AUTOR: JAVIER ESTRADA.
Juzgado Segundo de lo Penal en Nuevo León desecha pruebas de la PGR contra el juez suspendido e investigado por la DEA, Luis Armando Jerezano, en el despojo del casino La Fortuna y mantiene en la cárcel a los socios legítimos del negocio.
Este miércoles el juez penal que lleva el proceso en contra de los dueños legítimos del establecimiento, les negó su libertad absoluta e inmediata, por lo que tendrán que permanecer en el Penal de Cadereyta, donde están desde hace ocho meses.
El titular del Juzgado Segundo de lo Penal en Nuevo León, Raymundo Martínez González, declaró infundado el incidente sobre sobreseimiento que promovieron los socios, dentro de la causa penal número 115/2013.
Este recurso fue presentado por los casineros Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González, con el objetivo de que la autoridad desechara el juicio contra ellos por el delito de despojo de cosas inmuebles agravado.
En su sentencia interlocutoria, el juez desestimó las declaraciones ministeriales recabadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, que implican directamente en el despojo a Jerezano Treviño.
La dependencia de la Procuraduría General de la República obtuvo la comparecencia del testigo Erick Garza Treviño, un cómplice del juez suspendido, quien lo involucra en diversas operaciones ilegales y fraudulentas para adueñarse del casino La Fortuna.
El también abogado lo señala como el autor intelectual del secuestro del socio de La Fortuna, Arturo Cardona Calderón, y lo vincula con el Cártel del Golfo.
Pero el juez penal no dio valor a esas declaraciones de la SEIDO y, en cambio, únicamente se enfocó en el auto de formal prisión decretado contra los socios por la Procuraduría de Nuevo León, encabezada por Adrián de la Garza Santos.
“(La SEIDO) no puede recibir pruebas de manera independiente, y allegarlas al proceso para que sean valoradas por la autoridad judicial, pues se insiste, no tiene el carácter de autoridad y valorar dichas pruebas sería romper el equilibrio procesal”.
Menciona que las hipótesis para liberar a los socios no se acreditan porque, según él, se demostró que participaron en el delito, configuraron la imputación y no hay pruebas de su inocencia.
Entre la evidencia que aportó la defensa hay declaraciones, medidas cautelares, el acta constitutiva original del casino, peritajes y resoluciones favorables de otros jueces, que demuestran que el grupo de Jerezano Treviño fue el que despojó el establecimiento.
Sin embargo, Martínez González se basó en el auto de formal prisión decretado el 14 de agosto de 2013 en contra de los accionistas, tras su aprehensión.
“Hasta este momento procesal las pruebas valoradas y justipreciadas en dicha resolución, siguen teniendo valor jurídico en los términos y fundamentos que en dicha resolución se analizaron”.
En cambio, los prestanombres de Jerezano Treviño que se ostentan como dueños del casino, sólo presentaron como prueba principal un acta fraudulenta de una Asamblea General de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.
La compañía operaba La Fortuna, pero fue arrebatada por la agrupación del juez suspendido, investigado por la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA.
Diversos peritajes privados y oficiales –incluido uno de la SEIDO- determinaron que ese documento contiene firmas falsas e, incluso, se emitieron medidas cautelares para dejarlo sin efectos jurídicos.
El juez tampoco valoró esas pruebas: “Para este Juzgado, no se ha demostrado la falsedad del acta de Asamblea General extraordinaria de accionistas de Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.”.
La SEIDO ordenó asegurar la compañía porque esa acta derivó del secuestro de Arturo Cardona Calderón, el 14 de mayo de 2012.
A pesar de todo, el juez solamente se remontó al 17 de mayo de 2012, cuando los casineros, después de haber sido despojados del inmueble por el grupo de Jerezano Treviño, retomaron el control del casino y lo expulsaron.
“Los ahora procesados junto con otros, (prófugos) ocuparon materialmente los inmuebles donde se ubica el casino ‘La Fortuna’”, apunta Martínez González.
“De manera violenta, los activos dolosamente ejecutaron sobre estos, actos de ocupación, argumentando ahora, que tal ocupación fue en virtud de que se consideran con derecho a poseer los inmuebles”.
Erick Garza Treviño, como supuesto representante de la compañía, sólo ofreció como medio de prueba, testimonios de otros operadores de Jerezano Treviño, quienes declaran en contra de los dueños.
Este martes, durante la audiencia incidental, el juez retardó su sentencia interlocutoria y dio un plazo de 72 horas para comunicar si otorgaba la libertad a los socios.
Durante el encuentro, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Ramiro Arias Martínez, también desacreditó las comparecencias de la SEIDO y pidió declarar improcedente el incidente.
Por su cuenta, la defensa señaló que se presentaron diversas copias certificadas del acta fraudulenta del casino, protocolizada por el Notario Público Número 35, Ricardo Efraín Vargas Güemes, que se contradicen entre sí.
En los diversos procesos abiertos en contra de los casineros, se exhibieron reproducciones del documento en las que no concuerdan las cantidades de acciones adquiridas y el lugar donde se llevó a cabo el acto.
Los abogados que representan los interesas de Jerezano Treviño aseguraron en la audiencia que esto se debía a un “error” humano o “mecanográfico”.
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