AUTOR: JESUSA CERVANTES.
En San Lázaro los diputados renunciaron a su función de debatir las iniciativas y dictámenes que, sin más, son aprobados por la Junta de Coordinación Política. Así lo consideran dos integrantes de la LXII Legislatura y un analista, quienes dicen a Proceso que dicha instancia “fáctica” mantiene sometida a la Mesa Directiva y viola incluso el reglamento del Congreso.
Desde su instalación, la Jucopo se ha “saltado” a la Mesa Directiva por medio de “acuerdos” para evitar que las reformas más trascendentes, como la energética y la político-electoral, así como la consulta popular o la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, sean discutidas y enriquecidas en comisiones que, por ley, deben analizarse antes de pasar al pleno.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de los 213 diputados del PRI y líder de la junta, tiene “una influencia impresionante” en la LXII Legislatura. Él es “el gran operador del régimen peñista”, pues en los hechos anuló ya al resto de los órganos legislativos, en particular a la Mesa Directiva encabezada hoy por el PAN.
Así resumen la cuestión el analista Miguel Eraña Sánchez, autor del libro Derecho parlamentario orgánico, claves para ser un buen legislador en México, y los diputados Ricardo Monreal Ávila y Manuel Huerta, del partido Movimiento Ciudadano (MC) y del PT, respectivamente.
La mayoría mecánica
Para Miguel Eraña, quien imparte clases en la Universidad Iberoamericana, los diputados de PRI, PVEM y Panal han abdicado de su función; asimismo, los panistas y gran parte de los perredistas niegan la esencia del parlamento en algunos temas aprobados en la actual legislatura, pues en lugar de discutir las iniciativas avalan las imposiciones de una mayoría mecánica.
Y expone: “El parlamento está para discutir, para confrontar y oponer ideas. De este ejercicio dialéctico se obtienen dictámenes, iniciativas y proposiciones, como puntos de acuerdo que, para ser legítimos, deben pasar por un proceso de discusión. Si eso no ocurre, lo que hay es un antiparlamento; sus integrantes no parlan.
“Si tú niegas la esencia del parlamento, que es la discusión, entonces puedes obtener productos legislativos, aunque en realidad son imposiciones mecánicas que no tienen legitimidad.”
Lo primero que debe hacer la Cámara de Diputados –encargada de elaborar las leyes y normas del país– es, dice Eraña, respetar su ley y su reglamento. Y, según él, de manera simultánea debe “respetar los principios inspiradores del parlamento que no vienen de Marte, sino de parlamentos democráticos; y uno de esos principios es central: el de deliberación”.
Refiere también que aun cuando los diputados del PRI, junto con los del PVEM y el Panal, actúen como “coalición legislativa” en instancias como la Jucopo para sumar 251 votos –213 del primero de esos partidos, 28 del segundo y 10 del tercero–, eso no puede llamarse “acuerdo de cúpula”.
La Jucopo, arguye, tiene una justificación legítima, pues se requiere una distribución de trabajo en el parlamento actual, que es numeroso, por lo cual los integrantes de la actual legislatura distribuyen los liderazgos en coordinaciones.
No obstante, advierte Eraña, la función de ese órgano –la Jucopo– deja de ser legítima cuando sus integrantes construyen acuerdos de cúpula “sin pasar por el tamiz y el consenso de sus compañeros de partido”; incluso acusa a la junta de “tener más excesos que en el Senado porque ahí –dice– no hay posibilidad de establecer una mayoría de voto ponderado”.
Sin embargo, aclara: El que se violente el reglamento en las discusiones del pleno, se fijen tiempos de participación o se voten iniciativas que no cumplieron con el proceso legislativo, no es sólo culpa de la junta:
“No es la Jucopo solamente. Ésta ocupa hoy una posición preponderante porque se han desarticulado atribuciones genuinas y necesarias de otros órganos de la cámara, como la Mesa Directiva y las comisiones del Congreso; y eso se ha hecho erróneamente con la autorización de los propios miembros de la Cámara de Diputados.”
En la LXII Legislatura, muchas de las atribuciones de la Mesa Directiva –encabezada por el PAN– las adopta la junta, insiste el investigador. Y añade que el mismo diputado Ricardo Anaya –quien concluyó la presidencia el mes pasado para irse de compañero de fórmula de Gustavo E. Madero en su lucha por mantenerse en la presidencia del PAN– violó la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 17, según el cual la presidencia debe ser por un año y no por un semestre, como lo acordó la fracción de su partido, junto con las del PRI y el PRD.
Eraña acusa a Anaya de “empleado útil y servil que acepta las interferencias en las atribuciones de la mesa que él presidió”. Él sabe que aceptar una negociación política donde sólo puede presidir por seis meses va contra el sistema reglamentario de la Cámara de Diputados y de los principios democráticos de un parlamento.
Y reitera: como la Mesa Directiva no asume sus funciones y “se dinamitó” el número de comisiones, la junta se convirtió en “un poder fáctico… con metacompetencias debido a lo pequeño de los demás órganos legislativos”.
Y aun cuando la junta está controlada gracias al voto ponderado, Eraña evita centrar el poder de la Cámara de Diputados en el priista Beltrones Rivera, cuyo partido tiene más votos. Lo que sí, indica, es que la fracción del PRI hoy ejerce el control en San Lázaro y no el presidente formal de la LXII Legislatura, el perredista Silvano Aureoles.
El “coordinador”
El diputado Manuel Huerta, del PT, quien ha participado en las reuniones de la Jucopo, sí señala a Beltrones Rivera como el que “maniobra, coordina y orienta acuerdos de la Jucopo”.
De acuerdo con el artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a la Mesa Directiva fijar el “orden del día” de las sesiones, pero en los hechos se está nutriendo de lo que le lleva la junta, así como de las iniciativas enviadas por las comisiones.
Entre los primeros acuerdos –el del 30 de octubre de 2012, por ejemplo– la mesa se “limitó” a presentar las iniciativas de los grupos parlamentarios: PRI, PAN y PRD presentaron cuatro cada uno; el PVEM dos, mientras que el PT y el Panal sólo una por partido. Las últimas fueron las del 4 y 11 del mes pasado; con ellas arrancó el actual periodo ordinario.
Con el respaldo del secretario ejecutivo de la Jucopo, el perredista Eduardo Espinoza –cercano a Aureoles Conejo–, los legisladores decidieron “evitar la discusión” en el pleno y sacar 30 dictámenes “en sólo seis sesiones”.
De acuerdo con la página dos de la sesión de la Mesa Directiva del 4 de febrero, “la Junta de Coordinación Política acordó el día de ayer –3 de febrero–, conforme al calendario pactado, que el pleno sesione los martes, miércoles y jueves, en cuyo caso se dará prioridad al apartado de dictámenes a discusión… en especial al despacho de los 30 que ya cuentan con declaratoria de publicidad”, lo cual no implicaba que previamente se hubieran discutido en comisiones, conforme a la norma.
Y, abdicando de la esencia y obligación de los legisladores –la discusión parlamentaria–, la junta comunicó: “al respecto, dicho órgano (Jucopo) estimó conveniente, y así lo comunicó, programar un estimado de cinco dictámenes por sesión, con el acuerdo de que, en lo posible, se evitará la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios; lo anterior en busca de dar más agilidad a la discusión y votación de los mismos”.
El 11 de febrero, la Mesa Directiva recibió una orden similar de la junta: “programar un estimado de cinco dictámenes por sesión, respetando el orden de la prelación, así como seguir promoviendo la reducción de oradores en sus discusiones”.
Eraña se sorprende por esos acuerdos: “Eso es como querer hacer del Congreso una tortilladora de esquina. El Congreso no es una instancia que pueda programar mecánicamente la producción de las leyes, porque crearlas, deliberarlas y aprobarlas es un ejercicio de reposamiento, de estudio, de calibrar el impacto que tienen las decisiones del Legislativo… Eso obliga a que las leyes sean de reposo, de estudio y de respeto a la discusión variada de opiniones”.
Sin embargo, por “acuerdo” en la Jucopo, la LXII Legislatura ha actuado contra las normas del propio Congreso. La iniciativa de reforma energética, por ejemplo, se sometió a discusión directa en el pleno el 11 de diciembre último sin pasar por comisiones. Ese día, ningún diputado del PRI, PAN, Panal y PVEM subió a tribuna a discutir los tres artículos constitucionales reformados ni los 21 transitorios.
Sólo lo hicieron los del PRD, PT y del MC la madrugada del 12 de diciembre para rebatir o proponer cambios; todos fueron desechados sin análisis ni discusión.
Los diputados abdicaron de su obligación legislativa: debatir. Además, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Ricardo Anaya, violó la propia Ley del Congreso, cuyo artículo 20, párrafo 2, inciso e indica que es obligación del presidente “cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación”.
Asimismo, el artículo 63 del reglamento del Congreso señala en su párrafo 5 que si el presidente de la Mesa Directiva no se apega a los requisitos, cualquier dictamen debe regresarse a la comisión respectiva.
Lo mismo ocurrió con la Consulta Popular que el 4 de febrero llegó a la cámara “por un acuerdo” del PRI, PAN y PRD, y se votó sin pasar por comisiones y sin debate previo. Lo mismo ocurrió con la reforma político-electoral que fue enviada como minuta desde el Senado el 5 de diciembre último y se le dispensaron todos los trámites y cambios a la Constitución.
Otro caso fue el de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada por el PRI el 13 de noviembre de 2013. El pasado 5 de febrero se “discutió” en la Comisión de Transporte, aun cuando el día anterior se había dictaminado y aprobado sin discusión por acuerdo de la Mesa Directiva.
Para el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de MC en San Lázaro, “se ha castrado el debate; sólo hay monólogos y soliloquios por parte de la oposición”. En la LXII Legislatura, dice, todas las propuestas de cambio se desechan; no hay discusión.
En los hechos, la Jucopo suplanta a la Mesa Directiva. Si ésta cumpliera su cometido, aun cuando el PRI, PVEM y Panal llegaran a algún acuerdo, el presidente de la mesa tiene el poder del pleno y puede someterlo a votación y hacer cambios; pero no lo hace.
“Se ha subordinado a la Jucopo –insiste–. Hoy, el control real de los diputados lo tienen los coordinadores, no hay un Congreso autónomo, independiente, sino que los legisladores votan en bloque, sin reflexión ni análisis. En la práctica, la Jucopo es el poder fáctico.”
Por las prisas y la falta de debate, sostiene Monreal Ávila, la LXII Legislatura cae en contradicciones y sus integrantes violan la Constitución. Y pone como ejemplo la reforma político-electoral. Según su artículo 41, el comité evaluador de los aspirantes a consejeros electorales tendrá la participación de dos miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, en el 102 dice que ésta no puede participar en temas electorales.
Sobre este aspecto, Eraña dice que las mayorías mecánicas y la aprobación de leyes y dictámenes sin que pasen por comisiones desligitima la constitucionalidad y legalidad del pleno. Ir contra lo que dispone su propio reglamento significa que el Congreso se está convirtiendo en una suerte de asambleísmo del siglo XVIII.
Y puntualiza: “Hay inercias en San Lázaro que avergüenzan porque evidencian el déficit de discusión… La mayoría aritmética no significa mayoría legítima.
“El PRI domina las decisiones de la cámara, por la inconsistencia de la izquierda, por la entrega de los otros grupos parlamentarios y por la subordinación de una Mesa Directiva que se desentiende de este grupo de tres: PRI, PAN y PRD”, dice Monreal.
En los hechos, sostiene, el PRI se ha convertido en “el único legislador”.
Ya ni el derecho de pataleo de la oposición se permite, indica; hasta eso les molesta; “se está construyendo un autoritarismo, una dictadura legislativa” y de absurdos.
Hace tres semanas, cuando se discutía el voto de los migrantes, Monreal Ávila propuso en la Jucopo la participación de la Comisión de la Frontera Norte. La rechazaron; el pleno hizo lo mismo. Luego se dieron cuenta del error y la junta “envió un aviso para proponer lo mismo que yo sugerí semanas atrás”, comenta el coordinador de los diputados del MC.
El absurdo: por ser acuerdo de la Jucopo, el pleno votó a favor. Los diputados no estudian ni saben qué votan.
Con respecto a Beltrones Rivera, quien tiene más votos en la junta, Monreal Ávila señala: “Ha sido el operador más eficaz. A mí me ha respetado, pero no dejo de reconocer que tiene una influencia impresionante. Nos escucha como si fuera concesión graciosa, que no lo es. Beltrones es el operador del régimen… En el neopriismo no lo ven bien ni lo reconocen, pero eso es asunto de ellos”.
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