AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
Legisladores de izquierda calificaron como una “oda breve al presidencialismo” y una propuesta “que satisface las peticiones” de Telmex, Televisa y Televisión Azteca, el paquete de iniciativas de reforma a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que envió el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República.
“Esta Ley finalmente viene a satisfacer las peticiones de los actores preponderantes o de los actores económicos que venían negociando esta Ley: dícese Telmex, Televisa, Tv Azteca y quien ha mantenido el monopolio de los cableros, que es Cablemás”, afirmó en entrevista para SinEmbargo la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT).
Cuestionados por separado, legisladores de distintas fracciones parlamentarias señalaron como un retroceso la “amplia participación” que el paquete de reformas le otorga al Presidente de la República.
La Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión anulan la autonomía que se pretendía otorgar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), para fortalecer a la Presidencia de la República.
“Incluso el Artículo 221, se trata de una ‘oda breve al presidencialismo’”, reiteró la vicecoordinadora de la bancada perredista.
A la letra el Artículo 221 establece:
“Artículo 221. El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia facultada para ello, dará vista al Instituto [Ifetel] de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su intervención para los efectos legales procedentes en términos del decreto”.
Padierna cuestionó también el poder que la nueva Ley otorga a la Secretaría de Gobernación (Segob) para administrar los tiempos del Estado, vigilar las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales.
Por ejemplo, en el Artículo 252 sobre tiempos del Estado, la Secretaría de Gobernación (Segob) administra las transmisiones gratuitas diarias que deben difundirse por radio y televisión, pero sólo para beneficio del Ejecutivo federal, sin tomar en cuenta a los poderes Legislativo y Judicial, consideró la Senadora Padierna.
El texto dice:
“Artículo 252. […] Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, laque oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.El Ejecutivo federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación”.
Otro aspecto que preocupó a los legisladores es la modificación a la Ley de Amparo, que permitiría a los agentes económicos recurrir a esta figura jurídica, en caso de inconformarse con alguna decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
La propia iniciativa de Peña Nieto reconoce que se integraron al proyecto 33 propuestas por parte de diversos actores de la industria y de la sociedad en general, entre ellos: la asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL); la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI); la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT); y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Asimismo, dice que se consultó a organismos internacionales, entre ellos, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Ante esto, la Diputada petista Lilia Aguilar recalcó que el trabajo del Poder Legislativo, será analizar con detenimiento la propuesta peñista, a fin de detectar los “arreglos” entre la Presidencia de la República y los concesionarios de radio y televisión.
“Nosotros tenemos que buscar en qué nos está beneficiando o cuál es el pago que le está dando a la Presidencia de la República, para que esta Ley se haya presentado como se presentó después de tanto estira y afloja, con la venia de los empresarios de telecomunicaciones”, recalcó.
Su tarea no será fácil, pues tendrán sólo 45 días para que, primero los senadores y después los diputados, dictaminen las reformas pendientes, sin caer en la tentación de legislar “sobre las rodillas”.
REFORMA CONSIENTE A SLIM Y TELEVISA
A pesar de que el paquete tuvo un retraso de tres meses y medio para afinar detalles de contenido, pues debió ser dictaminado antes del 9 de diciembre de 2012, el resultado final no convenció a diputados y senadores; asimismo, dejó dudas sobre el combate a los monopolios entre la comunidad académica.
Marcos Santiago Avalos Bracho, doctor en Economía y especialista en temas de competencia y regulación económica, recordó en entrevista para SinEmbargo que hace un par de semanas, el Ifetel declaró actores preponderante a Televisa y a América Móvil, a través de sus filiales Telcel y Teléfonos de México, lo cual enfatizó, no es lo sorprendente.
Lo sorprendente es que el Ifetel no declarara preponderante a Televisa en el mercado de televisión de paga, en donde tiene el 50 por ciento del consumo de la televisión digital, a través de sus filiales. Por otro lado, impuso una serie de condicionamientos a América Móvil, para establecer la obligación de compartir su infraestructura.
En primera instancia, esto podría verse como que “se le están cargado los dados” más a un competidor que a otro. Sin embargo, el coordinador de la Licenciatura de Economía de la Universidad Iberoamericana, señaló que esto podría ser una ilusión.
“Si tú ves bien los lineamientos, en la práctica deja la puerta abierta al ingeniero [Carlos] Slim para que pueda postular por un canal de televisión abierta o por los dos, no hay nada que se lo impida. Entonces llama la atención que no le cambies el título de concesión a Telcel para que no entre a televisión de paga, pero le abres la puerta a televisión abierta. Y no declaras a televisa preponderante en el caso de televisión de paga”, explicó.
En otras palabras, ambos ganan, porque evidencian debilidad del organismo regulador, el Ifetel.
El doctor en Economía por la Universidad de Essex, Reino Unido, no descartó la posibilidad de que el Ifetel haya desistido de inicio declarar preponderante a televisa en sistemas de televisión de paga, para evitar perder en tribunales una decisión controvertida por la televisora más importante del país.
“Por el tipo de contratos, por la logística jurídica, por el diseño jurídico contractual, el haber declarado a Televisa preponderante en televisión de paga, posiblemente se iban a ir a tribunales y los abogados sostienen que el Ifetel podría perder esa declaratoria de preponderancia, en sí la señal que tu mandas es de debilidad”, afirmó el académico de la Ibero.
Por su parte, la Senadora Dolores Padierna, del PRD, señaló que la iniciativa peñista en materia de telecomunicaciones “favorece ampliamente a las televisoras”.
Citó como ejemplo, lo que se establece en los artículos 248 y 249, en los que se les permite comercializar más si usan más producción nacional independiente.
“Lo peor de estas leyes secundarias es que ignoran que en la reforma constitucional se definió como ‘servicios públicos de interés general’ todo lo que involucre telecomunicaciones y radiodifusión; ahora, hablan de ‘definición de términos’, pero no explican qué significa esto”, declaró Padierna.
LAS INICIATIVAS
El paquete enviado por el Presidente Enrique Peña Nieto crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que pretende ser “el instrumento que permita generar condiciones para atraer más inversiones, desplegar más infraestructura, abatir la exclusión social, generar más empleos y lograr mayor cobertura de servicios”.
Define la naturaleza jurídica del Ifetel, establece que le corresponde la “regulación, promoción y supervisión de la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones”. Esta podrá ser ex ante o ex post, acompañada de la regulación asimétrica que sea necesaria.
Sobre las concesiones, en la iniciativa se propone que deberán licitarse las concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial y privado, estas últimas cuando persigan fines de radiocomunicación privada.
Sobre Must Carry y Must Offer, la iniciativa retoma el principio de gratuidad a fin de que “exista mayor acceso, diversidad y pluralidad de contenidos para los usuarios de televisión restringida”.
A la par de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta, se abrirá una cadena de televisión estatal “a efecto de incrementar la oferta de contenidos y asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación”.
Asimismo, el paquete incluye reformas a la Ley de Inversión Extranjera para establecer el límite de 49 por ciento a la inversión extranjera y que ésta se realizará con un carácter de reciprocidad con el país en el que se encuentre constituido el agente económico.
Modifica la Ley de Amparo para establecer que esta figura procede contra normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones “cuando impongan multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones”, estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo.
Se modifica la Ley de Derecho de Autor para incorporar la obligación de los concesionarios de televisión de permitir la retransmisión de su señal y y la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirlos.
Otras leyes reformadas son: la Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
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