AUTOR: MARIANA RODRÍGUEZ
Los expendios de fruta que han invadido las esquinas de la Zona Metropolitana de Guadalajara tienen un solo dueño, que recluta a sus empleados en estados del sur del país y trabaja con un amparo, sin permisos.
Tiene 18 años y es vendedor de fruta en uno de los carritos ambulantes de color rojo. Cuenta que hay días de mucha venta, y otros, tranquilos.
Tito explica que entre más fruta venda, mejor es el pago al final de la semana, él corrió con la suerte de aprender rápidamente cómo es el negocio del ambulantaje, ya que algunos de sus compañeros se quedan de ayudantes y no les dan su carrito.
Por su trabajo le dan dónde vivir y también de comer. Como Tito, cada vez son más las personas que llegan de diferentes partes de la República para hacerse cargo de este negocio.
Son más de 200 carros ambulantes de fruta por toda la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y el negocio va en aumento, ya que se multiplican a paso veloz y han invadido gran parte de las calles de la ciudad.
Son alrededor de 2 millones 400 mil pesos los que el dueño de las flotillas –del cual los trabajadores se niegan a proporcionar el nombre, a pregunta expresa- genera mensualmente, libres de impuestos.
Y es que la persona encargada de la organización de los carritos de fruta ha diseñado una estrategia para que sea un negocio redondo: por cada vehículo son 600 pesos diarios, de 30 vasos vendidos, a un costo de 20 pesos, y por cinco días de labor, son 3 mil pesos.
Cuentan con una copia del “amparo” (como lo nombran los vendedores), que colocan en el techo de los carritos, en caso de que el Ayuntamiento los quiera remover, ya que no tienen permiso de venta, pero esto no sucede, a menos que alguien reporte que están estorbando.
La estructura del negocio
El crecimiento del negocio de estos carritos de color rojo se ha hecho cada vez más visible, y es que están colocados en puntos estratégicos alrededor de la ciudad, y una vez instalados tienen prohibido moverse de su zona ya que pueden afectar a sus compañeros de otros puntos de venta.
Ávila Camacho, Enrique Díaz de León, Providencia, Chapalita, Santa Margarita, entre otras, son algunas de las colonias y avenidas que en sus esquinas se han convertido en los puntos de venta de estos trabajadores que vienen de estados del centro y sur del país en busca de una mejor vida.
La expansión de este giro informal tiene una razón de ser, y es que a pesar de tratarse de puestos ambulantes sin permisos que trabajan en la ilegalidad, el negocio cuenta con una estructura y un jefe que administra el mismo como un gran emporio.
Las personas que se encargan de los puestos son traídas de distintas partes de la República, originarios de Pachuca, Querétaro, Chiapas, Oaxaca, entre otros estados.
Son localizados mediante llamadas telefónicas para ofrecerles el trabajo de comerciantes. Los vendedores, quienes llegan a la ciudad con necesidad y la promesa de un trabajo estable, tienen un entrenamiento de 15 días para que puedan ser acreedores de un carrito de frutas, si demuestran no tener la capacidad, se quedan de ayudantes.
Cuentan con un lugar donde vivir y su patrón también les da de comer. Si en la semana venden toda la fruta y trabajan bien les pagan 900 pesos, si no es así, les baja el sueldo.
Una de las casas que alberga a los vendedores de estos puestos está ubicada en la colonia Santa Margarita.
En un punto de reunión a partir de las ocho de la mañana se distribuyen la fruta y sacan su puesto de una bodega situada en la colonia; sin embargo, no todos los vehículos se guardan ahí, ya que dependiendo la ruta que les toque es a donde van por sus carritos y su herramienta de trabajo, para que no se tengan que desplazar mucho y estén cerca de su zona laboral.
Para poner un puesto ambulante, lo único que se necesita es presentarse al Ayuntamiento del municipio donde desee establecerse, con firmas de los vecinos de la zona, para demostrar que están de acuerdo y que no se está afectando a los colonos. Se paga una cuota mensual a los comerciantes, sin embargo, al ampararse, dejan de pagarla y los inspectores no los pueden quitar.
Comercio informal en Jalisco
Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2013 arrojaron que en Jalisco, 899 mil 586 personas tienen una ocupación en el sector informal, de un millón 775 mil 588 de la Población Ocupada (PO) del estado, lo que representa que el 52.7 por ciento se encuentra en el sector informal. Esto se reflejó en el periodo octubre-diciembre del año pasado.
En un estudio que realizó en el 2010 sobre comercio informal, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco) publicó que en promedio 96 de cada 100 personas de la ZMG han comprado en el sector informal.
El estudio también reflejó que la economía informal es generada principalmente por la piratería, subfacturación, contrabando y trabajadores por cuenta propia.
El 72.2 por ciento de los jaliscienses compran en el sector informal por dos factores: la cercanía del hogar y los precios bajos.
Los carritos de fruta son solo un ejemplo de los diversos negocios de comercio informal que existen en la ZMG.
Cada vez es más común que la gente que no tiene empleo le apueste a la informalidad y se gane la vida en lo ilícito. Sin importar las largas jornadas laborales y la explotación que existe en este medio.
Explotación laboral en Jalisco
La informalidad de algunos negocios permite que las condiciones laborales de los que trabajan ahí no sean las óptimas.
En Jalisco se han dado varios casos de explotación que han sido develados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco.
Un caso reportado en el estado se dio el año pasado, en el municipio de San Martín Hidalgo, donde un total de 71 indígenas originarios del estado de Guerrero, mujeres, hombres, e incluso niños, vivían en condiciones deplorables mientras se dedicaban a la cosecha y recolección de chile.
Los jornaleros en busca de oportunidades de trabajo migran a diferentes partes de la República para poder laborar y generar ingresos.
Otro caso fue en el municipio de Tonalá, en diciembre del 2013, donde cinco hombres fueron detenidos por explotar a niños indígenas tzotziles, provenientes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los cuales eran obligados a trabajar en la ZMG en la venta de chicles y limpiando parabrisas.
De las investigaciones que se hicieron de este suceso se descubrió que estas personas iban a las comunidades indígenas con la oferta de trabajo, y los padres daban a sus hijos a cambio de una gratificación.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social busca que este año la reforma al Código Penal de Jalisco permita castigar la explotación laboral infantil en el sector informal. Un estudio en el 2013 por parte de Rostros de la Niñez de Guadalajara, reflejó que de los 726 niños en situación de calle, el 60 por ciento radica en el municipio y el 39 por ciento se dedica al comercio informal.
El análisis también arrojó que 83 de cada 100 niños que están en la vía pública por trabajo, tienen dónde vivir y no están en situación de calle, lo que resalta que muchas veces los mismos familiares son los explotadores de los infantes.
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