MÉXICO, D.F. (apro).- México se encuentra entre los países con más alta peligrosidad en América Latina, al lado de Venezuela, Honduras, Guatemala y Haití, según el Índice de Seguridad Pública en América Latina 2014, realizado por la consultora privada FTI Consulting.
De acuerdo con el informe, nuestro país es el quinto con mayor inseguridad para el desarrollo de los negocios en la región, debido a los enfrentamientos entre organizaciones delictivas, la alta incidencia de delitos de alto impacto que se mantuvo el último año y la conformación de grupos de autodefensas, entre otros puntos.
Según FTI Consulting, la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico ha enfrentado incredulidad o crítica ante el sector empresarial, que ve lo que está sucediendo no como una mejora, sino una opacidad o manipulación de los verdaderos datos de la seguridad pública.
Detalla que aunque se ha registrado una baja en los delitos de alto impacto, se ha mantenido el nivel de inseguridad y en algunas zonas ha aumentado, como es el caso de Michoacán “con las autodefensas y los enfrentamientos entre el gobierno, la organización de Los Caballeros Templarios y los civiles armados”.
La firma de asesoría de negocios global subraya que otras entidades donde se ha acentuado la violencia son Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Nuevo León y la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Y apunta que el secuestro, la extorsión y el robo a mercancías afectaron directamente al sector empresarial durante el último año.
Golpes como la captura de El Chapo y los líderes templarios tienen un impacto mediático, pero no en la inseguridad real, señala la consultora, y apunta que aún es muy pronto para saber el efecto real de la captura de líderes de los cárteles.
“Si bien la detención o eliminación de importantes líderes de algunos de los cárteles del narcotráfico ha fortalecido la credibilidad de la estrategia anticrimen del actual gobierno, lo anterior convive con un recrudecimiento o continuación de la violencia en entidades como Guerrero, Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Michoacán junto con un aumento muy fuerte en la incidencia delictiva en zonas urbanas de regiones como el Bajío, Nuevo León y la zona metropolitana de la Ciudad de México”, precisa Sergio Díaz, jefe de la oficina de FTI Consulting en México.
Por su parte, Frank Holder, presidente de América Latina para FTI Consulting, con sede en Nueva York, sostiene que durante la última década, América Latina ha demostrado un sólido crecimiento económico con mejor integración, mayor compromiso con los sectores sociales más débiles y con gobiernos democráticos más afianzados.
“Sin embargo, la inclusión y la movilidad social no han eliminado el azote de la inseguridad pública y continúan siendo, junto con el crimen organizado, el lavado de dinero, la corrupción y el narcotráfico, temas principales en las agendas de los gobiernos regionales”, puntualiza.
El fenómeno de crimen organizado y violencia extrema que rodean las actividades de cárteles de drogas y el movimiento de estas sustancias desde su producción hasta la llegada a mercados de consumidores “continúa siendo una importante fuente de inseguridad pública en regiones de Centroamérica y México”, añade.
Además, los analistas consideraron que “los desórdenes sociales y políticos se han convertido en un factor para algunas de las economías con más problemas, como Venezuela.” En otros países como Colombia y Brasil, “a pesar de una importante inversión que ha conducido a mejoras marcadas”, el crimen ha resurgido y ha sido difícil de controlar.
En suma, “la inseguridad pública en la región continúa demandando recursos significativos de la comunidad empresarial a fin de proteger sus activos esenciales” y diezma la competitividad de la región en la lucha por atraer inversiones, mencionaron.
El Índice de Seguridad Pública examina la manera en la que cada país en la región trabaja con vistas a reducir los niveles de inseguridad pública, con un enfoque particular en la comunidad empresarial. Esto permite observar las tendencias a largo plazo en términos de mejora o retroceso de la situación de seguridad.
Las categorías se basan en cifras oficiales federales, estatales y municipales referentes a áreas como homicidios, delitos graves, crimen organizado y tráfico de drogas, robo de cargamentos y almacenes, asalto a casas-habitación, secuestro, desórdenes políticos y laborales, disturbios y manifestaciones violentas, así como análisis de eficacia de los programas gubernamentales dirigidos a abordar estos problemas.
De acuerdo con FTI Consulting, las fuentes incluyen medios regionales fidedignos con el objetivo de obtener información más específica sobre ciertos fenómenos, así como investigaciones académicas sobre el tema, y también se utiliza información recabada directamente por contactos de trabajo y negocio en la región.
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