AUTOR: JENARO VILLAMIL.
La única compañía que ha expresado su beneplácito con todos los términos de la iniciativa es la empresa española Telefónica: “Fomenta la competencia, favorece la inversión, establece regulación asimétrica, hay obligaciones específicas para los operadores preponderantes y fortalece y transparenta al órgano regulador”.
Hasta el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores, el pasado miércoles 26 de marzo, las acciones de América Móvil habían disminuido 4.92 por ciento en la Serie L, equivalente a una pérdida de 2,900 millones de dólares para la compañía más importante de Carlos Slim, que abarca las marcas Telcel y Telmex.
Por su parte, las acciones de Televisa registraron un incremento de 3.07 por ciento y las de TV Azteca un incremento superior al del 10 por ciento, resultando uno de los grandes beneficiarios en el mercado bursátil.
En su comunicado reciente, Televisa consideró que la iniciativa excede las obligaciones de la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de agente económico preponderante, ya que impone “barreras a una oferta programática más amplia, diversa y plural”.
Tanto Televisa como América Móvil se han quejado en sus posicionamientos públicos por la obligación de compartir su infraestructura en radiodifusión y en telecomunicaciones, respectivamente, pero en el caso de la empresa de Emilio Azcárraga Jean criticó en su comunicado de 11 puntos por qué Telmex se vería beneficiado de la gratuidad del must carry y del must offer.
Televisa y TV Azteca han coincidido en quejarse porque “algunas de las sanciones propuestas son desproporcionadas”, sobre todo, en materia de violaciones reiteradas y reincidentes que implicarían multas equivalentes hasta un 10 por ciento de sus ingresos anuales en telecomunicaciones o hasta 5 por ciento de sus ingresos en radiodifusión.
Eduardo Ruiz Vega, director de cumplimiento regulatorio de Grupo Salinas, afirmó que le preocupa a la compañía que en la iniciativa “nos traten a la industria de radiodifusión de manera similar a las de telecomunicaciones, cuando tenemos maneras diferentes de operar”.
Distintos especialistas consultados consideraron que uno de los “grandes beneficiarios” de la iniciativa del Ejecutivo federal es Grupo Salinas, ya que capitalizaría su papel como segundo competidor en televisión abierta (con TV Azteca) y en telecomunicaciones (con Iusacell), además que no le afectan las reglas de propiedad cruzada en los múltiples negocios e intereses financieros, de seguridad y electrodomésticos que tiene el consorcio de Ricardo Salinas Pliego.
El más afectado, sin duda, es América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones fijas y móviles del país. Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil y Telmex, afirmó en el Businees Forum que aún “estamos estudiando” la iniciativa, pero adelantó dos puntos en los que están en contra: que obliguen a Telmex a compartir gratuitamente su infraestructura y que deba esperar hasta dos años para competir en audio y televisión restringido.
Por su parte, Telefónica, la segunda compañía de telefonía móvil en México, con una participación de 15 por ciento en el mercado, muy lejos del 70 por ciento que posee Telcel, afirmó en un desplegado publicado este jueves en medios impresos que las medidas incluidas en la ley secundaria del Ejecutivo federal “benefician directamente a los consumidores, garantizando sus derechos y eliminando cobros injustificados como la larga distancia nacional”.
“Estamos seguros que la propuesta del Ejecutivo federal promueve la inversión, la innovación y la competencia en el sector de telecomunicaciones”, afirmó la compañía española.
Costará 2,900 mdd la nueva regulación
De acuerdo con la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la implementación de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión costaría 2,900 millones de dólares, de los cuales 2,050.5 mdd serían para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al que se le otorgan nuevas atribuciones y el resto para la implementación del nuevo Sistema Público de la Radiodifusión en México que dependerá de la Secretaría de Gobernación.
El costo de la Secretaría de Hacienda no incluye el de más de 20 mil millones de pesos (200 millones de dólares) que cubrirá la licitación y distribución de televisores digitales, responsabilidad de la SCT, dentro de la política de Televisión Digital Terrestre. Esta función originalmente era de la desaparecida Cofetel y se la pasaron a la SCT, según el artículo 16 transitorio de la iniciativa del Ejecutivo federal.
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