FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
MÉXICO, D.F: El cierre de la página web 1Dmx.org por la empresa GoDaddy.com a petición de los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto constituyó un grave ataque a la libertad de expresión y a la libre circulación de ideas. Fue un acto similar al golpe al periódico Excélsior, orquestado por Luis Echeverría, el 8 de julio de 1976.
La restitución de la página después de la difusión internacional del caso no enmienda el agravio. Todos los ciudadanos comprometidos con la democracia tendríamos la obligación de denunciar tal abuso de poder fruto de las “buenas relaciones” entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Esta cobarde acción fue aún más grave tomando en cuenta la violación sistemática a los derechos humanos, los ataques a los periodistas y activistas, las estrategias de infiltración de las redes y movimientos sociales, así como la consolidación del control mediático, que han caracterizado al gobierno de Peña Nieto desde el 1 de diciembre de 2012.
Al parecer, el paso de casi 38 años nos ha dejado parados exactamente en el mismo lugar que antaño. Durante el régimen del “viejo PRI” se utilizaba a la Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. (PIPSA) para controlar a la prensa escrita con la amenaza del retiro del papel que se utilizaba para imprimir periódicos. Hoy el “nuevo PRI” ha “modernizado” sus técnicas al cerrar las páginas donde se publica información sensible sobre su actuar.
La página 1Dmx.org había funcionado como una plataforma esencial para documentar y denunciar la represión policiaca a los movimientos sociales ordenada desde las oficinas de Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard, Manuel Mondragón y Kalb, y Peña Nieto. Allí se daban a conocer videos, testimonios y fotografías que la mayor parte de la prensa escrita, y desde luego también los medios electrónicos, no se atrevían a difundir por temor a represalias de la autoridad o de sus patrocinadores. Por ejemplo, el trabajo de los colegas de 1Dmx.org fue esencial para documentar el artero ataque contra Juan Francisco Kuykendall –quien a raíz del mismo falleció– por policías federales el 1 de diciembre de 2012, y para alimentar el informe que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre el abuso policiaco generalizado aquel día.
La información completa sobre la censura de esta importante página web, junto con un formidable video que expone los pormenores del caso, se encuentra hoy en un sitio alterno (http://op1d.mx/). “Me parece lamentable que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, junto con las del gobierno federal, en coordinación con las de Estados Unidos, limiten el derecho de documentar y comunicar de las personas, y también de criticar a los gobernantes. Me parece un ejemplo de las más férreas dictaduras de cualquier país del mundo”, señaló Jesús Robles Maloof en la conferencia de prensa sobre el tema la semana pasada en las oficinas de la organización Artículo 19. (véase: http://ow.ly/ugTit)
Maloof tiene toda la razón. Si bien estrictamente hablando el cierre de una página web no es equivalente al cierre de un periódico o un canal de televisión, el mensaje de intimidación e intolerancia es exactamente el mismo. El gobierno y los poderes fácticos están aterrados por la fuerza que van cobrando las redes sociales y las noticias en internet, y están buscando desesperadamente nuevas vías para restringir el flujo de información.
En momentos aciagos como el actual vale la pena aprender de la historia. En 1976 le salió el tiro por la culata a Echeverría con la expulsión de Julio Scherer de Excélsior. En respuesta, Scherer y un grupo de distinguidos periodistas e intelectuales, incluyendo a Rafael Rodríguez Castañeda, Vicente Leñero, Enrique Maza y Miguel Ángel Granados Chapa, fundaron Proceso, una revista que hasta la fecha nos acompaña a los ciudadanos como uno de los pocos bastiones de crítica informada que pone todos los días límites al poder corrupto de la oligarquía empresarial y sus empleados gubernamentales.
El editorial del primer número de Proceso, publicado el 6 de noviembre de 1976, deja un legado muy valioso. Ahí los editores denunciaron “la inquina política en términos que causaron asombro dentro y fuera de México”, al igual que “la impudicia de la agresión” hacia el periodismo libre, y expresaron su decisión de no permitir que “el silencio cubra por completo a esta nación”. Desde entonces la consigna “Así somos y aquí estamos” ha inspirado la actuación de quienes forman parte de esta digna empresa editorial.
Hoy la lucha es simultáneamente más difícil y más fácil que hace 37 años. Por un lado, el poder económico y político acumulado por las fuerzas de la reacción es mucho mayor que antes. La velocidad con la cual se aprobó la contrarreforma energética en diciembre pasado, y la íntima alianza entre Washington y Los Pinos, evidenciadas durante la captura de El Chapo Guzmán, lo confirman. Pero, por otro lado, el enorme potencial de las redes facilita la difusión de información “prohibida” y de opiniones incómodas. El reto principal será organizarnos de manera adecuada para aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrece el internet tanto al periodismo de investigación como a la disidencia y a la crítica social.
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