Acompañado de representantes del consorcio constructor y de un notario público, el titular de la dependencia, Hiram Almeida, realizó un recorrido de las estaciones Tláhuac hasta Culhuacán como parte de la indagatoria derivada de la queja que interpuso el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Joel Ortega, el pasado 12 de febrero, y del procedimiento de Auditoría Específica 18G por la suspensión de 11 de las 20 estaciones.
Luego del recorrido, el funcionario capitalino leyó un comunicado –sin aceptar preguntas de la prensa– en el que explicó que en la diligencia se tomaron fotografías y se levantaron muestras “para la realización de pruebas de laboratorio que hará la empresa SGS sobre todos aquellos materiales y componentes que presentan fallas y que conforman el tramo de la línea en suspensión”.
El notario 58 del Distrito Federal, Javier Reynoso de Teresa, dio fe de todos los detalles encontrados.
En el recorrido participaron alrededor de 60 especialistas y representantes de la Secretaría de Obras, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Procuraduría Fiscal, STC, Proyecto Metro del DF y Contraloría General.
También acudieron representantes de las empresas supervisoras de los trabajos –Conisa, Litsa, Ipisa y Yacsa–, del consorcio certificador y del constructor, de la empresa CAF en cumplimiento de su garantía de audiencia –como arrendadora de los trenes–, peritos y la empresa SGS.
El contralor general del DF, Hiram Almeida, dijo que los resultados de la diligencia, las pruebas de laboratorio y el análisis de las constancias que integran el expediente de investigación “se continuará investigando con todo profesionalismo para establecer las responsabilidades correspondientes, fundamentar y permitir las acciones jurídico-legales que procedan y, sobre todo, para garantizar la calidad de los futuros trabajos de rehabilitación de la línea”.
Consorcio niega que haya vicios ocultos
Por la mañana, el consejero Jurídico del gobierno capitalino, José Ramón Amieva, informó que el consorcio constructor negó que la obra –cuyo costo se elevó de 17 mil millones de pesos iniciales hasta 22 mil— tenga vicios ocultos por los cuales deba responder.
En entrevista después de un acto público, mencionó que las empresas ICA, Carso y Alstom se mostraron dispuestas a realizar recorridos “para atender y conocer cuál es el alcance de las fallas y colaborar de manera conjunta para su solución”. Sin embargo, reiteraron que entregaron la obra a tiempo, “funcional y recepcionada”.
El funcionario explicó que la investigación seguirá con la obtención de los dictámenes que se realizan, y recordó que la fianza por cumplimiento de contrato sigue vigente y “se convierte en garantía por vicios ocultos y otras irregularidades, hasta por mil 700 millones de pesos. Sigue vigente y con posibilidades la promoción de todas las vías tanto administrativas como jurisdiccionales”, dijo, y agregó que actualmente el contrato está en etapa de liquidación y finiquito.
Senado pide a PGR investigue el caso L-12
En el Senado, la Comisión del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue las irregularidades detectadas en la Línea 12 del Metro.
“Se exhorta al procurador general de la República, a fin de que se inicie una investigación de oficio respecto de la posible comisión de delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio indebido de servicio público, todos contenidos en el Código Penal Federal, respecto del proyecto de la Línea 12 del Metro”, según el resolutivo.
Los senadores también pidieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que informen de las auditorías hechas al respecto y que supervisen el cumplimiento de las observaciones hechas a la obra, así como la aplicación de recursos federales.
Además, solicitaron al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, les entregue cuatro informes “pormenorizados” sobre fecha y origen de las fallas que ocasionaron la suspensión del servicio y las acciones que se han hecho desde entonces; el proyecto de construcción hasta su finiquito; el mantenimiento hecho a la línea y los trenes desde su inauguración y hasta la fecha de suspensión del servicio; el dictamen que motivó el cierre parcial, y las acciones de mantenimiento mayor que se dará a la obra, así como la fecha de su contratación, su cronograma de ejecución, la fecha estimada de reanudación del servicio y los costos de dichas obras.
El Senado también solicitó la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que le envíe los resultados de las auditorías practicadas a la L-12 y, en su caso, que lleven a cabo o supervisen el cumplimiento de las observaciones realizadas al proyecto con relación a la aplicación de los recursos y fondos federales.
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