AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Un plan para “modernizar” una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México implicaría exiliar y arrumbar a trabajadores y vecinos. Sin consultar a los habitantes, la administración de Miguel Ángel Mancera avanza en su propósito, sin atender las causas de los problemas que arrastra el céntrico barrio ni ayudar a los grupos que se verán afectados.
Doña Teresa Flores Marchena quiso sacarse la espina y fue al Museo de la Ciudad de México a revisar los planos y maquetas del barrio donde ha vivido 50 años.
“Me encontré con un cuadrito y vi mi calle, Adolfo Gurrión, convertida en una plaza comercial, y no vi mi edificio. Ahí fue cuando me preocupé: ¿Dónde nos van a meter?, ¿qué va a pasar con tanto niño?, ¿por qué la delegación (Venustiano Carranza) no nos ha dicho nada?”, cuenta doña Teresa desde la azotea de su edificio, desde donde se aprecian los trabajos de reconstrucción de una parte de la nave mayor de La Merced, incendiada en febrero del año pasado.
A sus 81 años, la señora no se arredra y acusa a las autoridades capitalinas y delegacionales de no haber informado, a ras de calle, del proyecto Rescate Integral de La Merced, promovido por el gobierno de Miguel Ángel Mancera después de aquel accidente.
“Nunca nos han ayudado ni con una cubeta de pintura. Todos los que vivimos en este edificio de 20 departamentos, fácil somos más de 100, pagamos predial, agua, luz, y ahora resulta que nos quieren sacar”, se queja la anciana rodeada de niños que usan la azotea como parque, porque el que tienen cerca está ocupado por el comercio ambulante.
En los 50 años que lleva viviendo en La Merced, doña Teresa ha atestiguado cuatro incendios. Los dos últimos –en febrero del año pasado y en enero de éste– son para ella los más graves. “Los camiones de bomberos no podían entrar por tanto puesto ambulante clavado en la calle; de la quemazón del año pasado nomás veíamos las lenguas de fuego, con miedo de que llegaran hasta el edificio”, relata.
Otra octogenaria y comerciante de toda la vida, Julia Cid, con un local dentro de la plaza Merced 2000, también siente miedo luego de enterarse de que su lugar de trabajo, donde vende cosméticos y se ha hecho de clientela, está amenazado al menos en papel: “¿Qué voy a hacer si tiran esto? No me va a quedar otra que irme a la puerta del Metro y estirar la mano”.
Ambas mujeres verbalizan la incertidumbre que flota en el aire en esa céntrica zona de la Ciudad de México.
Las dudas se desataron cuando el Consejo Consultivo para el Rescate de La Merced, nacido después del siniestro de febrero de 2013, avaló un anteproyecto de plan maestro para el barrio, que eliminaba de un plumazo algunos inmuebles habitacionales y comerciales, y a otros les cambiaba el rostro.
Hoy quienes mayor preocupación muestran son los locatarios de los centros comerciales Plan Ranchero, Plaza General Anaya y Plaza Merced 2000, sitios que dejarán de existir si se cristaliza el anteproyecto. Además, serían modificados los mercados de San Ciprián, de Flores y su anexo, así como una parte de la nave mayor del mercado de La Merced.
Comerciantes y vecinos ya manifestaron sus temores a los autores del anteproyecto –Carlos Marín, José Muñoz Villers y Víctor Hoffman, integrantes del Taller de Estudios y Análisis Metropolitano (TEAM 730)–, quienes en siete foros organizados por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) expusieron su plan. Los arquitectos trataron de convencer a los asistentes a los encuentros –en total acudieron mil 800 personas, 99% de ellas comerciantes, según la Sedeco– de que aun cuando su bosquejo ya había sido seleccionado entre 100 que se presentaron a concurso, no era definitivo. Aseveraron además que, en todo caso, los inmuebles a destruir o modificar habían sido seleccionados por las autoridades, en las bases de la licitación.
En la convocatoria efectivamente aparecen áreas “a intervenir”. Se marcan ocho “inmuebles subutilizados (con potencial de reciclamiento)”, así como 10 espacios públicos clasificados como “predios disponibles”.
En el último foro entre arquitectos y pobladores –realizado el 3 de marzo–, TEAM 730 se comprometió a “buscar alternativas” para la redacción final del Plan Maestro para el Rescate Integral de La Merced, utilizando información que proveerá el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad (PUEC).
Pero la desconfianza persiste. Valeria Reyes, locataria del Mercado de Flores, dice que la ausencia de autoridades en los foros alimenta el resquemor: “Aunque el equipo ganador aceptó las propuestas que le hicimos, no hay nada escrito. Además no había autoridades, ni de la delegación ni del gobierno central, que se comprometieran a no tocar los mercados”.
Reyes señala que hay un sentimiento de impotencia entre los comerciantes. “Se nos dice que el mercado de flores y su anexo no tienen identidad, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Este mercado se reconstruyó después del incendio del 7 de noviembre de 2001; aquí hay 111 locales, y cada uno tiene trabajadores; si nos afectan, no sabemos qué vamos a hacer”.
Rogelio Hernández, comerciante de la Plaza Merced 2000 y representante de los locatarios, resalta que en conversaciones con funcionarios de la Sedeco le aseguraron que por lo menos ese espacio no sería tocado, aunque reconoce que fue un compromiso verbal y no del secretario Salomón Chertorivski, quien coordina la rehabilitación de la zona.
Mientras se aclara la situación, admite Hernández, hay daños colaterales. En febrero, platica, “un amigo me pidió fungir como aval en la renta de un local en Jamaica. Le di las escrituras de mi local en la plaza para continuar con el trámite y entregárselas a su abogado; a los pocos días regresó y me dijo que no podía aceptar mi local como garantía porque Miguel Ángel Mancera iba a demoler la plaza; es decir, mi local ya se devaluó, si yo quería vender probablemente no me van a dar lo que vale, la incertidumbre generó una afectación a nuestro patrimonio”.
Para Hernández es incomprensible que el proceso de rescate se haya detonado tras la deflagración, y que en vez de corregir el origen del siniestro, “la sobreexplotación de las fuentes de energía eléctrica por omisión de la autoridad, lo que están haciendo es buscar un pagador; en lugar de reordenar el ambulantaje, quieren corregir la situación demoliendo plazas, cuando aquí nunca ha habido un incendio de esas dimensiones”.
El reclamo de Rogelio Hernández se debe a que desde hace varios años ha denunciado los riesgos en materia de protección civil de la zona. Incluso una semana antes del reciente incendio había concertado un recorrido con autoridades de la Dirección Territorial Morelos –que sería resguardado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) “para evitar que golpeadores de líderes de comerciantes ambulantes interfirieran y rompieran el recorrido–. Sin embargo las autoridades delegacionales no llegaron a la cita y una semana después ocurrió el incendio que se atribuyó a un cortocircuito”.
De la nave mayor del mercado de La Merced, locatarios como Édgar Mendieta y Ricardo Cruz se han distinguido por exigir la atención de las administraciones delegacionales, del gobierno central y de la Asamblea Legislativa para que atiendan el cúmulo de problemas que tienen los diferentes centros de abasto, debido a “un abandono criminal desde que se registró un incendio tremendo en diciembre de 1988, en el que oficialmente murieron 66 personas”, recuerda Cruz.
Tras señalar que el mercado de La Merced está clasificado como patrimonio artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Cruz resalta que después de la conflagración del año pasado, un grupo de locatarios acudió a la dependencia para pedir “que estuviera atenta con lo que las autoridades realizarían. La gente del INBA nos confió que querían hacer en la zona siniestrada una plaza comercial; no entramos en detalles de quiénes tenían esa propuesta”.
Édgar Mendieta, quien fue detenido en marzo del año pasado tras encabezar una manifestación en el Zócalo capitalino en la que exigió la intervención de Mancera en la reconstrucción del mercado, cuenta que aun cuando sólo hay mil damnificados directos por el siniestro, “somos 5 mil 600 afectados, es decir, todos los locatarios de las distintas etapas de La Merced. Nuestras ventas han caído en un promedio de 80%, y eso lo podemos verificar también con los desperdicios diarios. La delegación asegura que recolecta 20 toneladas de basura al día, y la mayoría son productos que no se vendieron. (…) En 1957 se levantó el mercado en nueve meses, ahora ya va un año y no avanza la reconstrucción, parecería que se pretende reventar a la gente”.
A esconder a los pobres
Luis Enrique Hernández Aguilar, del Caracol, una organización de atención a población callejera, sostiene que es probable que el proyecto esté acompañado de un proceso de limpieza social, como lo ha sido hasta ahora el rescate del Centro Histórico. “A los chavos de la calle ni siquiera se les permite atravesar la calle de Madero, los elementos policiacos tienen instrucciones de prohibir que transiten, ya no digamos pedir limosna. Eso es lo que pensamos puede ocurrir en La Merced, porque además ya pasa en Coyoacán y la Condesa, donde fueron recuperados espacios en apego a un proyecto de ‘potenciar la ciudad’, aunque sólo sea en imagen. Lo que ocurre es que se oculta la pobreza”.
Quienes ya están preparadas para enfrentar el proceso son las prostitutas de La Merced, que apoyadas en el trabajo de Brigada Callejera Elisa Martínez y la defensa de la abogada Bárbara Zamora consiguieron un amparo que las reconoce como trabajadoras no asalariadas, por lo que el gobierno capitalino está obligado a permitirles ejercer, además de que debe proporcionarles facilidades para acceder a programas sociales.
Jaime Montejo y Elvira Madrid resaltan que la resolución de la juez primera de Distrito en Materia Administrativa, Paula María García Villegas Sánchez, del 31 de enero de este año, debe poner fin al hostigamiento que desde hace más de 20 años han padecido las trabajadoras sexuales en La Merced.
Sostienen que en 1997 se enteraron de las intenciones de “demoler 15 manzanas dentro del Perímetro B” como parte de un proyecto de embellecimiento del Centro Histórico, en el que estaría excluida “la banda muerta de hambre, se veía venir como un proyecto clasista”.
En 2008, recuerdan, en una reunión con Héctor Serrano Cortés, entonces director de Programas Delegacionales del gobierno de Marcelo Ebrard, el funcionario ofreció a Brigada Callejera médicos y material a cambio de que convencieran a las sexoservidoras de La Merced a concentrarse en tres puntos. Les explicaron que el objetivo último era trasladar toda la prostitución a zonas fronterizas con el Estado de México.
Elvira Madrid apunta que la importancia del amparo ganado –que logró que la juez catalogara como inconstitucional el artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica– es que la ley “ya no va a poder utilizarse para joder a las chicas, porque era utilizada para extorsionar tanto a las trabajadoras sexuales como a los clientes, y él único fundamento era que existían denuncias de vecinos contra el sexoservicio, pero la juez dice que los derechos de los vecinos no pueden estar por encima de los de las chicas que deciden de manera libre ejercer el sexoservicio, e incluso les reconoce el derecho a formar sindicatos”.
Para los investigadores de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) Héctor Castillo y Ricardo Tena, respectivamente, si el proyecto quiere tener éxito debe considerar a los diversos actores en la zona, no sólo a los comerciantes establecidos, sino una larga lista de grupos sociales, entre los que están quienes viven en los límites de la legalidad y en la ilegalidad.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, conocedor de la zona y responsable de la elaboración de un diagnóstico para el rescate del tejido social (que se considerará en la elaboración del Plan Maestro), Castillo asevera que el proyecto implicará el incremento de precios del suelo, como ocurrió en el Perímetro A del Centro Histórico, “y hubo una concentración de empresarios que compraron varios edificios. (Carlos) Slim es uno de ellos, aquí seguramente va a haber reacomodos, lo que no se vale es que hagan lo que hicieron cuando se construyó el Metro Merced y se tiraron vecindades, esos damnificados se fueron a Nezahualcóyotl”.
Para Tena, el investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, el anteproyecto ganador “no parece intervenir en una zona tan conflictiva, sino ser un proyecto para hacer negocio. Derrumbar y construir siempre deja ganancias”.
Ambos especialistas cuestionaron que la coordinación del rescate de La Merced esté a cargo de la Sedeco e insistieron en la urgencia de integrar a la sociedad organizada en el diseño final del Plan Maestro, para evitar errores que han mantenido deteriorada la zona.
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