AUTOR: RAÚL LINARES.
Lo anterior es un testimonio de un habitante de Tamaulipas que, en pleno año 2010, había de susurrar en voz baja lo que estaba comenzando a ser una costumbre. En la penumbra del anonimato, en pleno sexenio calderonista, así se sugería en la lengua corriente el efecto de la guerra del narcotráfico en el norte del país.
Cuatro años después, ya entrada la administración de Enrique Peña Nieto, el anonimato no ha dejado de ser una condición en la que los habitantes de Tamaulipas vivan. La ley de plomo y sangre, pese haber disminuido en su poder y beligerancia, aún hieden en el ambiente. Se resisten a desaparecer. Pero de ello se conoce poco, aquí, en donde las balas las silencian el silencio gubernamental.
El más reciente cañonazo lo disparó el gobierno de Egidio Torres Cantú y el gobierno federal, ambos, identificado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El pasado 4 de marzo, Torres Cantú al instalar la comisión interistitucional para la prevención social de la violencia y la delincuencia del estado de Tamaulipas, anunció la inversión de 88 millones de pesos, los cuales serían invertidos en el impulso de programas y acciones gubernamentales para coordinar, iniciativas entre la federación, el Estado tamaulipeco y los municipios.
Por otra parte, ahí mismo, la presencia de las armas, ahora del gobierno, viran las áreas de atención para focalizarse en la imagen de las fuerzas armadas rondado por las calles y los barrios. “Este año hemos tenido las reuniones itinerantes del Grupo de Coordinación, ayer (lunes) estuvimos en la base naval de La Pesca y los anfitriones fueron precisamente la Secretaría de Marina, estuvimos trabajando ahí como cuatro horas, son las reuniones de los lunes”.
¿Pero en realidad las acciones de gobierno han mantenido a la delincuencia a raya?
En el año 2010, luego de la ruptura entre el Cártel del Golfo y el grupo criminal Los Zetas, todo el territorio tamaulipeco se convirtió en una zona en disputa entre ambas organizaciones. Sin embargo, años antes, esta tendencia se había convertido en un aspecto que comenzó a rodear a dicho estado fronterizo.
En términos generales, los datos obtenidos a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), evidenciaron que del año 1999 al 2010, los delitos del fuero común crecieron 25 por ciento aproximadamente, los homicidios dolosos mostraron un alza del 68 por ciento, y los secuestros pasaron de ningún caso a 47 tras una década.
El 2011, primer año de la administración del actual gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, y quien asumiera el poder ante el trágico asesinato de su hermano, Rodolfo Torre Cantú, en plena campaña electoral, cerró con la misma tendencia delictiva al alza que le heredaron sus antecesores, tanto en los delitos del fuero común como en los del fuero federal.
Y es que en ese periodo, se produjeron cerca de 48 mil delitos del fuero común, un poco más que en el año antes descrito. Que, para una población cercana a los tres millones 268 mil 554 habitantes, se repuntaron en cerca de 855 homicidios dolosos, 129 secuestros y 157 extorsiones. Es decir, una tasa media de 26.15 muertes por cada 100 mil habitantes.
Los delitos federales también tuvieron incremento en aquel periodo, pues el estado cerró con 5 mil 231 averiguaciones; es decir, poco más de mil 500 casos más que en el anterior gobierno.
Sin embargo, en el 2013, la situación pareció mejorar repentinamente y por arte de magia. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en dicho año se registraron cerca de 555 homicidios dolosos, 211 secuestros y sólo 225 extorsiones; cerrando con un total de 36 mil 739 delitos del fuero común.
De dichas tendencias, sólo el secuestro y las extorsiones, como sostiene la tesis oficial del gobierno federal.
Pese a todo, una nota publicada en El Nuevo Heraldo de Bronswille Texas, básicamente ignorada, alertaba desde noviembre pasado, la nueva estrategia para “atender” el problema de la violencia en el área: “Una serie de cables recientemente desclasificados, memos y registros de gobierno confirmarían la creencia sobre que los oficiales del gobierno de Tamaulipas restan importancia a la intensa violencia por las drogas y que los medios locales están bajo el control de los cárteles.
“Las docenas de memos que el Archivo de Seguridad Nacional hiciera públicos a principios de este mes, detallan conversaciones del 2009 al 2012 entre oficiales de inteligencia de Estados Unidos, oficiales consulares y agencias de la criminología con respecto al empeora-miento de la situación de seguridad en Tamaulipas, incluyendo la masacre de San Fernando y los enfrentamientos constantes entre el Cártel del Golfo y los Zetas”.
Golfos y Zetas, la guerra aún no concluye
En 2010 y, hasta el momento, gran parte de los testimonios que ha recabado el reportero, entre la prensa de aquel estado, concluye en la misma tesis: “aquí no sólo el gobierno local trata de impedir a toda costa que salgan noticias de la violencia relacionada al narco, también los mismo narcotraficantes alientan la censura; créelo aquí ser reportero de nota roja, sigue siendo una tarea de vida o muerto”.
De acuerdo a dichos testimonio, si bien es posible que la guerra haya cesado momentáneamente, de igual forma es sabido que el Cártel del Golfo y Los Zetas, antiguamente socios y ahora enemigos a muerte, siguen manteniendo una disputa, pero su beligerancia ha disminuido debido a los reacomodos en la repartición de territorios, ganados a sangre y plomo.
El reciente asesinato de Heriberto Lazcano Lazcano (el Lazca) y, la captura de Miguel Treviño Morales, el año pasado, fueron parte de juego. No obstante, en buena parte de estos lugares sigue siendo conocido que los “feudos” en que se han convertido sus territorios, han formado verdaderos gobiernos compartidos con las autoridades oficiales.
Un ejemplo: El pasado 6 de enero, mientras ‘Los Zetas’ se dedicaron a repartir roscas de Reyes y obsequios para festejar el 6 de enero armados y encapuchados en Ciudad Victoria, sus enemigos y hasta hace cuatro años, jefes, es decir el ‘Cártel del Golfo’, se distribuyeron en Tampico para repartir el tradicional pan y dinero entre la población que se organizaba en largas filas. Videos de la acción circulan por redes sociales y el canal de videos Youtube.
Y ambas organizaciones, al mismo tiempo, controlan todo tipo de transacciones comerciales y, en ocasiones, hasta asuntos que antes le pertenecían al poder civil y político: piratería, alcohol, negocios, policías, militares, gobierno municipal, aduanas, prostitución, pornografía, migrantes, venta clandestina de gasolina y, por supuesto, trasiego de droga a Estados Unidos.
El Cártel del Golfo tiene presencia en 43 municipios de Tamaulipas y presencia en cerca de 15 entidades del país; por su parte, Los Zetas tienen presencia en los municipios de la Frontera Chica y algunas ciudades importantes, como Ciudad Victoria o Nuevo Laredo, así como presencia en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, DF, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
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