AUTOR: Marco Antonio Martínez y David Martínez
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-03-2014/943342.
En una hora, en fast track, legisladores dieron por concluida la investigación sin presentar resultados y expusieron que no había “elementos que presuman la existencia o comisión de irregularidades o actos susceptibles de faltas vinculadas con presuntos actos ilícitos”.
Hace cuatro años, cuando dejó la gubernatura de Durango, Hernández Deras fue el blanco de múltiples acusaciones de enriquecimiento ilícito, por dejar una deuda pública inexplicable hasta hoy y por supuestamente encubrir a miembros del crimen organizado. El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) lo acusaron además de fraude electoral y tráfico de armas.
A pesar de que se han realizado muchas propuestas de la ciudadanía organizada para exigir a los servidores públicos y representantes populares mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, lo cierto es que la opacidad reina en todos los órganos de los gobiernos federal y estatales, así como en el Poder Legislativo.
El caso del Senador Ismael Hernández Deras también pone en tela de juicio la eficacia de las comisiones investigadoras legislativas.
Guillermo Ávila, investigador del proyecto de Ciudadanía y Parlamento Abierto en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, detalló que las comisiones legislativas en México, a nivel federal y local, se crean para investigar los asuntos que son de relevancia pública; por ejemplo, los posibles actos de corrupción de funcionarios y ex servidores públicos.
“Creo que lo que hay que tener en cuenta es que su objetivo principal es hacerse de información. Tal cual investigar y no sancionar, porque el Poder Legislativo no tiene esa función. Tiene la función de controlar la actuación del Poder Ejecutivo, pero no tiene el alcance de fincarle responsabilidades a un presunto culpable de actos de corrupción”, explicó.
El investigador de Fundar planteó que gran parte del estigma que tiene este tipo de comisiones especiales dedicadas a indagar asuntos de posible corrupción se debe a que sus resultados no son revelados a detalle o no se integraron de forma correcta las averiguaciones, lo que genera suspicacias en la opinión pública.
“Que esas investigaciones se hagan de forma transparente y que los resultados de esas investigaciones sean públicos, porque si solamente se queda dentro de las cámaras y entre los integrantes de este tipo de comisiones, pues entonces no hay la posibilidad de que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil o los medios de comunicación, tengan la posibilidad de enterarse qué es lo que está sucediendo y justamente llegamos a concluir que estas comisiones no sirven o que su desempeño tiene un sentido partidista o politizado”, detalló.
A la falta de mecanismos de control eficientes se suma una cultura ineficiente de rendición de cuentas y de sanciones a los servidores públicos o ex funcionarios, que aprovechan el uso de sus funciones para cometer ilícitos o actos de corrupción.
“Lo que nos está haciendo falta es que haya una verdadera sanción, que el ciclo de la rendición de cuentas se cumple con la capacidad de sanción y parece que no llegamos hasta ese punto”, explicó Guillermo Ávila, investigador del proyecto de Ciudadanía y Parlamento Abierto en Fundar.
El ex coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, coincidió con el investigador y dijo que la decisión del Congreso es un golpe contra la justicia y la transparencia. “Es una sorpresa y un golpe inaceptable en contra de la justicia. Si seguimos administrando la justicia de esta manera los mexicanos no van a estar seguros del actuar de sus instituciones”, expuso a SinEmbargo.
Pero el panista también advierte que detrás del cierre de la supuesta investigación, de la fiesta por los 50 años del actual Senador priista y ex Gobernador de Duarango, está el regaño por parte del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, quien estuvo de visita en la entidad la semana pasada.
“Camacho dijo que la comisión no puede investigar a un funcionario federal, en pocas palabras pidió que se disciplinaran”, afirmó Ochoa Rodríguez.
El ahora Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a la gubernatura de Durango en 2004, después de ser líder juvenil del tricolor, así como Diputado, Senador y Presidente Municipal de El Mezquital, lugar donde nació. Medios locales destacaron en su momento que el priista fue “amigo íntimo” de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, quien lo promocionó en la cúpula del tricolor para ser el candidato a Ejecutivo estatal.
EL REGAÑO DE CAMACHO
Como “un golpe contra la justicia y a la transparencia”, calificó el ex coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, la decisión de cerrar la investigación que supuestamente hizo una comisión del Legislativo, además de la de los gastos de la megafiesta del Senador priista Ismael Hernández Deras.
Sin embargo, el militante blanquiazul destacó que detrás del cierre de la supuesta investigación está el regaño del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, quien estuvo en Durango la semana pasada. “La comisión se instaló de manera fast track, y a la semana siguiente viene Camacho a poner en su lugar a todos”, comentó el ex Diputado local panista.
Hace dos semanas, recordó, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) pidieron de manera “vehemente” formar la comisión para investigar la fiesta a la que acudieron 3 mil invitados, e incluso los legisladores ya hablaban de un “ilícito”. Asimismo, pidieron ir hasta sus últimas consecuencias.
La petición causó sorpresa, pero también se leyó como un ataque del gobierno del estado, encabezado por el también priista Jorge Herrera Caldera, contra cercanos a su predecesor.
“Después del 50 aniversario del Senador, a la siguiente semana vino una denuncia contra el ex Alcalde de Durango, Adán Soria, por fraude a un constructor; luego empezó el despido de personajes ligados al Senador Hernández Deras y en esa misma semana el Congreso se pone a trabajar para una comisión investigadora de los fondos ilícitos para esta fiesta”.
La fiesta, que causó molestia por la cantidad de invitados y por el gasto de 10 millones de pesos, fue criticada incluso por priistas.
“Dicho por actores del PRI fue un exceso, una fiesta en el estado más pobre del norte del país donde la mitad vive en pobreza y hay desempleo por arriba de la media nacional”, expresa el panista.
Pero la propuesta de la comisión también causó desconcierto ya que él por lo menos pensaba que Hernández Deras y Herrera Caldera eran parte del mismo grupo político.
“Teníamos documentado que eran del mismo grupo, no sabemos qué pasó para detonar el conflicto”.
Pero el presidente del PRI, César Camacho Quiroz llegó a poner orden cuando estuvo en el estado el 20 de marzo.
“Camacho dijo que la comisión no puede investigar a un funcionario federal, en pocas palabras pidió que se disciplinaran”.
Cuestionado sobre si el presidente nacional del tricolor dio línea sobre el tema. El panista respondió:
“Totalmente, si queremos alcanzar un país de instituciones donde prevalezca la transparencia y revisión de cuentas este es un ejemplo de lo que no se debe hacer, un presagio de lo que viene ahora que regresa el PRI”.
Todos estamos a la acción de la justicia para coartar libertad de expresión, estamos expuestos a la ley.
VER ADEMÁS: ¿QUIÉN PAGÓ FIESTA DE 10 MDP ?
–¿De dónde viene?
–De Topia.
–¿Para quién trabaja?
–Para “El Chapo” Guzmán.
–¿Cuánto te paga?
–Cuatro mil al mes.
–¿Quién te manda?
–El comandante Rosales, de Durango.
–¿Quién manda en Santiago y el Topia?
–Abraham Virrey y el Diputado Miguel Jaques.
–¿Dónde se acampa?
–En el rancho de Miguel Jaquez y de Miguel López.
–¿Qué viene a hacer?
–A levantar soldados, mujeres y niños para espantar a la gente y apoderarnos de la plaza.
–¿Quién les da las armas?
–Tengo entendido que es el Gobernador Ismael Hernández.
El anterior es un fragmento de un video que se difundió en 2010 en el que un testigo denunciaba al entonces Gobernador Hernández Deras de encubrir al narcotraficante recientemente recapturado Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que investigaría la grabación, no hubo resultados.
La acusación no fue la única. Durante su administración, el ex Gobernador priista, ahora Senador de la República, fue señalado varias veces de permitir la expansión del Cártel del Pacífico en la entidad.
En su momento lo hizo el ex candidato a la gubernatura José Rosas Aispuro, quien denunció la complicidad de Hernández Deras con el narcotráfico para tener mayor presencia en el estado. Citó el ejemplo del Penal de Gómez Palacio, Durango, donde la directora, Margarita Rojas, permitía a los reos salir para realizar ejecuciones.
También Jesús Ortega Martínez, entonces líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó a la PGR investigar si el Gobernador de Durango por estar directamente involucrado en los “permisos” a los prisioneros del Penal de Gómez Palacio.
Incluso en 2009, el Arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, aseguró que en Durango todo mundo sabía donde vivía “El Chapo” Guzmán, menos las autoridades. “Por ahí está ‘El Chapo’, por ahí vive, pero bueno, todos sabemos, menos la autoridad”, afirmó el prelado.
De acuerdo con reportes periodísticos, el líder del Cártel de Sinaloa vivía en la región montañosa del Triángulo Dorado. Distintos medios locales dieron cuenta en su momento que Joaquín “El Chapo” Guzmán se casó con Emma Coronel en el poblado de Canelas, y para ello gozó de protección de la policía local, que incluso vigiló la fiesta.
En diciembre de 2008, una narcomanta en Culiacán, firmada presuntamente por el extinto Arturo Beltrán Leyva, informó que “El Chapo” no salía del poblado de Tamazula, también ubicado dentro del Triángulo Dorado.
Hernández Deras negó la presencia del capo en la entidad. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, se confirmó la presencia de “El Chapo” en el estado, luego de que el narcotraficante escapara de un laboratorio de producción de drogas sintéticas que fue desmantelado por el Ejército en la zona serrana de Las Trancas, en el municipio de Tamazula.
Un año después de dejar la administración de Durango, comenzaron a relucir los índices de inseguridad que se vivieron con Ismael Hernández. De acuerdo con informe de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. AC, el promedio mensual de víctimas visibles e invisibles de homicidio, secuestro y robo con violencia se duplicó.
Según el documento, entre el sexenio de Ismael Hernández Deras y del actual mandatario estatal, Jorge Herrera Caldera, los homicidios se duplicaron pasando de 160 a 360 casos; el secuestro se multiplicó por 10 y el robo con violencia pasó de 210 a mil 221.
La panista Claudia Hernández Espino denunció que las estadísticas colocaron a Durango como la entidad más violenta del país en 2010.
En tres años (2007-2010) tres presidentes municipales fueron ejecutados en Durango. El Alcalde panista con licencia de Tepehuanes, Alfonso Peña Peña; el panista Luis Carlos Ramírez López, Alcalde de Ocampo, fue acribillado por sujetos armados, y el priista Claudio Reyes Núñez, Edil de Otaez, quien fue hallado muerto encobijado y con el rostro cubierto con cinta canela
El priista Manuel Estrada Escalante, Presidente municipal de El Mezquital, y Manuel de Jesús Ángulo, Alcalde de Topia, también fueron alcanzados por el crimen organizado; el primero fue atacado por un comando y el segundo desapareció en Topia, un municipio de la región serrana duranguense que forma parte del área de influencia del denominado Triángulo Dorado.
Pero también el hallazgo de narcofosas repuntó en la administración de Deras. Sólo del 14 de abril de 2011 a enero de 2013 fueron encontrados 351 cuerpos en al menos 15 fosas clandestinas, que los delincuentes utilizaban para sepultar a sus víctimas, entre los que se encontraron policías de diversas corporaciones, miembros de grupos delictivos y personas secuestradas que jamás fueron liberadas.
Las tumbas clandestinas fueron localizadas en los municipios de Durango, Lerdo, Cuencamé, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo.
Sobre esto, Rosas Aispuro declaró: “Hernández Deras no tuvo el valor para enfrentar el problema de las fosas clandestinas cuando él era Gobernador, como aspira ahora [la declaración fue hecha en 2012] a representar a Durango, cuando no tuvo la dignidad de hacerlo como Gobernador”, agregó.
DEUDA Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
A pesar de los reclamos de los duranguenses, Hernández Deras no ha podido explicar el origen y destino de una deuda de más de 6 mil millones de pesos que dejó al término de su gobierno.
La panista Hernández Espino detalló en 2011 que no entendía la crisis económica del estado, debido a que el actual Gobernador fue el Secretario de Finanzas de Deras.
“No entendemos cómo el Estado de Durango se encuentra en una situación económica tan complicada, si el actual Gobernador, Jorge Herrera Caldera, siendo Secretario de Finanzas, en la Administración de Ismael Hernández Deras, realizó una operación, para refinanciar la deuda que tenía el estado, con la cual aseguraban se había obtenido un logro prácticamente histórico y una gran hazaña administrativa, pero la realidad es otra y paradójicamente la estamos observando en su Gobierno, ya que lamentable la deuda al día de hoy supera los 6 mil millones de pesos, por ello no hay movilidad financiera en las arcas estatales”, expuso.
A su salida, Ismael Hernández enfrentó la denuncia de los entonces dirigentes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y del grupo Dia (Diálogo por la Reconstrucción de México): César Nava Vázquez, Jesús Ortega Martínez, Luis Walton Aburto y Manuel Camacho Solís, respectivamente, para que lo investigaran a él y a sus supuestos prestanombres Víctor Sánchez Sariñana, Jorge Sarabia Castriyón y Abraham Moreno García, por hechos delictivos y enriquecimiento ilícito.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda elaboró un expediente confidencial de las cuentas bancarias del mandatario y las de su familia en México y en el extranjero, documento que serviría de base para fincarle responsabilidad penal al funcionario. Pero como sucedió al inicio de esta semana, tampoco se encontraron hechos ilícitos.
De acuerdo con las acusaciones, Hernández Deras se benefició de los fondos públicos y programas federales. Además denunciaron que desde el 2004, el Cártel del Pacífico compró el llamado derecho de piso al ex mandatario de Durango. Alertaron que los delincuentes habrían patrocinado la campaña política de Hernández Deras con 50 millones de dólares para recomponer sus alianzas y recuperas sus territorios, lo que detonó la violencia en el estado, según publicó Contralínea en un reportaje de José Reyez, publicado en septiembre de 2010.
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