Según el documento que dio a conocer el periodista Ciro Gómez Leyva en su espacio de noticias de Radio Fórmula, el ofrecimiento de los contratistas se hizo el 13 de diciembre del 2013. La “Propuesta Técnica y Económica para el Mantenimiento de la Línea 12” fue firmada por Ricardo Moscoso Morán, representante del consorcio.
El oficio fue recibido en la Oficialía de Partes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con acuse para su director, Joel Ortega Cuevas, y con copia a la Subdirección General de Mantenimiento, encabezada por Oscar Díaz González Palomas.
La oferta incluía trabajos en vías, sistemas mecánicos y eléctricos y obra civil por un monto de 385 millones 665 mil pesos.
De acuerdo con la información difundida por Gómez Leyva, en octubre del año pasado, cuando terminaron las labores oficiales de mantenimiento del consorcio, éste continuó con servicio menor, por ejemplo, cambio de focos y reparación de escaleras, entre otros.
“Esperaban la aprobación de un proyecto integral de mantenimiento que incluyera los rieles. Hasta que el Metro no lo autorizara, ellos no podían llevarlo a cabo. Necesitaban un contrato ‘firmado y aprobado’”, dijo personal del consorcio.
La empresa francesa Alstom aseguró, por su parte, que antes del 12 de marzo –cuando Ortega Cuevas anunció el cierre parcial de la línea– presentó al STC un proyecto para dar mantenimiento a los sistemas electromecánicos. Sin embargo, no hubo respuesta, aun cuando el proyecto de mantenimiento lo pidió la misma dependencia.
En tanto, la Comisión de Investigación de la L-12 de la Asamblea Legislativa del DF, informó que el próximo lunes comparecerán los representantes de las empresas Carso, ICA y Alstom para dar su versión sobre las fallas que presentó la línea desde antes de su inauguración el 30 de octubre de 2012.
El presidente de dicha Comisión, el diputado de Nueva Alianza, Jorge Gaviño, no descartó que se llame a comparecer al exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para que responda los cuestionamientos sobre la considerada “magna obra” de su administración.
El lunes pasado acudió a la ALDF el exdirector del STC, Francisco Bojórquez. El viernes pasado hizo lo propio el actual director de la dependencia, Joel Ortega, y el jueves acudió el exdirector del Proyecto Metro del DF, Enrique Horcasitas.
Castigo a los responsables: especialistas de la UIA
Académicos de la Universidad Iberoamericana recomendaron al gobierno del DF presentar un informe detallado, “con claridad y transparencia”, sobre las fallas de la Línea Dorada y las penalizaciones que recibirán los responsables, de acuerdo con un comunicado de la institución educativa.
Durante la realización de la mesa de análisis “La línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro: la pesadilla dorada”, Mauricio de María y Campos, director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES), llamó al gobierno local y, en particular, a la Contraloría General capitalina, a “rectificar la situación de facto. Necesitaríamos tener un informe inmediato que nos permita identificar impactos, responsables y cuáles serían las penalizaciones y sanciones en estos términos”.
El especialista dijo que es necesario hacer público y analizar cómo se realizó el financiamiento del paquete para la construcción de la línea –cuyo contrato inicial se firmó por 17 mil millones de pesos, pero se extendió hasta poco más de 22 mil millones–, para comprender cómo deben responder el gobierno del DF y el consorcio.
También comentó que el problema actual de la Línea 12 “no es que falten ingenieros; lo que está fallando es la ingeniería pública alrededor de estos procesos”.
Jesús Valdés Díaz de Villegas, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la UIA, destacó la falta de coherencia del director del STC, pues primero dijo que las imprecisiones no impedían el funcionamiento adecuado de la línea y luego ofreció un discurso distinto.
“Eso se llama ineficiencia directiva, la cual se da por variables extraeconómicas que no tienen nada que ver con el funcionamiento. Si cada quien hace las funciones que le tocan, no tiene por qué haber problemas en el funcionamiento”, agregó.
Fue más lejos: “Cuando a veces las cosas no funcionan, involucran variables de compadrazgo, de corrupción y se crean incompatibilidades que provocan que los resultados no surjan como debieran. Gastos que se multiplican. Se socializan las pérdidas y las ganancias quedan en una cuenta bancaria”.
Incluso, consideró que las afectaciones en la movilidad de más de 400 mil pasajeros que usaban la línea pueden repercutir en el sector empresarial. Un informe de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), asegura que la suspensión del servicio en 11 estaciones impactará negativamente a más de seis mil empleos.
Manuel del Moral Dávila, académico del Departamento de Ingenierías de la Ibero, habló de que las fallas en la línea pudieron generarse por el cambio del proyecto original que consideró terrenos distintos a los planeados de origen.
“Los objetivos sociales en la construcción estaban claros: ICA ha construido casi todas las líneas en esta ciudad y la empresa francesa Alstom ha participado en varios proyectos a nivel global, así como grupo Carso; aquél no fue el problema”, aseguró.
El especialista precisó que las certificaciones otorgadas a las constructoras no se pueden considerar como un aseguramiento de que no existirán fallos posteriores al operar el sistema.
CDHDF recibe 13 quejas por alza a la tarifa
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que desde el pasado 13 de diciembre, cuando se aplicó el aumento de tres a cinco pesos el boleto del Metro, ha recibido 13 quejas de usuarios inconformes con el incremento, mismas que se encuentran en etapa de investigación.
En un comunicado, agregó que desde ese día, visitadoras y visitadores han acompañado a los integrantes del movimiento social #PosMeSalto a las jornadas que han hecho en diversas estaciones del Metro invitando a los pasajeros a que pasen sin pagar boleto. El propósito es observar que se garanticen los derechos de las personas manifestantes y usuarias.
En este sentido, la CDHDF pidió al STC aplicar medidas precautorias para garantizar los derechos de los manifestantes. Dijo que no se han observado agresiones o detenciones. Sin embargo, algunos han dicho que hay detenciones y uso de la fuerza en su contra cuando las manifestaciones son individualmente. La Comisión ya lo investiga.
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