AUTOR: RAFAEL CABRERA.
Durante seis meses, Animal Político buscó los contratos y facturas que se pagaron para difundir el informe presidencial. Después de decenas de solicitudes, se obtuvieron 470 documentos que respaldan las compras de espacios en medios.
Durante seis meses, Animal Político buscó los contratos y facturas que se pagaron para difundir el informe presidencial. Después de decenas de solicitudes, se obtuvieron 470 documentos que respaldan las compras de espacios en medios.
Algunos no aparecen, por ejemplo, los suscritos con Televisa. Se trata de un Informe que no rinde cuentas sobre sí mismo: las contrataciones no están disponibles en línea y no hay forma de conocer todas las dependencias involucradas.
Hay una razón para esta falta de claridad: en México no existe ninguna Ley que fije un límite de cuánto gastar y cómo hacerlo para el Informe de Gobierno. Todo queda a la libre decisión del Gobierno federal. Pero no sólo es el Presidente, en el mismo caso están los Gobernadores y el Jefe de Gobierno, los legisladores locales y federales, presidentes municipales y delegados.
Todos tienen en su bolsillo un cheque en blanco para promocionarse, a costa de los recursos públicos.
“Llevamos muchos años esperando que las cosas cambien para que a México le vaya mejor…”. “El Escudo Nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente…”. Con esas frases, el presidente protagonizó el año pasado algunos de los spots de su Primer Informe de Gobierno. Siempre de traje, con corbatas en tonos rojos y esa imagen meticulosa que lo caracteriza.
Del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2013, los spots se transmitieron de forma incesante en radio y TV. Peña Nieto en los murales de Palacio Nacional. Peña Nieto en su despacho. Peña Nieto mostrando la banda presidencial.
El primer indicio sobre la compra de tiempos comerciales vino de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), de la Secretaría de Gobernación: los spots del Primer Informe no fueron incluidos en las pautas de los tiempos oficiales del Gobierno.
La razón, se justificó, fue que los tiempos oficiales sólo permiten transmitir spots en formatos de 30 y 60 segundos, y los del Informe fueron diseñados para durar 20 y 40 segundos, por lo que fue necesario comprar los espacios comerciales.
De acuerdo con la Estrategia de Comunicación Social 2013 del Gobierno federal, 32 dependencias registraron recursos para destinarlos a la campaña “Informe de Gobierno”. Al solicitarles información, la mayoría negó que hubieran destinado dinero a tal propósito.
En cambio, ocho áreas del Gobierno federal confirmaron a través de la Ley federal de Transparencia que sí participaron en el diseño y la compra de espacios: Presidencia, Estudios Churubusco, las Secretarías de Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), junto con el IMSS, el ISSSTE y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
De los 470 contratos suscritos, la mayoría correspondieron a periódicos, seguidos de radiodifusoras.
El pago más alto fue a favor de TV Azteca: tres contratos suscritos por el IMSS por un total de 71.7 millones de pesos, por los 13 días de campaña. Los pagos a Televisa no han sido encontrados.
A un medio público como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el cual tiene la obligación de pasar tiempos oficiales, la Secretaría de Gobernación le pagó 7.3 millones de pesos por transmitir los spots.
La SFP, por ejemplo, contrató anuncios en Google, Prodigy y Yahoo!, entre otros.
Presidencia transfirió 10.7 millones de pesos a Estudios Churubusco para el diseño y la producción de los spots. Sin embargo, se subcontrató a The Mates Contents -la empresa de Pedro Torres, productor de Televisa-, para realizar el servicio. Esta compañía ha hecho los spots de Peña Nieto desde que tomó protesta.
Es decir, de los más de 215 millones erogados para la difusión del informe del Peña Nieto, la Presidencia aportó menos de 11 millones y el resto fue tomado de otra áreas del Gobierno.
Justine Dupuy, investigadora de la organización Fundar y quien anualmente elabora un informe sobre el gasto de publicidad oficial en México, señala que la autopromoción y el dispendio han sido la marca de los Gobernantes -desde el Presidente hasta los alcaldes- durante los últimos años.
“Los informes, no sólo el del Presidente, sino de los gobernadores, alcaldes o delegados del DF, se han vuelto un práctica de dispendio y autopromoción. No existe rendición de cuentas y tampoco límites de gasto”, explica.
“En el fondo un informe es propaganda”, agrega Diego de la Mora, también de Fundar, “y se supone que un informe es para rendir cuentas ante la sociedad, pero lo que estamos viendo es la promoción de la propia imagen”.
Hace unas semanas, la bancada del PRD en el Senado presentó una iniciativa para crear una Ley que regule el gasto destinado a la propaganda y a los informes de los tres niveles de Gobierno -federal, estatal y municipal-, poniendo un límite de 0.05% del presupuesto anual de cada entidad para usarse en difusión. Esta iniciativa busca reglamentar el artículo 134 Constitucional, reformado desde 2007, y que ha estado pendiente desde entonces.
El año pasado, con la aprobación de la reforma política-electoral, el Congreso aprobó un artículo transitorio para aprobar una Ley sobre publicidad oficial. Sin embargo, hasta ahora no se ha discutido y la propuesta del PRD es la única que ha tocado el tema.
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