AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Pese a que la orden de aprehensión librada contra Gastón Azcárraga remueve la intrincada red de corruptelas y fraudes asociados a dos gobiernos panistas, los representantes sindicales de los trabajadores de Mexicana de Aviación advierten que se está tratando de personalizar el despojo del que han sido objeto.
La diligencia judicial deriva, dicen, sólo de una de las 20 denuncias interpuestas, y subrayan que para ellos el objetivo no es que se prive de la libertad al primo del dueño de Televisa, sino que se reparen los daños que han sufrido.
El 19 de febrero pasado, un juez federal con sede en la Ciudad de México abrió el proceso de captura de Gastón Azcárraga Andrade, primo de Emilio Azcárraga Jean, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.
Pero esa orden de aprehensión derivó sólo de una de las más de 20 denuncias interpuestas por la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes de la Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), las cuales abarcan diversos ilícitos y no sólo se enderezaron en contra de Azcárraga, sino contra quienes resulten responsables de los daños causados.
En entrevista conjunta con Proceso, los dirigentes de ASPA, Carlos Díaz Chávez Morineau, y de ASSA, Ricardo del Valle, advierten que si bien dicha orden de aprehensión es importante, no es suficiente para superar los problemas de Mexicana ni para reparar los daños ocasionados a los trabajadores de la aviación.
Del Valle expone que no basta con que se encarcele a Gastón Azcárraga, pues el objetivo de su lucha es que se recuperen las fuentes de empleo de los trabajadores y su pasivo laboral, además de resolver el conjunto de las denuncias interpuestas. “En eso estaremos atentos”, puntualiza.
Díaz Chávez Morineau coincide en que meter a Gastón Azcárraga a la cárcel “es un tema de la autoridad”, pero “en lo que nosotros tenemos que ocuparnos es en que se pueda resarcir el daño de los que representamos”.
Mientras que para Del Valle y Díaz Chávez el mejor escenario sería que Mexicana de Aviación “regresara a volar”, el abogado de ASSA, Arturo Alcalde Justiniani, declara:
“Lo que debería resolverse es que el gobierno pusiera lo que está en sus manos para devolver a los trabajadores lo que perdieron. Es muy difícil, pero está en sus manos, por muchas cosas: se trata de una industria que depende mucho del gobierno, por las autorizaciones, concesiones, impuestos, créditos, y porque hubo una complicidad gubernamental en momentos centrales, en la venta de 2005, en la suspensión de 2010 y en la venta posterior por mil pesos a Tenedora K.”
Además, el abogado considera que no sólo el presunto responsable del fraude es Gastón Azcárraga. “Había un Consejo de Administración, ¿no?”.
“Lo que sí se ve –interviene Díaz Chávez Morineau– es que es un tema encriptado en la PGR: lo maneja de manera personalizada.”
Respecto a la posibilidad de que esta orden de aprehensión sea el preludio de la quiebra de Mexicana, Del Valle responde:
“Las tres organizaciones sindicales estamos trabajando en la creación de un fideicomiso para hacer frente a la liquidación de los compañeros. No es lo ideal; lo ideal es que Mexicana de Aviación salga adelante. Pero tampoco podíamos hacernos a un lado y decir: ‘no quiero eso, sólo quiero que reinicie Mexicana’”.
Esto, pese a que Carlos Díaz Chávez Morineau comenta: “se nos dice que hay gente interesada en Mexicana. Yo no lo dudo, y ojalá que así sea, porque hoy Mexicana se vuelve económicamente más atractiva, ya que tiene un convenio de acreedores histórica”.
El fraude de Gastón
Documentos obtenidos por Proceso en 2010 desenmarañaron la estrategia de Grupo Posadas para quebrar a Mexicana de Aviación. El plan se fraguó en 2008, cuando los inversionistas decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y ceder los derechos de las empresas, inmobiliarias, flotillas, edificios y activos de Grupo Mexicana de Aviación (GMA).
Los dueños del NGA y del GMA eran los mismos: Grupo Posadas y sus inversionistas, entre ellos Banco Ixe, que entonces tenía como consejero propietario en el Consejo de Administración a Javier Molinar Horcasitas, hermano de quien a la sazón era secretario de Comunicaciones y Transportes, el panista Juan Molinar Horcasitas.
Los demás eran Gastón Azcárraga, Álvaro Fernández Garza, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, así como Ricardo, Estela y Javier Amtmann Aguilar, quienes en 2006 financiaron la campaña presidencial de Felipe Calderón.
De manera formal, el NGA se creó el 21 de enero de 2010, aunque hizo la transferencia de activos de Mexicana desde el 29 de diciembre de 2009, según el acta de cesión de derechos elaborada por la Comisión Federal de Competencia (CFC), conforme al expediente CNT-005-2009.
El 22 de enero de 2009 el NGA notificó a la CFC “una concentración” de activos de Mexicana”. Cuatro días después se les informó que faltaba acreditar al representante legal de ambos grupos. El 13 de febrero respondieron que habían nombrado a Gerardo Barrera Segura, exsecretario de Finanzas de Mexicana, acusado en mayo de 2008 de cometer un fraude por 15 millones de pesos en perjuicio de la empresa.
La operación notificada a la CFC “consistió en la adquisición de las acciones de las empresas Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe (Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico, que eran propiedad de GMA”, señaló el documento de siete fojas.
La CFC sancionó a NGA y a GMA por 275 mil 666 pesos porque notificaron a la autoridad sobre esta transacción de manera extemporánea. Después del escándalo de Barrera Segura, designaron a Leonardo Montes Ortiz como representante legal de GMA.
De acuerdo con el documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del IMPI, Mexicana transmitió a NGA los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca de Mexicana, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales (Proceso 1762).
Al primo del dueño de Televisa le salió mal el plan cuando decidió pedir la protección de la justicia para que los acreedores no le cobraran sus deudas, y después se desistió en el caso de Banorte, por lo que el banco pudo solventar una parte del adeudo.
La actitud del magnate molestó a Bancomext, al gobierno calderonista y a las empresas que le arrendaban aviones a Mexicana, y amenazaron con demandar por operaciones fraudulentas a Gastón Azcárraga.
Para Alcalde, Morineau y Del Valle, el fraude a Mexicana de Aviación data de 2005, cuando el gobierno de Vicente Fox vendió la aerolínea a Grupo Posadas a precio privilegiado. En 2010 dejó de volar y se sometió a concurso mercantil, hecho que, a decir de los expertos, es el paso legal anterior a la declaración de quiebra.
Por presiones gubernamentales, Azcárraga vendió los activos de Mexicana a mil pesos a Tenedora K.
Los “inversionistas”
Las cabezas visibles de Tenedora K eran Andrés Rozental, del Grupo Omega, y Vicente Ariztegui, del Grupo Arizan, ambos amigos cercanos de Felipe Calderón que también aportaron fondos a su campaña presidencial en 2006.
En el proceso de venta de Mexicana saltó el nombre de Advent Internacional, dirigida entonces por Alfredo Alfaro, afiliado a Fumisa, que a su vez era presidida por Juan Carlos Torres Carretero. Ambos eran socios de Aeroplazas de México, en cuya dirección figuraba Ernesto G. Baranch, socio de Advent y de Rozental.
En 2003 Advent compró más de 90% de Hildebrando, la firma de los hermanos Zavala Gómez del Campo, hermanos de la esposa de Calderón, Margarita Zavala, quien también figuró dentro de la empresa conservando un porcentaje de acciones (Proceso 1766).
Desde agosto de 2010 se abrió la posibilidad de que inversionistas la capitalizaran y la aerolínea volara de nuevo. Surgieron PC Capital, TG Group y BMC. Todas presentaron planes de negocios, pero el conciliador y el administrador del concurso mercantil en 2010, Gerardo Badín y Javier Christlieb, beneficiaban a la primera.
PC Capital Partners, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable es un grupo intermediario conformado por inversionistas mexicanos y españoles, según el Registro Público de la Propiedad (folio 387574, fechado el 12 de septiembre de 2008).
De acuerdo con dicho folio, el accionista “B” es Pablo José Cervantes Belausteguigoitia, hijo del empresario Pablo Cervantes y miembro del Consejo de Administración de Grupo Posadas.
El vínculo entre PC Capital y Grupo Posadas se dio por Iñaki de Abiega Pons, exdirector general de Ixe Casa de Bolsa –Grupo Ixe estaba en el Consejo de Administración de Grupo Posadas–.
Torres Carretero, de TG Group, es compadre del dirigente del SNTTTASS, Miguel Ángel Yúdico, según dijo él mismo durante un plantón en la Terminal 2 del aeropuerto.
En cuanto a TG Group, se trata de una empresa mercantil constituida el 18 de octubre de 1999. Según la escritura pública 36702 del Registro Público del Estado de México, su domicilio fiscal está en Naucalpan.
La dirección de BMC recaía en aquel tiempo en Gabriela Bastida Martínez, cuyo asesor era Jorge Bastida, y, “según las autoridades hacendarias y judiciales”, la labor de Bastida consistía “en lavar dinero del narcotráfico, al servicio de su consuegro, que después murió, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos” (Proceso 1116.)
Luego aparecieron Med Atlántica y el empresario solitario Iván Barona. Detrás de la primera hay 25% de capital español, de los hoteleros Christian Cadena y Jamal S. Iglesias. El resto lo aportaron mexicanos inversionistas como Gina Diez Barroso Azcárraga, entonces directora del Grupo Diarq.
El segundo nunca puso sobre la mesa la cantidad de dinero suficiente para capitalizar a la aerolínea; adujo en su defensa que el gobierno federal quería quebrarla a cualquier costo.
Enseguida apareció Grupo LBD, de Juan Antonio Santana Ayala, representado por Jorge Bastida, el asesor de BMC antes citado. Finalmente surgió The Williams Capital Group LP, dirigido por Christopher J. Williams y representada en México por Miguel Quintero Valladares.
Resarcir el daño
Para Alcalde, desde la primera venta de Mexicana de Aviación en 2005 comenzó el fraude. Más tarde, la suspensión de vuelos en 2010 fue el principio de la operación de quiebra, y finalmente la venta por mil pesos a Tenedora K constituyó “una burla”.
El abogado argumenta: “Fue una simulación en la que finalmente están pagando el pato miles de familias. Y no afecta solamente a los trabajadores, sino a la industria aérea en cuanto que se reduce su capacidad de competencia”.
Carlos Díaz Chávez explica: “Aquí hubo una violación fundamental que emana del IPAB, porque te vendo una empresa, tú tienes que capitalizarla y no puedes usar sus bienes para capitalizarla. No se hizo así, aparentemente, y con los recursos internos de Mexicana compraron acciones a la misma. Eso evidentemente es una operación ilícita”.
Esto, prosiguió, constituye una tragedia para una aerolínea que antes de agosto de 2010, cuando dejó de volar, transportó a 12 millones de pasajeros.
Para Del Valle, los beneficiarios de la caída de Mexicana no fueron Aeroméxico ni las aerolíneas de bajo costo, sino las extranjeras, que no tienen la capacidad operativa de las compañías en México.
“Se nos ha preguntado cuáles son los bienes atractivos de Mexicana: la marca, los slots, entre otros. Están atesorados en la cúpula de cristal que es el concurso mercantil, de tal forma que si mañana llegara alguien a comprarla, por ley tendría que ser merecedor de ese patrimonio”, advierte Carlos Díaz Chávez Morineau.
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