FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA.
La legislación secundaria establece que Telmex no podrá cobrar la interconexión, lo que no es económicamente viable porque no puede ordenar que un agente económico no recupere los costos mínimos.
México, DF. La legislación secundaria para telecomunicaciones y radiodifusión no es compatible con todo el trabajo que ha realizado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no respeta su autonomía y da paso a una gran incertidumbre jurídica para los concesionarios que podrían llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, advirtió el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ramiro Tovar Landa.
Señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes propone que las declaratorias de preponderancia se hagan mediante un procedimiento que no fue el que siguió el Ifetel, por lo que de aprobarse la legislación secundaria habrá que definir si el Ifetel se repliega y repone el proceso, o sí su declaratoria está firme porque no corresponderá a lo que dice la ley, y además habrá que definir a qué concesionarios se les aplicará la ley porque los que ahora están declarados como preponderantes lo serán por lo menos 15 años.
Ramiro Tovar explicó que el Ejecutivo subió el tono en las medidas a aplicar al agente económico preponderante en telecomunicaciones, ya que no sólo ordena la desagregación de la red de Telmex, sino que establece que no podrá cobrar la interconexión en ningún caso lo que no es económicamente viable porque no puede ordenar que un agente económico no recupere los costos mínimos.
“Lo que la SCT está ordenando es la confiscación regulatoria de la infraestructura de Telmex porque le está dando derechos a otros para que tomen la infraestructura del preponderante y eso va a generar un caos. El Ifetel ordenó que se desagregue la red de Telmex y que instale la infraestructura necesaria para que otros puedan acceder a su red, pero le permite el cobro de servicios como la interconexión”.
El especialista señaló que la SCT, el Ifetel y los legisladores tienen que sentarse a esclarecer lo que se tiene que hacer en apego a la reforma constitucional y para generar verdaderas condiciones de competencia en el mercado de telecomunicaciones.
Destacó que el Ejecutivo también endureció su postura sobre las televisoras al establecer límites a los tiempos de transmisión de publicidad, y puntualizar el impedimento de transmitir contenidos electorales disfrazados de entrevistas o información, pero, puntalizó, no tocó a las grandes empresas de radio.
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