AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
La Misión de Observación que acudió a Veracruz para investigar el secuestro y asesinato encontró que hubo diversas deficiencias en la indagatoria y en la forma en la que presuntamente se resolvió el caso.
En el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez las autoridades de Veracruz evadieron investigar si el crimen fue cometido por motivos profesionales pese a las pruebas que indican que al reportero lo mataron por su trabajo, concluyó la Misión de Observación que acudió entre el 15 y 17 de febrero pasado a esa entidad para revisar el caso.
El expediente presenta una serie de deficiencias que, además de que podría beneficiar a quienes actualmente son señalados como presuntos responsables del crimen, muestran el empeño en no reconocer que el atentado contra Goyo es un “ataque directo a la libertad de expresión”.
Entre las fallas que la Misión encontró están la falta de órdenes de cateo y de aseguramiento precautorio, la de dictámenes médicos que certifiquen la salud de los acusados antes y después de los interrogatorios —para descartar que declararon tras ser víctimas de tortura—, no se verificó la información que ellos confesaron, la familia no identificó a los presuntos agresores, no se certificaron pruebas encontradas en la casa de seguridad en la que supuestamente llevaron a Goyo tras el secuestro y no se consideraron líneas de investigación en la que la profesión del reportero pudo ser el móvil del crimen.
La Misión también destaca que las autoridades no investigaron ni interrogaron a los presuntos responsables sobre lo qué ocurrió en la casa de seguridad, cómo la consiguieron, por qué decidieron matar al reportero o por qué aceptaron el trabajo de asesinarlo.
Gregorio Jiménez era un reportero freelance de la región de Villa Allende en Coatzacoalcos, Veracruz; trabajaba principalmente para los diarios NotiSur y El Liberal del Sur, en donde le pagaban 20 y 50 pesos, respectivamente, por nota publicada, sus amigos dicen que el ingreso por su trabajo era de entre 3 mil y 3 mil 500 pesos mensuales.
Tras realizar diversas entrevistas, la Misión indica que amigos y colegas describen a Gregorio como “un hombre generoso, de buen humor, a veces introvertido y con una enorme capacidad de trabajo. Su prioridad era el bienestar de su familia y la principal angustia la falta de dinero”.
“El refresco era quizá su único vicio. Cristiano evangélico de práctica pentecostés, no bebía, fumaba ni era aficionado a las fiestas. Medía alrededor de un metro con sesenta y cinco centímetros, era obeso y usaba un bigote delgado y siempre bien delineado”, describe el informe.
El reportero fue secuestrado el 5 de febrero de 2014 y seis días después su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina. Tenía 43 años.
Según consta en el expediente, la primera declaración de José Luis Márquez Hernández, El Pony; Santos González Santiago, El Many o El Gordo; Jesús Antonio Pérez Herrera, La Yegua, y Gerardo Contreras Hernández, El Gotzi; presuntos responsables del crimen, no coincide con lo declarado por los integrantes de la familia de Gregorio que presenciaron el secuestro. Además de que el 13 de febrero pasado negaron las acusaciones y dos de ellos indicaron que los obligaron a confirmar el crimen.
Tres móviles, ninguno bien investigado
“‘Él es el fotógrafo’, gritó uno de los hombres armados cuando se topó con Gregorio, en ese momento, entre dos hombres, le colocaron el cañón de la pistola en la cabeza y un cuchillo en el abdomen, lo empujaron y se lo llevaron. No hay duda, al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz lo mataron por hacer su trabajo: informar”.
En el reporte de periodistas e integrantes de organizaciones en defensa de la libertad de expresión destacan que tras el secuestro, cuando Carmela, esposa de Gregorio, pudo declarar ante un ministerio público, surgieron tres posibles móviles del crimen y aunque finalmente se supone que sólo se indagó uno, en ningún caso se completó una investigación seria.
El primero surge cuando Carmela relata que Goyo le había dicho que estaba preocupado por una fotografía que tomó y publicó en diferentes diarios de Veracruz en la que aparece una casa propiedad de la empresaria Mari Sam en donde fueron rescatadas tres personas secuestrados y detenidos dos presuntos plagiarios.
El caso incluso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque los datos aparecieron en distintos medios de la entidad, sólo Gregorio consiguió una imagen y vinculó el crimen con la propiedad de la empresaria. Sin embargo, no se investigó nada sobre el vínculo de la información con el secuestro y asesinato del reportero.
El segundo es el que se investigó: “Hace dos meses y medio la señora Teresa de Jesús Hernández Cruz tenía problemas con una de sus hijas de Gregorio, Cindy, porque Raúl Hernández Cruz, quien fue su esposo no le daba pensión a las hijas de Cindy”, dijo Carmela en su declaración, en la que explicó que Teresa y Cindy llegaron a los golpes y Goyo las separó.
“Teresa le gritó (dirigiéndose a Gregorio) ‘tú cállate, porque tú te vas a morir, yo te voy a mandar a matar, no sabes ni con quién te metiste, te acuerdas de la nota que sacaste, esa te la tengo reservada y conozco a los Zetas y te voy a mandar a matar’”, explicó Cindy en su declaración sobre lo sucedido.
La nota a la que Teresa se refirió es sobre su cantina, El Palmar, en dónde Gregorio escribió que era el lugar en el que Gilberto Torres Reyes había estado antes de que lo atacara un grupo de jóvenes.
Las personas que hasta ahora han sido detenidas por el asesinato de Goyo dijeron que Teresa les pagó 20,000 pesos para cumplir con su amenaza, aunque en ningún momento detallan —ni se les cuestiona— por qué aceptaron realizar el crimen, cómo los contacto la presunta autora intelectual, desde cuándo la conocían o cómo se decidió llevar a Gregorio a una casa de seguridad, asesinarlo y enterrarlo en una fosa común.
La tercera línea de investigación que destaca la Misión de Observación —y que omitió por completo la Procuraduría General de Justicia de Veracruz— es el trabajo periodístico que Gregorio realizaba en la entidad “y que podría ser uno de los móviles para su asesinato, ante el posible interés de un grupo criminal de que no se publique información sobre sus acciones en la zona, porque ponen en evidencia su presencia y, por tanto, les impiden cometer libremente los delitos”.
Si bien Goyo inició escribiendo notas sobre accidentes, robos, peleas o suicidios, conforme aumentó la presencia del crimen organizado en la región de Villa de Allende también cambió el giro del trabajo del reportero a la cobertura de asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, robos, balaceras y la venta de drogas.
Entre las omisiones de la autoridad en este móvil está que su equipo de trabajo no fue revisado, ni su computadora, cámara fotográfica, su memoria USB con información o el café Internet que utilizaba para enviar sus textos. Tampoco se entrevistó a sus jefes, compañeros de trabajo, o se revisó su perfil de Facebook, en dónde incluso llegó a publicar la información que no era aceptada por los periódicos de la región.
Un caso emblemático
En diciembre de 2011, la organización Reporteros Sin Fronteras calificó a Veracruz como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En los últimos catorce años, quince periodistas han sido asesinados en esa entidad, 10 desde que el actual gobernador, Javier Duarte, asumió el cargo en 2010.
En total, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) indica que de 2010 a la fecha en México se han cometido el asesinado de 31 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
El caso de Gregorio, consideró la periodista Elia Baltazar, integrante de la Misión de Observación, es emblemático porque muestra diferentes formas de violencia contra el ejercicio periodística en el país.
“Evidencia las condiciones laborales de periodistas en muchos estados del país, las adversísimas condiciones laborales en que se encuentran. Evidencia esta relación de complicidad y convivencia que a veces prevalece en la relación de la prensa con los medios de comunicación en el estado, mucho de ellos propiedad de los propios políticos y utilizados para sus intereses personales y la falta de responsabilidad de los medios frente a sus periodistas, la falta de garantías de seguridad. Es también una suma de factores: un gobierno que no cumple con su responsabilidad de garantizar el ejercicio de libre expresión, un gobierno que no ha querido otorgar condiciones de seguridad para una prensa libre, medios que actúan más inclinados hacia los intereses publicitarios con el gobierno en turno y periodistas que se encuentran en condiciones laborales bastante adversas”.
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