A propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, la decisión de los ministros fue unánime, en el sentido de declarar infundado el recurso de reclamación que interpuso Farah.
La decisión de la Corte se presentó dos días antes de que se cumplan cuatro años del fallecimiento de la niña, cuyo caso en el municipio de Huixquilucan generó polémica y destitución de funcionarios cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
La desaparición de la menor –de cuatro años de edad y con discapacidad motriz y de lenguaje– de su vivienda en Interlomas se reportó el 21 de marzo de 2010. Diez días después fue encontrada sin vida en su habitación, entre el pie de cama y su colchón. Los reportes oficiales determinaron que la causa del deceso fue asfixia.
El caso fue tan sonado que tuvo que intervenir la Procuraduría General de la República (PGR) y el FBI de Estados Unidos.
El entonces gobernador –hoy presidente– Peña Nieto se comprometió a transparentar el caso. El responsable de dar resultados fue el procurador general de Justicia mexiquense, Alberto Bazbaz, cuyas declaraciones sugirieron que Lizeth Farah había asesinado a la niña Paulette.
Las críticas derivaron en su renuncia y el cargo quedó Alfredo Castillo Cervantes, actual comisionado especial en Michoacán.
Luego del hallazgo de su hija, Farah interpuso una demanda por daño moral y exigió una indemnización de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del propio gobernador Peña Nieto.
Un tribunal del Edomex rechazó la demanda civil, por lo que ella se amparó y el caso subió al ámbito federal. Ahí también recibió la negativa y la obligó a interponer un recurso de revisión. El tribunal colegiado que conoció del caso lo envió a la SCJN, donde hoy le dieron el no definitivo.
El caso Paulette sintetizó en menos de diez días el uso y abuso de los medios de comunicación para explotar el morbo frente al caso de una menor desaparecida, en medio de múltiples sospechas de complicidad de los propios padres, y de una procuración de justicia que al estilo Atlacomulco se vende y se negocia al mejor postor o en función de la red de intereses que estaban ya implicados en torno a la campaña de Enrique Peña Nieto, el gobernador.
Tres hipótesis en menos de 10 días desfilaron en los medios de comunicación: secuestro, homicidio y, finalmente asfixia, ante el azoro de todas las audiencias televisivas que creyeron que se trataba de un engaño.
El mismo empeño para volverlo un escándalo nacional se transformó también en una gran mascarada para “convencer” que la niña se había asfixiado con sus propias sábanas, en la misma cama donde todos los reporteros televisivos grabaron. Y nadie se dio cuenta que el cuerpo de la menor ahí permanecía, según la versión oficial.
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