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El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue alertado tanto por la dirigencia nacional del PAN sobre los riesgos que corría el Edil. El mismo Garibay García se lo dijo en una reunión.
Aún así, el Presidente municipal se quedó sin escoltas federales. Hoy está muerto.
Antes, Garibay García fue víctima de un atentado a plena luz del día el 31 de octubre de 2012, a meses de haber asumido la Presidencia Municipal. Constantemente recibía amenazas.
El entonces Presidente de México decidió otorgarle la protección de elementos de la Policía Federal durante poco más de un año, pero al cambiar la administración federal, el nuevo gobierno priista, encabezado por Enrique Peña Nieto, le quitó seguridad a todos los alcaldes de la zona del Bajío. Gustavo Garibay fue uno de los afectados.
Horas después del crimen, el mismo PAN emitió un comunicado para reclamar al gobierno federal por una muerte que se pudo haber evitado. La presidenta del partido, Cecilia Romero Castillo, recordó que en agosto de 2013 se giró oficio a la Policía Federal y fue recibido por la Secretaría de Gobernación, para solicitarle que fuera implementada nuevamente la escolta de Garibay García, pero la respuesta fue negativa.
“Gravísima omisión al negarse a restituir la escolta que, de manera inexplicable, se le retiró a pesar de la solicitud en agosto de 2013, mediante oficio dirigido a la Policía Federal Preventiva y recibido por la Secretaría de Gobernación”, señaló la líder partidista en su comunicado.
En el documento, Romero Castillo exigió que el gobierno federal garantice la seguridad de los alcaldes de este instituto político, “quienes han estado amenazados en múltiples ocasiones”.
Los panistas reclaman que le fuera retirada la protección federal.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien el Alcalde le había manifestado el 23 de agosto de 2013 la situación de peligro en la que estaban no sólo él sino otros munícipes de la entidad, fue de los primeros en comunicar, por Twitter, que se castigaría a los responsables del crimen.
Osorio Chong no fue al velorio. Dejó a Vallejo Figueroa la responsabilidad de dar la cara ante los familiares y panistas enardecidos por el asesinato. Según reseñó Ricardo Murguía Garibay, primo del munícipe, el encuentro fue “tenso y pesado” con los panistas Ernesto Cordero, aspirante a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), y la Senadora Luisa María Calderón, hermana del ex Presidente de México.
Vallejo sólo permaneció unos minutos, montó una guardia y ofreció sus condolencias a los deudos para después realizar una reunión a puerta cerrada con los integrantes del Cabildo.
El asesinato de Gustavo Garibay se da en medio de la contienda por la dirigencia panista a la que aspiran, Ernesto Cordero, quien acudió al velorio, y Gustavo Madero, quien ayer difundió en su cuenta de Twitter una carta del 28 de agosto en la que solicita al gobierno de Michoacán “formalmente” protección para el Edil.
En la misiva se lee: “Derivado de los lamentables acontecimientos suscitados el pasado mes de octubre de 2012, donde el Alcalde del Municipio de Tanhuato, Michoacán, sufrió un atentado con arma de fuego que pusieron en riesgo su vida; le fue asignado un grupo de elementos de la Policía Federal a fin de que resguardaran de integridad física”.
“No obstante lo anterior y sumado a la crítica situación de inseguridad que se vive en algunas zonas del estado, le fueron retirados los elementos policiales adscritos, dejando en total estado de vulnerabilidad la seguridad personal del Alcalde Gustavo Garibay García”, agrega la carta.
“Ante el temor fundado de la ejecución de un nuevo ataque armado en contra del munícipe, que pudiera quebrantar su integridad física; solicitó se lleven a cabo las diligencias necesarias, a fin de que le sea restituida la seguridad personal a cargo de los elementos de la Policía Federal”, dice.
Dicho documento habría sido hecho llegar al entonces Gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García.
El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa expresó por Twitter: “Asesinan a alcalde de Tanhuato, Mich. Mis más sentidas condolencias a familiares y amigos del querido Gustavo Garibay”.
El año pasado Calderón fue acusado por la Asociación de Autoridades Locales de México AC (AALMAC), que agrupa a los ediles de izquierda, de haber encabezado el sexenio más violento para los munícipes del país.
Durante el periodo de Calderón [2006-2012], según la agrupación, al menos 31 alcaldes fueron asesinados; otros sufrieron amenazas, extorsiones, persecución, hostigamiento y hasta atentados, sin que se detuviera en la mayoría de los casos a los responsables. La cifra no incluye a los sobrevivientes de atentados, como tampoco los ex alcaldes que fueron asesinados.
A mediados de 2013, ya en el sexenio peñanietista, María Santos, ex Alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, fue acribillada. Fue una mujer que acumuló amenazas y atentados desde 2009. Encontró a la muerte cuando había concluido el trienio.
En noviembre pasado fue asesinado el Alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López Mendoza, tras recibir amenazas por el cobro de cuotas y manifestarse en contra de las mismas.
Calderón usó Twitter para exigir al Gobierno Federal que investigara el caso de López Mendoza. ”(El) Gobierno Federal debe evitar que PGJ de Michoacán manipule autopsia e investigación de muerte de alcalde de Sta. Ana Maya y atraer el caso”, tuiteó el ex mandatario.
Calderón compartió también una supuesta declaración de López Mendoza donde habría dicho que “por obra tenemos que darle a Templarios 10%. Todos los Alcaldes de Michoacán estamos con ese problema”. Sin embargo no afirmó que éste fuera el posible móvil del presunto asesinato ni la fecha en que se dio esta afirmación.
Los tuits del ex mandatario panista causaron indignación de otros alcaldes michoacanos, quienes denunciaron que desde su administración se había notificado la situación de inseguridad en la región que viven por la disputa de los cárteles de la droga que operan en Michoacán.
“Él sabía desde su gobierno lo que pasa con los alcaldes más débiles, pero nunca recibió a la asociación”, dijo, Ricardo Baptista González, secretario ejecutivo de AALMAC.
Por su parte, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo en esa ocasión que los alcaldes amenazados por el crimen organizado no podían ser protegidos individualmente por el gobierno federal.
“No podemos ponerle un cuerpo de seguridad a cada municipio, a cada Presidente Municipal, pero ellos tienen que cooperar mejor para resolver la inseguridad en sus municipios. No podemos justificar la no cooperación con que están amenazados”, afirmó el encargado de la política interna en una comparecencia ante la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública del Senado.
Según ambas asociaciones, todo el país tiene alto riesgo para gobernar en el nivel municipal. Se basan en que en los últimos años, la muerte anduvo por las presidencias municipales de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Los integrantes de las dos asociaciones desean que el Presidente Enrique Peña Nieto garantice protección a los alcaldes.
“Con la premisa de que la seguridad es un tema que nos debe ocupar a todos, exigimos que las autoridades correspondientes inicien con prontitud las averiguaciones sobre este caso [el de Garibay], que otorguen la debida importancia para esclarecer e informar sobre los resultados y que quienes cometieron este cobarde atentado sean llevados ante la Ley”, señala por su parte en un comunicado la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a los ediles panistas.
Asegura que en los últimos años se tiene conocimiento del asesinato de 35 presidentes municipales, siendo Michoacán el Estado donde se ha reportado el mayor número de munícipes ultimados.
“El escenario de inseguridad de los municipios del país obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin importar colores e ideologías, a la inmediata implementación de protocolos eficaces que brinden la seguridad necesaria en las zonas más vulnerables para garantizar la integridad de los ciudadanos. Bajo esta premisa, reiteramos nuestra disposición al diálogo coordinado que permita erradicar este flagelo en nuestro país”.
En su portal, la ANAC llegó a publicar un documento en el que anunciaba la necesidad de asegurar a sus 624 afiliados con un seguro de vida grupal, con un monto mínimo de 500 mil pesos.
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