AUTOR: SARA PANTOJA.
A manera de ejemplo, cuenta el reciente caso que vivió un cineasta del que se reservó su nombre:
“En la embajada mexicana en Berlín (el gobierno) llamó a la cadena de televisión Deutsche Welle, para que no se entreviste a un director de cine mexicano. Esa fue información de una periodista alemana que me dieron cuando me entrevistaron en Berlín hace unas cuantas semanas”.
En entrevista con la agencia Apro, el especialista en temas de narcotráfico y asesor internacional en seguridad, sostiene que a eso “se le llama generar cortinas de humo mediáticas porque el temor de la embajada mexicana en Berlín era que no se hable mal de México, que se oculten estas cosas que se están viendo acá”.
El también investigador en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en Estados Unidos dice que “vamos a tener que luchar contra esto convocando a la prensa internacional para que ustedes puedan llegar a revelar la verdad ante todos estos medios de difusión que están colocando al presidente Peña en su portada”, sostiene, en clara alusión a la revista estadunidense Time.
Buscaglia participó el pasado viernes 28 de febrero en el Taller sobre Mejores prácticas para atención y trato a víctimas de familiares de personas desaparecidas en México, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Ahí, se refirió al decreto emitido por el gobierno del presidente Peña Nieto para para transformar a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como un organismo descentralizado de la administración pública federal.
Con su experiencia como asesor de reformas judiciales y prevención del delito en países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente, Edgardo Buscaglia asegura que esas comisiones “no se dan abasto para atender a todos los tipos de víctimas que existen en este país.
En su opinión, se tienen que especializar en comisiones de desapariciones forzadas, en trabajo de canalizar las
miles de testimonios que todavía no se han plasmado en expedientes y procesamientos penales.
“Todo país que ha sufrido delitos ligados a desapariciones forzadas ha centralizado ese delito y lo ha tipificado como delito federal. Ha creado programas nacionales de protección de testigos y denunciantes, cosa que en México no existe y no le podemos estar pidiendo a las ciudadanas y ciudadanos que salten, sean testigos y denunciantes cuando se están enfrentando a grupos criminales trasnacionales que están cometiendo estos delitos”, destaca.
En México, subraya, “están asesinando no solo a periodistas, sino a miembros de comisiones de derechos humanos y van a comenzar a asesinar a jueces y fiscales que se metan en este tema”.
Buscaglia recomienda luego a integrantes de asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas a crear una comisión nacional de desaparecidos, similar a las que operan en Argentina, Chile, Cambodya y Sudáfrica.
Esta comisión, explica, debe ser centralizada y formada por una red nacional de familiares de víctimas “dejando atrás los protagonismos”, con un sólo vocero de la sociedad civil que cada semana denuncie “con nombres y apellidos a jueces que no se mueven, a fiscales que no quieren impulsar la causa”.
Según la propuesta del especialista, la comisión deberá estar acompañada de los medios de comunicación y concentrarse en el Senado, con cuatro integrantes designados “con responsabilidad política” por todas sus acciones.
“Esta comisión no es para choros mareadores ni para discursos, sino para hacerle seguimientos a expedientes y causas penales que no se han movido por años, a los testimonios que se van a brindar ante la comisión y para canalizar la reparación del daño a las víctimas y sus familiares a través de la secretaría de salud, del trabajo, de educación o cualquier otra instancia gubernamental a nivel federal”, dice.
Asimismo se debe establecer un programa nacional de protección de testigos y denunciantes. Sin ello, enfatiza, “toda acción se va a traducir en más muertes y más desaparecidos”.
Por experiencia internacional, comenta que la lucha por encontrar a las personas desaparecidas “no se puede enfrentar sola como sociedad civil”.
En la entrevista, el experto hace extensivo su reconocimiento a agrupaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Fundec, y reflexiona: “las desapariciones son por grupos transnacionales que tienen a políticos, empresarios y operativos. No hay ninguna sociedad civil en red más cabrona que yo haya conocido que las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo (en Argentina) y ellas eran redes transnacionales que canalizaban los casos a la comisión de desaparecidos”.
Por último, Edgardo Buscaglia alerta al gobierno mexicano: “los países que han salido de estos infiernos han salido a través de soluciones operativas, con la sociedad civil y el Estado trabajando juntos… o desenchufan la bomba ahora o esto les va a explotar a nivel internacional muy pronto”.
Por separado, Valentina Peralta Puga, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) considera que ésta “es una necesidad vital, es como el agua y el aire: nos urge porque nos vamos a morir, pero también me parece que es un sueño lejano porque en México el ego es el sustento interno de los individuos y las organizaciones”.
En entrevista, advierte que de no seguir esta propuesta “de sobrevivencia, nomás estamos en la antesala del paredón, del horno crematorio, esperando nuestro turno, mientras sigamos diciendo: ah, no es mi hijo, no es mi padre y yo sigo con mi vida, no va a pasar nada”.
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