahí donde el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) instaló su módulo para resolver los casos de aquellos trabajadores de la compañía intervenida por la Procuraduría General de la República (PGR) desde el pasado 28 de febrero, que aún tienen pendiente el pago de salarios y/o prestaciones atrasados y que en algunos casos, dicen los afectados, datan desde hace tres años.
Por ello, cansados de esperar, ayer un grupo de obreros que demanda ahora al SAE sus finiquitos intentó un nuevo bloqueo, esta vez parcial, al puerto industrial Laguna Azul; sin embargo, débiles en número, al cabo de 12 horas fueron obligados a romper su protesta por personal de seguridad de la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam).
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