AUTOR: RAÚL LINARES.
Este lunes, mediante un Anexo incluido en la Gaceta Parlamentaria, se publicaron las preguntas y respuestas que legisladores de varios partidos le formularon a Lozoya, con el objeto de indagar los contratos y licitaciones que Pemex ha mantenido con la iniciativa privada. (Entre ellas, la posible desventaja que ésta mantiene frente a su competidora Shell, con quien, irónicamente, posee una refinadora en Deer Park, Texas.)
Ante un formulario en el que se cuestionó ¿cuáles fueron las razones económicas y técnicas por las cuales se determinó otorgar el contrato a la naviera Oceanografía de manera directa, para los trabajos relativos a la “Rehabilitación y Mantenimiento de Plataformas Marinas con apoyo de una embarcación con posicionamiento dinámico”? El funcionario federal contestó:
“Al respecto, es importante señalar que atendiendo a los hechos relacionados con la empresa Oceanografía, Banco Nacional de México y Petróleos Mexicanos, es de advertirse, que de conformidad con la legislación vigente, toda aquella información relacionada con este asunto, debe ser tratada y clasificada como reservada y confidencial, por lo que en ese sentido, la misma debe ser manejada por las partes involucradas, con el sigilo y secrecía que la ley prevé”, versa dicha publicación.
Este mismo criterio fue utilizado para contestar otras 24 interrogantes más, entre las que se incluyen, algunas relacionadas con la participación de funcionarios públicos en el tráfico de influencias –en específico, la posible participación de Francisco Gil Díaz, Martha Sahagún y sus hijos, los hermanos Bribiesca‒, para favorecer a la empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna.
También se negó a dar información sobre los resultados de las “indagatorias por supuestas violaciones a las leyes de Obra Pública y de Presupuesto, de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que el contralor de Pemex Exploración y Producción debía abrir por disposición de la Auditoría Superior de la Federación en 2008”.
Y por último, repitió la negativa sobre los criterios que, Pemex, en el 2006, 514 millones de pesos y 33 millones de dólares en contratos que estaban destinados a otros fondos, “en contravención a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal”, reza el informe dado a conocer.
Entre 1999 y 2013, Oceanografía obtuvo poco más de 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales para proveer servicios y obra pública, principalmente para Pemex y su subsidiaria Exploración y Producción (PEP), relacionados con labores de inspección, monitoreo, reforzamiento, mantenimiento, flete, transportación, hospedaje, alimentación, rehabilitación de pozos y construcciones.
Pese a todo, no sólo fue Oceanografía la única que brillo por la opacidad en el citado informe. Una vez más, Pemex se negó a proporcionar información más fidedigna y certera, sobre las transacciones con dineros públicos, que se invierten en empresas privadas que encabeza refinerías en otros países.
Tal el caso de la empresa PMI Norteamérica (PMI NASA), que, según el mismo informe, es cataloga como “una Sociedad Anónima de Capital Variable” y, por tanto, no puede ser sujeta a la reglamentación jurídica de Petróleos Mexicanos: “dicha personalidad jurídica se mantendrá hasta en tanto las leyes secundarias en materia energética no dispongan lo contrario.”
“No resultaría conveniente pronunciarse respecto al régimen jurídico de PMI hasta en tanto no quede definido en las leyes secundarias que expedirá el H. Congreso de la Unión [..]. No obstante lo anterior, Pemex continuará teniendo la necesidad de diversificar su crecimiento en nuevos mercados, por lo que se seguirá teniendo un sano control sobre las decisiones financieras y operativas de PMI”, añadió Lozoya.
Cabe resaltar, que dicha empresa filial de Pemex, ha sido acusada en múltiples ocasiones de contratos que sobrepasan la intervención del Estado mexicano; en específico, en la compra de buques marítimos donde fungió “como una especie de prestanombres para invertir en acciones empresariales y comprar seis buques-tanque, sin más autorización que la del consejo de administración de la paraestatal”, dio a conocer el periódico Excélsior el año pasado.
Un caso similar, trascendió el 1 de enero, cuando se dio a conocer que la empresa administrada por Lozoya, pagó 12 mil 290.07 millones de dólares por la compra de gasolinas a la refinería Deer Park Refining Limited Partnership (DPRLP), ubicada en el estado de Texas, y de la cual posee un 50 por ciento de las acciones que comparte con la petrolera Shell.
Dicha cantidad, cabe resaltar, es mucho mayor al monto de que exigía la construcción de la refinería de Tula, cuyo costo, sería según la Secretaría de Energía, de 11 mil millones de dólares. Hasta el momento, su construcción sigue detenida y sin fecha de inicio previsible.
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