AUTOR: AIDE MARTÍNEZ (Aiden M)
El pasado 28 de febrero, la compañía Monsanto promovió un incidente de recusación en contra de Jaime Manuel Marroquín Zaleta, magistrado titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito.
“La recusación tiene como objetivo evitar que Marroquín Zaleta sea el que decida el destino del recurso de apelación para impedir la siembra de transgénicos en suelo mexicano, pues según dice el magistrado, ya tomó su decisión”. Así lo indicó René Sánchez Galindo, Director de Colectivas A.C, organización que se encarga de la defensa legal de la materia.
De la misma manera, Sánchez Galindo aseguró que Monsanto acusa al juez por su falta de ética, así como de imparcialidad, pues de manera anticipada a la sentencia, ya había emitido su opinión. Esto imputa al magistrado que actúa de manera parcial y favorece, a través de sus fallos, a la colectividad actora en juicio. Es decir, la transnacional pone en entredicho la ética profesional y la probidad del agente judicial.
A Monsanto le sale el “tiro por la culata”, espetó el director de la asociación, al afirmar que una acusación contra un magistrado federal, de una empresa transnacional que ha sido mundialmente cuestionada por mentir a la población con publicidad engañosa y ocultar información sobre los daños que sus productos causan –y cuyos empleados ocupan altos cargos en gobiernos del globo–, es tanto como otorgar una medalla al mérito del magistrado, “no se vendió, no fue contratado por la transnacional y por eso hoy lo acusan”.
El Padre Miguel Concha Malo, defensor de los derechos humanos y parte de la colectividad que interpuso esta demanda, señaló “que desde el punto de vista ético y de derechos humanos, hay correlación con la argumentación emitida por el juez, en efecto, el interés colectivo está por encima del interés particular de las empresas.”
Concha Malo expuso que la transnacional considera que el fallo del magistrado, por el que se mantiene firme la medida cautelar (que impide a Monsanto obtener el permiso de siembra comercial de maíz OGM), es erróneo y tendencioso.
Asimismo, profundizó acerca de la existencia de instrumentos internacionales que hacen explícito el deber de las empresas de no violentar los derechos humanos. Entre los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, publicado por Naciones Unidas, los principios 7, 8 y 9 hacen referencia a prevenir posibles daños al medio ambiente, además de reconocer la responsabilidad de las empresas de cuidar el medio ambiente y comprometerse con el usos de tecnologías inocuas para la vida de las personas y para la naturaleza.
Víctor Suárez, director de la Asociación de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), declaró que la situación es sumamente preocupante, pues el cinismo de la empresa que tiene una gran cantidad de agravios en contra de la humanidad, intenta poner en entredicho a un magistrado por no dictar sentencia a su favor. “Es indudable que la empresa está acostumbrada a tener funcionarios a modo y trabajando para ella, como ha quedado demostrado en el caso del Secretario de Agricultura y de Medio Ambiente, que han continuado interponiendo recursos en contra de nuestra demanda”, expresó.
Hasta el día de hoy, las Secretarías encargadas de velar por la bioseguridad han interpuesto diversos recursos. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha presentado contra la suspensión de la siembra de transgénicos, dos amparos, dos quejas y una apelación. Mientras que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) interpuso una apelación, una disconformidad y una revocación. Asimismo, ambas dependencias federales solicitaron al juzgado federal que desechara la demanda, con lo que suman diez impugnaciones gubernamentales en favor de la industria privada, extranjera y transgénica.
“¿Acaso dejaremos en manos de esta empresa el control del principal insumo de la producción de nuestro país?, ¿le permitiremos contaminar el reservorio genético del cereal más importante hoy del mundo y con ello apropiarse de nuestra riqueza genética?”, difundió Suárez.
También expuso un estudio realizado en la secretaría de agricultura de EE.UU., el cual desmiente que el maíz transgénico supere rendimientos o reduzca la utilización de agentes químicos, y que por el contrario, se han descubierto 14 tipos de maleza que ya no pueden ser combatidas pues se han vuelto más resistentes a los herbicidas.
La tonelada de maíz blanco, del que México es primer productor a nivel internacional, vale hasta 40 dólares más que la de maíz amarillo. Peña Nieto ha asumido la postura de Monsanto y ha defendido intereses económicos y políticos, poniendo en grave riesgo a la población.
Cabe destacar que Monsanto ha producido algunos de los químicos más tóxicos en los últimos años. El reporte periodístico de Marie Monique Robinson –nunca desmentido por Monsanto–, ilustra cómo la empresa envenenó, sabiendo su toxicidad, a la vecindad de los habitantes de Anniston, Alabama, con la fábrica de policlorobifenilos (PCBs), considerados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como uno de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano.
De igual forma, la compañía produjo el ‘agente naranja’, un defoliador que fue usado como arma en la guerra de Vietnam y causa cáncer y defectos congénitos. Frente a los múltiples juicios de los propios veteranos estadounidenses, la empresa respondió: “Creemos que las consecuencias adversas que presuntamente han surgido de la guerra de Vietnam, incluyendo el uso del ‘agente naranja’, deben ser resueltos por los gobiernos que estuvieron involucrados”.
“La historia de Monsanto está plagada de actos de corrupción que han llevado a la liberación de transgénicos en EE.UU. y es muy preocupante que México base sus decisiones en esta misma cadena de actos de sometimiento al gran capital”, dijo finalmente Adelita San Vicente, directora de la Fundación Semillas de Vida, A.C.
El debate entonces, es por el interés colectivo frente al interés empresarial, confiando en que la conciencia y la responsabilidad del Poder Judicial no cedan a la presión de las transnacionales frente a la salud y el alimento básico de la población mexicana.
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