AUTOR: JAVIER ESTRADA.
Ahora que Joaquín Guzmán vuelve a ser noticia, la exombudsman de Jalisco, Guadalupe Morfín, recuerda los días en que recibió protección federal por haber ventilado corrupción en Puente Grande.
En retrospectiva, la exombudsman de Jalisco, María Guadalupe Morfín Otero, repasa la protección federal que recibió por haber ventilado los mecanismos con que operaba el capo en esa prisión de máxima seguridad.
Como un ejemplo del peligro al que se someten ciudadanos y funcionarios por igual, revela que uno de sus escoltas desapareció hace más de una década en el cumplimiento de su deber.
Para la promotora de derechos humanos denunciar no es suficiente si el Gobierno mexicano no garantiza los mecanismos mínimos para salvaguardar a los que señalan violaciones a las garantías de las personas.
La solución al problema, según la reconocida abogada, es nombrar a ciudadanos de alto perfil en los llamados órganos “bisagra” entre el Estado y la sociedad. Por ello, hace un llamado a los senadores a elegir bien a los titulares.
Morfín Otero insiste en que hay que cuidar a quién se elige para representar a organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y el recién creado Instituto Nacional de Elecciones.
“Es un llamado de atención a las y los senadores de la República para que no hagan nombramientos por cuotas de partido, para que sean leales a la República, magnánimos en su designación, en el sentido de obedecer al interés superior.
“¿Cómo podemos generar la indispensable confianza que debe haber cuando hay un agravio, una violación en derechos humanos, tanto por parte de ciudadanos de a pie, como por parte de servidores públicos que están viéndose amenazados, si no nombramos a las personas idóneas al frente de estas instituciones?”.
Directa y articulada, la expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco fue la encargada de denunciar desde enero de 2000, un año antes de la fuga de “El Chapo”, que Puente Grande había sido tomado por el narcotráfico.
“Nos vimos obligados mi familia y yo a aceptar la protección federal que nos fue asignada, fue una experiencia que marcó nuestras vidas. Afortunadamente tratamos con muy dignos escoltas, verdaderos guardianes a los que mucho estamos agradecidos”, dijo.
Desde la huida del líder del Cártel de Sinaloa, Morfín Otero fue protegida por escoltas hasta el último día de agosto de 2009, cuando dejó de ser Fiscal Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR.
Durante ese periodo, uno de sus guardianes, Eduardo Díaz Reyes, desapareció en Tamaulipas durante una misión para investigar a personas vinculadas con Osiel Cárdenas Guillen, cabecilla presa del Cártel del Golfo.
El jefe de escoltas protegió a la exombudsman alrededor de seis meses, pero después de ese tiempo recibió la asignación, donde desaparecieron 4 agentes federales de investigación.
A esto se suma la desaparición en mayo de 2007 de Felipe Leaños Rivera, líder de custodios en Puente Grande, quien fue el primero en presentar una queja ante Derechos Humanos de Jalisco sobre las intimidaciones del narcotráfico en esa cárcel.
A la querella se sumaron otras de un grupo de vigilantes de la prisión de máxima seguridad, quienes denunciaron que altos mandos del centro de readaptación social permitieron que ahí operaran grandes capos sin restricciones.
“Quizá fue ejecutado Felipe Leaños Rivera, un hombre íntegro que confió en las autoridades de Derechos Humanos locales en Jalisco y, sin embargo, perdió la vida. A mí me dolió mucho en particular esta muerte, porque por garantizar la integridad de estos hombres honestos salimos al frente mujeres y hombres”, dice.
“Saber que haber asumido su causa no bastó para blindarlos de una desaparición, se nos convierte en algo muy doloroso”.
Morfín Otero afirma que mujeres encargadas de las áreas de enfermería, intendencia, cocina y lavandería del penal, fueron presionadas para tener relaciones sexuales con los internos vinculados con el crimen organizado.
Varias de ellas accedieron a esas vejaciones o presentaron su renuncia.
“Yo en este momento debo ser muy cauta en lo que diga, porque no ocupo ningún cargo público, soy una ciudadana, con mucho orgullo y conciencia lo digo.
“Me parece que la responsabilidad de investigar este asunto, ahora que se ha vuelto a revivir gracias a la captura -que era un asunto pendiente del Estado mexicano-, le toca a otras personas, le toca también al Senado de la República”.
La abogada transmitió las declaraciones de los custodios a diversas instancias, como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que pidió emitir medidas cautelares para garantizar la vida de los quejosos.
El organismo envió visitadores a la cárcel, donde los invitaron a desistirse de sus acusaciones, porque no podían proteger su identidad.
Morfín Otero asegura que un año antes de la fuga de “El Chapo” se configuraban las condiciones para su huida del 19 de enero de 2001, pero que la institución local a su cargo no podía preveer eso.
Un día después de darse a conocer que el narcotraficante ya no era un reo, la exombudsman presentó ante la PGR una denuncia de hechos.
La CNDH validó entonces las quejas de los custodios y las del arzobispo de la diócesis de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, a favor de mujeres internas en Puente Grande, que derivó en una recomendación.
Además, la insistencia de Morfín Otero por señalar los atropellos en la prisión federal, llevó a la abogada a una confrontación pública con el entonces ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
“Nunca hubo una retroalimentación del órgano nacional hacia el órgano local de que era lo que estaba haciendo con esas quejas, inevitablemente nos fuimos enterando de que pretendían archivarlas como asuntos laborales”.
Aquel año se filtró a los medios de comunicación una historia que la abogada califica de falsa: circulaba la versión de que había presionado al subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, a relajar las medidas disciplinarias en el penal.
De lo contrario, apuntaban los registros periodísticos, Morfín Otero haría un escándalo internacional para perjudicar al funcionario nombrado por el presidente Vicente Fox.
“No elegí estar en el escenario de la confrontación, a mí no me servía en términos de seguridad mía ni de mi familia salir a ventilar lo que había hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pero se ventiló una mentira.
“Eso me obligó a dar la cara a los dos días de que se hizo pública la fuga, me refiero al domingo 21 de enero de 2001, y convocar a una rueda de prensa donde leí cuál había sido la gestión de la Comisión”.
Morfín Otero señala que conoció al funcionario en persona hasta agosto de 2009, en el contexto de una conferencia nacional de procuración de justicia en Mérida, Yucatán.
Tello Peón renunció a su cargo 40 días después de la fuga de “El Chapo”.
Recientemente, este personaje y otros tres funcionarios del sexenio foxista -Miguel Ángel Yunes Linares y Enrique Pérez Rodríguez, exdirectores de Prevención y Readaptación Social- fueron denunciados ante la PGR por el Colegio Nacional de Abogados Penalistas.
Alejada de la función pública, Morfín Otero ahora se dedica a la creación literaria y a la promoción de los derechos humanos.
De aquel turbulento periodo de la historia mexicana le queda una enseñanza de paz.
“Deseo que este país pueda madurar y relacionarse de otras forma, bajo reglas nuevas de confianza, donde sociedad y autoridades asumamos cada quien la parte que nos toca de responsabilidad, para vivir en paz”.
¿Pero la exombudsman teme por su seguridad tras la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa? Ella desestima ese cuestionamiento.
“No cambia en mucho mi condición o el peligro con ‘El Chapo’ libre o ‘El Chapo’ capturado. Yo nunca lo vi a él como un adversario”, responde.
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