LINK: http://www.sinembargo.mx/17-03-2014/934995.
A pesar de la narrativa del Gobierno de la República y la propaganda anunciando una supuesta “disminución” en homicidios dolosos relacionados con delitos federales, al sexenio de Enrique Peña Nieto se le acumulan los muertos por miles en sus primeros 14 meses de gestión, tanto como en su momento se sumaron en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
El 21 de febrero de 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presumió que en enero de este año, el gobierno federal registró 567 homicidios dolosos ligados al crimen organizado.
El funcionario destacó una disminución en las ejecuciones, debido a que en meses anteriores sucedían “entre mil 400 y mil 700 fallecimientos que tenían que ver con la delincuencia organizada; el mes de enero se llegó a 567, mil menos. Graves los 567, pero mil menos, eso habla de por qué la disminución de la violencia”.
Pero las cifras del Secretario de Gobernación no estuvieron sustentadas en datos duros, ni reflejan la cruenta realidad que se vive en el país.
ZETA documentó, sólo en enero de 2014, mil 425 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, que incluyen “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones”, y los que son producto de ajustes de cuentas entre narcomenudistas que pertenecen a diversos cárteles de la droga o células de estas estructuras criminales en todo el país.
El conteo realizado por el semanario bajacaliforniano ZETA es uno de los últimos que se realiza en la prensa mexicana. Los periódicos impresos del Distrito Federal, algunos de los cuales llevaban conteos puntuales de muertos y desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón, los han sacado ya de sus portadas.
Enrique Peña Nieto inició su gobierno el 1 de diciembre de 2012, con la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la estrategia contra el crimen organizado, tanto que se disminuirían la violencia e inseguridad.
Catorce meses después, como al inicio del gobierno peñista, el Secretario de Gobernación volvió a presumir, el 21 de febrero de 2014, una “disminución” de la violencia:
“El primer compromiso que hizo el Presidente, el primero de diciembre de 2012, era que la violencia tenía que disminuir. Y esa violencia ha disminuido a la mínima expresión”, pregonó a todo pulmón durante el encuentro “Gobernabilidad y Estado de Derecho como Estrategia de Desarrollo”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
Lo cierto es que en los primeros 14 meses de gobierno, lo que abunda en el discurso peñista es una disparidad en los porcentajes de la supuesta disminución en las ejecuciones que a diario ocurren en el país. Obviamente, los porcentajes de “disminución” varían según la opinión del funcionario federal con micrófono en mano, cada quien sugiere promedios diferentes:
El 30 de octubre de 2013, Monte Alejandro Rubido García, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), presumió en entrevista con ZETA una conjeturada disminución en homicidios dolosos relacionados con delitos federales de 12 por ciento. También en 2013, el Presidente supuso un aparente descenso en los homicidios dolosos relacionados con delitos federales, del 18 y 20 por ciento.
La disparidad en los porcentajes que cada funcionario federal presume sin aportar datos duros, evidencia una manipulación en las estadísticas, o por lo menos, una descoordinación en el supuesto porcentaje de “disminución”.
LOS ESTADOS MÁS VIOLENTOS
Como en los últimos sexenios federales y estales, ZETA documentó los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en los primeros 14 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Como ya se ha informado, se recurrió como metodología a la confrontación de las estadísticas oficiales de las procuradurías estales, secretarías de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la información recopilada por asociaciones civiles, institutos de Ciencias Forenses, registros hemerográficos en las entidades federativas y funcionarios de gobierno.
En 114 meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2014, el Estado de Guerrero (gobernado por Ángel Aguirre Rivero, priista que ganó la gubernatura en la alianza PAN-PRD), continúa en primer lugar, con 2 mil 457 ejecuciones.
El segundo sitio es para el Estado de México, con 2 mil 367 ejecuciones. El Edomex es la entidad natal de Enrique Peña Nieto y fue gobernada por el actual Presidente de México entre 2005 y 2011. Actualmente la administra el también priista Eruviel Ávila Villegas.
El tercer puesto lo ocupa Chihuahua, con 2 mil 005 ejecuciones, entidad gobernada por el también priista César Duarte Jáquez.
Le sigue Jalisco, gobernado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del partido tricolor, con mil 766 ejecuciones.
Michoacán se ubica en el quinto lugar, con mil 738 ejecuciones, en el gobierno del priista Fausto Vallejo Figueroa.
Mientras tanto, Sinaloa, gobernado por Mario López Valdés, sumó mil 516 muertes relacionadas con el crimen organizado, y en Baja California, con el panista Francisco Vega de Lamadrid, reportó 986 ejecuciones.
En total, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2014, el semanario ZETA registró en la administración de Enrique Peña Nieto 23 mil 640 ejecuciones, producto de la guerra contra el crimen organizado que mantiene el gobierno federal y los enfrentamientos entre cárteles de la droga en el país.
MÁS SANGRE EN 2013
El ritmo de ejecuciones en México no ha variado entre el último año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el primero de Enrique Peña Nieto. En los últimos dos años, las ejecuciones se mantuvieron en el mismo nivel: 20 mil 571 ejecuciones registradas en 2012, por 20 mil 156 documentadas en 2013.
El gobierno federal reconoció 21 mil 728 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2012, mientras que en ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documentó 26 mil 037 homicidios dolosos.
Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo reconoce 18 mil 147 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2013.
En los próximos meses, el Inegi dará a conocer la cantidad real de defunciones por homicidio doloso correspondiente a 2013, que se espera superior a los “expedientes” de homicidios dolosos difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
TIJUANA, TERCERA MÁS VIOLENTA
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el puerto de Acapulco sigue siendo la ciudad más violenta del país, con 883 averiguaciones previas por homicidio doloso registradas sólo en 2013, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
Mientras tanto, el Distrito Federal ocupó el segundo lugar, con 753 “averiguaciones previas” por homicidio doloso, también en 2013.
Tijuana, la llamada “ciudad modelo” en cuanto a seguridad tanto del gobierno de Calderón como de Enrique Peña Nieto, ocupa el tercer lugar con 564 homicidios dolosos sucedidos en 2013. Incluso, en todo el estado, ZETA documentó 865 ejecuciones en el mismo año.
Tijuana se perfila para superar la cantidad de ejecuciones de 2013, tomando en cuenta que en los primeros dos meses este semanario registró 105 ejecuciones en solo 64 días.
Culiacán ocupó el cuarto sitio con 479 “averiguaciones previas” por homicidio doloso en 2013, mientras que Ciudad Juárez se ubicó en el quinto escaño, con 453 en el mismo periodo.
CUENTAN EXPEDIENTES, NO VÍCTIMAS
El gobierno de Peña Nieto registra “averiguaciones previas” y no víctimas; la administración dio a conocer recientemente que en 2013 registró 18 mil 147 “averiguaciones previas” por homicidio doloso. Por lo tanto, la cantidad real de víctimas está muy lejos del número de averiguaciones, pues un expediente puede tener más de una víctima.
ZETA preguntó a Monte Alejandro Rubido, del Sistema Nacional de Seguridad, cuándo se modificará el formato para registrar víctimas por homicidio y no el número de expedientes, y prometió: “Estamos platicándolo con cada una de las procuradurías, porque precisamente lo que necesitamos es que tengan una capacidad homogénea para responder; no nos podemos dar el lujo de que unas entidades puedan estar respondiendo en tiempo y forma, y otras no, porque entonces generamos distorsión en la base de datos que hay en el Secretariado”.
Hasta la segunda semana de marzo de 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública continuaba registrando “averiguaciones previas” y no víctimas.
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