AUTOR: ALBERTO OSORIO (REPORTAJE ESPECIAL)
La proliferación de narcofosas en el estado está rebasando la capacidad de las autoridades estatales. Un médico forense convocado por la PGR revela que se rompieron los protocolos internacionales y federales al usar maquinaria pesada para abrir los depósitos ilegales y al trasladar los cadáveres descuidadamente. Además, a juicio de analistas académicos, todo indica que si bien los gobiernos panistas dejaron crecer el problema, el del priista Aristóteles Sandoval no avanza en el esclarecimiento de los crímenes ni garantiza la seguridad de la población.
El médico forense Alfredo Rodríguez García señala que el uso de maquinaria pesada para abrir las llamadas narcofosas provocó el destrozo de evidencias e incluso de cuerpos, lo que provocó molestia en el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y dificulta la identificación de las víctimas. Agrega que sólo se entregaron los restos de cuatro personas plenamente identificadas a sus familias:
“Hay varios peritajes que se van a echar para atrás por parte de un juez federal y por la PGR ante los problemas que se observan en el levantamiento de los cadáveres, pues hay evidencias destrozadas porque removieron la tierra que podían traer las osamentas o la revolvieron con otra del lugar donde fueron enterrados los occisos; acabaron con el material básico para la identificación del fallecido e, incluso, no usaron bolsas para trasladar el cadáver en forma hermética. Tampoco utilizaron los sellos que se requieren para ese tipo de acciones antes de transportar los restos humanos a las áreas de trabajo.”
Sin embargo, el director del IJCF, Marco Antonio Cuevas Contreras, rechazó esas afirmaciones en entrevistas con varios medios locales. Afirmó que en el procedimiento de exhumación no se dañó a los cadáveres porque se aplicaron los “protocolos y técnicas arqueológicas” establecidos.
Al respecto, Rodríguez García, forense en la ciudad estadunidense de San Diego, California, señala que el director del IJCF no tiene el perfil adecuado para ese cargo.
“El señor puede decir que todo está bien y que responden a todos los protocolos. Pero, para empezar, él no tiene ninguna especialidad en medicina forense, nunca había tenido nada que ver con esa área del conocimiento humano.
“En el instituto hay sólo una persona que recibió capacitación como entomólogo especializado en el tema, pero lo traen como camillero; no hay aplicación de la entomología forense ni estudios de antropología. El instituto tenía un antropólogo y a una persona que reconstruía rostros, a quien dieron de baja en la pasada administración. No tienen equipo de antropología forense especializado para estos casos.”
A decir de Rodríguez García, “en la Ciudad de México ese es el reporte que se tiene por parte de un juez de Distrito y de personal de la PGR: que no se cuidaron los procedimientos de la cadena de custodia, que están mal realizados los procedimientos”.
Agrega que esto salió a relucir cuando los cuerpos encontrados en La Barca fueron trasladados a la capital del país y se pidió la colaboración de peritos de otros países para avanzar en la identificación de los restos.
Además, por una propuesta suya se realizarán estudios de piezas odontológicas para saber si algunos de los asesinados estuvieron antes en Estados Unidos, ya que allá se lleva registro de ese material de identificación.
Proceso Jalisco solicitó la opinión del director del IJCF, pero su oficina de Comunicación Social no respondió a la llamada.
Rodríguez habla del tipo de trabajo que hacen los peritos convocados por las autoridades federales: “Estamos sacando fotos de tatuajes y muestras de ADN para confrontar con bases de datos de Estados Unidos y buscar registros en bancos de dactiloscopía, de antropología forense y de genética, a fin de ayudar en la identificación de los cuerpos”.
Añade que algunos investigadores estadunidenses tampoco están de acuerdo con el trabajo de los peritos del IJCF, pero quizá más grave es que “el juez a quien menciono destaca que invalidará una buena cantidad de procedimientos forenses porque se hicieron muy mal varios peritajes y no se respetó el protocolo internacional signado por México, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación desde 2012”.
El número oficial de desaparecidos en el país es de 27 mil y, según Alfredo Rodríguez, “es de pensar que la mayoría de ellos están muertos, pero hay muchos sicarios en la cárcel que pueden dar información sobre los lugares donde hay narcofosas; los pueden interrogar militares o agentes federales. Es urgente que se diseñe un programa de testigos protegidos o de investigación con el desarrollo de bases de datos que ayude a la gente a ubicar a sus parientes”.
Explica que el éxito en la identificación de un cadáver permite asegurar hasta en 50% el esclarecimiento de un crimen. Aclara que en ciertos casos los asesinos dan muestra de avance en sus técnicas de inhumación de cadáveres: “Algunos son introducidos en bolsas de plástico y cubiertos de cal para aminorar los olores fétidos, o preservar los restos más tiempo, quizás porque quieren que se conozca la identidad de los muertos o quieren mandar algún mensaje a sus enemigos, a las autoridades o a la sociedad”.
La dimensión de la violencia
El hallazgo de un promedio de 23 cadáveres por mes desde noviembre pasado ubica a Jalisco entre los estados más golpeados por la disputa de la plaza entre grupos del crimen organizado, como lo son Tamaulipas, el Estado de México y Michoacán, indica Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara.
Ese dato, por sí solo, hace pensar a los analistas que las bandas del narco optaron por ocultar las evidencias de sus crímenes en la entidad, pese a que la anterior administración, que encabezó el panista Emilio González Márquez, se jactaba de que tenía el estado “blindado”.
No obstante, “ya vimos que eso no era tan cierto, que el discurso de las autoridades del anterior sexenio era pura palabrería y no resultaba compatible con la realidad silenciosa que aquí se detecta”, dice el académico.
“Asuntos como el de las narcofosas (continúa) se manejan de bajo perfil; sólo cuando los medios descubren el dato se convierte en noticia. Aquí no hay escándalo mediático y el discurso oficial tiende a minimizar los hechos. Así sucedía en el gobierno de Emilio González, pero la situación se repite con el actual gobierno (de Jorge Aristóteles Sandoval), aunque éste puede argumentar que el problema venía desde el anterior sexenio.”
Para él, no puede dejar de observarse que “Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, hoy fiscal general, encabezó la Secretaría de Seguridad Pública en el pasado gobierno panista”, por lo que falta investigar a fondo qué tan coludidos pueden estar policías municipales y estatales en las narcofosas descubiertas, pues “no es posible que haya cientos de personas ejecutadas y enterradas en forma clandestina y que nadie haya escuchado ni visto nada”.
Jiménez Reynoso considera que urge depurar las corporaciones policiacas en los municipios donde se han descubierto las narcofosas o en aquellos en los cuales se reportan más desapariciones forzadas por ajustes de cuentas, extorsiones o secuestros: “Hay que hacer mapas de criminalidad, ubicar por zonas geográficas los municipios con alto índice de levantones; se debe contrastar toda esa información con el número de personas desaparecidas, que en Jalisco es de 2 mil 300”.
E insiste en que “no se explica por qué ellos (los policías) nunca se dieron cuenta de la existencia de narcofosas en lugares como La Barca, Zapopan, Tlajomulco y en el límite entre Tlaquepaque y Tonalá, además de los otros municipios involucrados”.
El pasado 20 de febrero, en Tlajomulco de Zúñiga, la captura de un presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus declaraciones permitieron localizar otras fosas clandestinas con 19 cuerpos en la zona de La Calera. A consecuencia de este descubrimiento, varios agentes decidieron abandonar su trabajo.
El investigador de la UdeG dice, con base en la información disponible, que la mayoría de los asesinados son hombres pero se ignora si eran criminales adversarios de los asesinos o víctimas de secuestro. Por lo pronto, opina que no debe descartarse el “efecto cucaracha” en varios municipios del sur de la entidad, limítrofes con Michoacán, o en el norte, colindantes con Zacatecas, y que delincuentes de alta peligrosidad se sumen a los que ya están aquí:
“Es claro que debe existir alguna pista sobre lo que se está descubriendo en Jalisco. Es factible pensar que existía traslado de cadáveres o de personas secuestradas, que en apariencia nadie veía o nadie quería ver. Es tiempo de investigar en los cuerpos de seguridad de los municipios y del estado para dimensionar el tamaño del problema que enfrentamos.”
Cosecha roja
A finales de febrero la Fiscalía General del Estado informó que en el rumbo del Cerro del Gato, localizado en los límites de Tlaquepaque, El Salto y Tonalá, autoridades estatales encontraron los restos de seis personas en una fosa clandestina.
Según las autoridades, el hallazgo fue posible por una llamada anónima al servicio de emergencias 066. El denunciante advirtió que de un predio aledaño al camino al Cerro del Gato emanaban olores fétidos, posiblemente de cuerpos en descomposición.
Tras comprobar el hecho, los policías de Tlaquepaque que acudieron al lugar informaron a la Fiscalía General y a peritos del IJCF, quienes se encargaron de trasladar las osamentas al Servicio Médico Forense para tratar de identificar a las víctimas y las causas de su muerte.
Con ese descubrimiento, en sólo tres meses se recuperaron en municipios conurbados 42 cuerpos, pero a pesar de la conmoción que causó esta información, puede ser sólo una parte de un problema que dejaron crecer las administraciones panistas del estado, pero que el actual gobierno del priista Aristóteles Sandoval no ha logrado resolver, indica Jiménez Reynoso.
Asimismo, entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se descubrieron 75 cuerpos en los límites entre La Barca, en Jalisco, y Vista Hermosa, Michoacán. Vecinos de esos municipios y militares reconocieron que el número de cuerpos enterrados superaba el ciento y de manera extraoficial informaban que los crímenes eran obra del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que algunos de los cadáveres correspondían a miembros de Los Caballeros Templarios caídos en la guerra por el control de territorios.
Entre los restos de La Barca se identificó a seis mujeres y al menos a dos militares de alto rango ligados al aparato de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, recuerda el forense Alfredo Rodríguez.
El caso de La Barca se conoció por un operativo federal para buscar a dos agentes ministeriales, quienes desaparecieron en el límite entre Jalisco y Michoacán. Después de arraigar a decenas de policías de Vista Hermosa, éstos revelaron la ubicación de las narcofosas. Semanas después, ya en diciembre, otras inhumaciones ilegales fueron localizadas en el Valle de Tesistán. Ahí, en el predio La Cumbre, se encontraron 17 cadáveres, se supone que también ejecutados por el CJNG.
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