AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Los impartidores de justicia simple y sencillamente se limitaron a resolver la querella interpuesta por los promoventes aprovechándose de un error de las autoridades municipales al excederse del plazo límite para dar respuesta a los quejosos a la solicitud de licencia para la construcción del complejo comercial y habitacional.
A siete meses del fallo judicial y a dos de comenzar formalmente las obras, los promotores del millonario proyecto enfrentan un nuevo obstáculo: la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Gobernación entregó hace unos días a la Cámara de Diputados un dictamen en el que advierte que la zona donde se construye el complejo es insegura.
Dragon Mart “estará expuesto en una zona de peligro alto” a las contingencias ciclónicas, dice el reporte.
No es todo. La entidad dependiente de la Segob sugiere la revisión de la licencia de construcción, que otorgó el Ayuntamiento con base en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del estado.
El documento de Protección Civil fue entregadas al Congreso de la Unión, en respuesta a una solicitud que formularon diferentes dependencias federales para conocer “los riesgos ambientales, económicos y sociales que representa el Proyecto Dragon Mart Cancún”, el cual se ubica a 3.4 kilómetros de la línea costa.
El reporte suscrito por el coordinador nacional de la CNPC, Luis Felipe Puente Espinosa, advierte que el predio denominado “El Tucán”, donde se construye Dragon Mart, se encuentra en una zona de “inundaciones pluviales”, por los efectos de “viento intenso y lluvia”, en caso del impacto de un sistema tropical.
“De acuerdo con los mapas de índice de peligro y de grado de riesgo por presencia de ciclones tropicales elaborado por la Subdirección de Riesgos Hidrometeorológicos, el proyecto “Dragon Mart, “tiene un índice de peligro alto y un grado de riesgo muy alto”, alerta el informe.
Además la CNPC recomienda conocer los aspectos técnicos de la obra en proceso de construcción desde enero pasado.
Y precisa:
“Se sugiere a la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión hacer las consultas pertinentes a las autoridades municipales para conocer los aspectos técnicos del diseño de construcción de dicha obra, por medio de la licencia de construcción expedida por el Ayuntamiento, así como el tipo de uso de suelo existente en el predio de referencia, definido en el Programa de Desarrollo Urbano vigente”.
Las observaciones de la CNPC fueron recibidas oficialmente por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, el pasado 24 de febrero.
Los antecedentes
El 27 de agosto de 2013, los promoventes de Dragon Mart obtuvieron la licencia de construcción, a través de un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del estado, luego que la anterior administración, del PRD, le negó la autorización.
Luego de un proceso de consultas a colegios de profesionistas, universidades y organizaciones ambientalistas, el 23 de abril de 2013 el Ayuntamiento negó la licencia de construcción, porque el proyecto estaba sobredensificado y no correspondía al autorizado por el Inira.
Pero, los promoventes impugnaron el fallo al Ayuntamiento ante el TSJ mediante un tecnicismo legal al exigir la “afirmativa ficta” al proyecto, pues argumentaron que el Ayuntamiento se había excedido de los plazos marcados por la ley para darles respuesta a su solicitud de licencia de construcción.
Los magistrados de la Sala Constitucional y Administrativa resolvieron finalmente a favor de los promotores del megaproyecto, por lo que el gobierno perredista tuvo que otorgarles la licencia de construcción.
Actualmente, el predio donde se construye Dragon Mart está sujeto a una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como resultado de un amparo presentado por el senador Daniel Ávila Ruiz y diversas organizaciones, a fin de que se determine si el proyecto requiere de permisos federales en materia de impacto ambiental.
El proyecto solo cuenta con el permiso estatal, otorgado por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) de la Secretaría de Ecología y de Medio Ambiente (SEMA) del Gobierno del estado.
En días pasados, el senador Ávila Ruiz, dio a conocer que prevé que la próxima semana, la Profepa emita un dictamen sobre su inspección al predio “El Tucán”.
Aunque señaló que no basta el resultado del dictamen del predio, pues el Juez Distrito, que ordenó el amparo, también solicitó la revisión de la manifestación de impacto ambiental federal, permiso del que carecen los promoventes del proyecto.
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