FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ANTONIO JIMÉNEZ.
El seguro de desempleo pareciera tener como objetivo beneficiar a aquellos que administrarán los nuevos fondos para su creación, es decir, las Afores que cobran su comisión sin importar el desempeño conseguido sobre los recursos del trabajador, aseguró Gerardo Esquivel, investigador y profesor del Colegio de México (Colmex).
Esquivel, al referirse a la discusión y votación de la Ley del Seguro de Desempleo, señaló que a su parecer en el Legislativo se ha planteado algo muy lejano a lo que debería de ser un seguro de desempleo ideal, y por el contrario, con la posible aprobación de la ley se beneficiaría a los responsables de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en el país, dígase banca internacional.
Puntualizó que la idea del seguro de desempleo planteada en México es una simulación, pues obliga al trabajador a depositar más de la mitad de su ahorro a la vivienda en un fondo de desempleo que, de llegar a quedar desempleado, podría obtener acceso a esos recursos de manera restringida debido a todos los requisitos que se tienen contemplados en este proyecto de dictamen.
Además, aseveró que este esquema tendrá graves implicaciones para la economía en su conjunto, pues lo único que logrará esta reforma es descapitalizar al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reducir los recursos que recibirá y, por tanto, dificultará la posibilidad del trabajador para acceder a una vivienda.
“Es simplemente la sustitución de un derecho, que era el derecho a la vivienda, por otro que es esta compensación del seguro de desempleo, que es una forma de acceder a tus propios recursos, pero que en el fondo no otorga un nuevo derecho a los trabajadores”, aunque aclaró que esto no es suficiente para calificarlo como un robo, al igual que han hecho varios actores de la política nacional”, enfatizó.
De manera rápida y silenciosa pretenden aprobar la nueva ley
Hoy podría ser aprobada, en la Cámara de Diputados, la Ley del Seguro de Desempleo impulsada por el Gobierno Federal, con el beneplácito de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista (PVEM), el Partido Nueva Alianza (Panal), el Partido Acción Nacional (PAN) y algunos miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que el Seguro de Desempleo prometido durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto sea financiado con el dinero de los propios trabajadores, tomándolo de sus fondos existentes en el Infonavit.
La propuesta consiste en canalizar el tres por ciento del cinco por ciento salarial, que cubren los patrones para cumplir con la obligación en materia habitacional, al Seguro de Desempleo. Esto dejaría con tan sólo el 40 por ciento de los ahorros de los trabajadores al Infonavit, condición que pondría en grave riesgo al instituto y a su vez dejaría a los trabajadores sin la posibilidad de adquirir una vivienda. Además, el tres por ciento que el Gobierno Federal pretende usar para el Seguro de Desempleo, formaría parte de Afores, los cuales pertenecen en su gran mayoría a los bancos extranjeros en nuestro país.
12 mil millones de pesos anuales para las Afores
De acuerdo a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana de Puebla y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, citados por el periódico La Jornada, el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados referente al seguro de desempleo propiciaría que de tajo disminuyeran mensualmente los montos de ahorro de los trabajadores ante el Infonavit en un monto global cercano a mil millones de pesos mensuales.
Por lo que se legalizaría la transferencia a manos de las Afore de más de 12 mil millones de pesos anuales de los fondos de los trabajadores, recursos adicionales a los que ya operan estas empresas por las cuentas de ahorro.
A su vez, señalan, que esto provocaría que la mayoría de los trabajadores postergaran por varios años la posibilidad de tener acceso a un crédito; incluso para amplios sectores este derecho quedaría anulado, porque muy difícilmente podrían acumular el saldo suficiente para ejercer estos préstamos; además, para quienes pudieran obtener créditos de vivienda se alargaría el número de años para poderlos pagar.
De esta forma en la práctica se les quitaría a los trabajadores su derecho a vivienda social y a un fondo de ahorro para el retiro digno, sentencian los expertos en materia laboral.
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