De esa forma, el tribunal federal instruyó al juez de la causa a reponer el proceso contra Gordillo Morales y coacusados por lavado de dinero y delincuencia organizada, al tiempo que ordenó analizar si esa imputación está soportada en pruebas concretas.
Durante la sesión de este jueves, los tres integrantes del quinto tribunal resolvieron que la SHCP actuó “dentro de los tiempos y canales previstos” para investigar los delitos, a través de sus funcionarios públicos.
Con ello echaron abajo el argumento de la defensa de la maestra en el sentido de que el tiempo que tenía la SCHP para interponer la querella había prescrito debido a que el servidor público adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP quien presentó la denuncia contra Gordillo Morales carecía de facultades al momento de formularla.
El juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal había amparado a la maestra porque su defensa manifestó que el funcionario de la SHCP que presentó la querella contra la exlideresa sindical ante la PGR, recibió su nombramiento de servidor público al día siguiente de querellarse.
Los juzgadores federales explicaron que el funcionario de la UIF sí estaba facultado para querellarse al quedar demostrado que el 1 de febrero de 2013 se incorporó a sus responsabilidades laborales, es decir, 12 antes de que se denunciara a Gordillo por lavado de dinero ante la PGR.
Además señalaron que el delito de lavado de dinero no se persigue por querella, sino por denuncia.
Por su parte la PGR aplaudió la resolución del Quinto Tribunal Colegiado y destacó que la denuncia presentada por la UIF reunía “plenamente” los requisitos establecidos en la ley.
En consecuencia, subrayó, “la consignación hecha por la Procuraduría en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, cumplió con los requisitos de procedencia exigidos por el artículo 400 bis del Código Penal Federal”.
Y si bien aceptó que el Tribunal considerara procedente otorgar el amparo a Gordillo para que el juez de origen subsane las omisiones contenidas en el auto de formal prisión y funde y motive adecuadamente su resolución, “los magistrados señalaron que esa resolución no tiene por efecto decretar la libertad de los procesados”.
Además la maestra tiene otra acusación por una presunta defraudación fiscal de más de dos millones de pesos, en 2008.
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