AUTOR: PEDRO MATÍAS.
Además, adelantaron que formularán las denuncias correspondientes ante el gobierno de Canadá, para solicitar la instrumentación de medidas efectivas, legislativas o de otra índole a fin de asegurar que las empresas mineras de ese país “sean llamadas a responder ante su sistema de justicia por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera de su territorio”.
En el marco de la conmemoración por el segundo aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, defensor del territorio y opositor al proyecto minero, las organizaciones presentaron el informe “Justicia para San José del Progreso”, elaborado por la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos realizada a finales de 2012.
El documento evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a raíz de la imposición del proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca, impulsado por la empresa Fortuna Silver desde 2006.
A partir de esa fecha, apunta, la empresa y las autoridades estatales y federales han violentado el derecho a la vida y al consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la información pública y al respeto a la propiedad colectiva; a la libre determinación; a un medio ambiente sano, y el derecho a la salud comunitaria, entre otros.
El informe de la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos concluye con un conjunto de recomendaciones a los gobiernos federal, estatal y municipal, entre ellas ponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras, y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la población de San José del Progreso.
A la Secretaría de Economía le recomienda cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de San José del Progreso.
En tanto, a las autoridades estatales les pide que asuman un papel activo en la defensa de la ciudadanía –que enfrenta violaciones a sus derechos humanos por la instalación de megaproyectos en sus territorios–, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) otorgadas por el gobierno federal, si no cumplen con las formalidades legales establecidas en las leyes mexicanas y acuerdos internacionales.
El informe está firmado por diversas organizaciones, entre ellas Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Council Of Canadians, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y Servicio Internacional para la Paz (Sipaz).
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