AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Integrantes del Consejo Consultivo afirman que hay 88 casos sin analizar por la Junta de Gobierno porque Segob no ha garantizado condiciones para que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas funcione.
Desde que el Mecanismo comenzó en 2012 y hasta febrero pasado se han recibido 152 solicitudes de protección. El 57.8% —88 registros— no han sido analizados por la Junta de Gobierno, encargada de la toma de decisiones para el despliegue de medidas de prevención y protección.
“Es un rezago que ha venido creciendo, a mitad del año pasado teníamos un rezago de cuarenta casos y con los cambios de las últimas semanas como la salida de Juan Carlos Gutiérrez Contreras a cargo del Mecanismo y de cuatro personas más, aumenta la preocupación de que el rezago crezca todavía más, sobre todo porque no se ha podido integrar un equipo permanente y en consecuencia uno que se haya profesionalizado en el tema”, dijo en entrevista Edgar Cortez, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo y miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Según la ley, el Mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional, a cargo de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos que hasta el 15 de marzo pasado estaba a cargo de Juan Carlos Gutiérrez Contreras; pero también lo integran una Junta de Gobierno —en la que participan secretarías de Estado como Gobernación, la Procuraduría General de la República, Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos— y el Consejo Consultivo al que pertenecen defensores de derechos humanos y de libertad de expresión.
Este lunes, siete de los nueve integrantes de ese Consejo anunciaron en una carta que continuarán en el Mecanismo y en comunicación con defensores y periodistas que requieran protección, pero que no están dispuestos a participar en las reuniones de la Junta de Gobierno hasta que la Secretaría de Gobernación garantice que hay condiciones para que éste funcione eficazmente, justo como contempla la ley.
“En la cifra de casos pendientes de atención es posible que algunos hayan recibido ya medidas urgentes, pero la ley dice que una vez que se le dan medidas urgentes a un periodista o a un defensor, en un plazo no mayor a diez días se tiene que hacer su evaluación de riesgo, se tiene que ir a la junta de Gobierno para que ahí se discuta y se acuerde un plan de protección estable para la persona y eso es lo que no ocurre. Hay casos que llevan un año y todavía no llegan a la Junta de Gobierno”, explicó Cortez.
Mal clima laboral
En la carta dirigida a Lía Limón, Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y firmada por siete de los nueve consejeros —Edgar Cortez, Michael W. Chamberlin, Jade Ramírez, Jorge Israel Hernández, Pablo Romo Cedano, Rogelio Hernández y Agnieszka Raczynska— se menciona que Segob no ha sido capaz de generar “una política laborar acorde con el espíritu del Mecanismo de respeto a los derechos humanos”, pues los trabajadores y extrabajadores del área han denunciado acoso laboral y discriminación, lo que derivó en que el equipo encargado de la protección a periodistas y defensores se desintegrara.
“Con un permanente mal clima de trabajo la gente se va y con ese constante cambio de personal también es necesario dar dos o tres procesos de capacitación para un nuevo equipo. En consecuencia tenemos un mecanismo que está operando en una permanente curva de aprendizaje. El mecanismo está planteado para ser muy rápido, ser muy eficiente para responder a periodistas y defensores en riesgo y aunque sí se están haciendo cosas, no con la rapidez ni con la efectividad que debiera hacerlo”, dijo Cortez, quien representa al Consejo Consultivo en la Junta de Gobierno.
El Mecanismo es definido en la Ley como un instrumento “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”. Entre sus objetivos están la instrumentación de manuales y protocolos de medidas preventivas, de protección y medidas urgentes de protección hacia periodistas y defensores de derechos humanos que hayan sido agredidos o amenazados.
La decisión del Consejo Consultivo de no participar en la Junta de Gobierno se suma a la exigencia que hicieron el miércoles pasado organizaciones civiles y periodistas para que la elección del nuevo encargado del Mecanismo sea una prioridad en la agenda federal y se elija un perfil con credibilidad.
Pero también al llamado de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), que el 21 de marzo dijo que el nombramiento del titular de la Unidad de Derechos Humanos en Gobernación probaría “el compromiso del gobierno mexicano para proteger” tanto a defensores de derechos humanos como a periodistas.
“El diagnóstico que hemos recibido de organizaciones que han trabajado con el Mecanismo es que hay un retraso fuerte en las evaluaciones de riesgo, en la implementación de las medidas, lo cual coincide con lo que nosotros hemos visto, así que no creemos que haya condiciones para participar en la Junta de Gobierno. Esto no quiere decir que nos estemos retirando del Mecanismo, que no reconozcamos la necesidad del mismo, pues seguimos participando en él y seguimos buscando opciones para que realmente cumpla con su mandato”, explicó Jorge Israel Hernández, también integrante del Consejo Consultivo.
Los representantes de la sociedad civil en el Mecanismo resaltaron en la carta entregada este lunes a la Junta de Gobierno y dirigida a Lía Limón tres puntos prioritarios:
1.- Que en la elección del próximo Coordinador Ejecutivo del Mecanismo se asegure que la persona designada tenga probada experiencia en derechos humanos, tal y como lo han manifestado organizaciones civiles nacionales e internacionales y periodistas en días recientes.
2.- Que pueda establecer una política laboral para quienes trabajan en el Mecanismo que sea respetuosa de sus derechos.
3.- Que de manera urgente trabaje en la elaboración de un programa de atención prioritaria a los problemas del mecanismo con acciones definidas, plazos y resultados a obtener.
“Las garantías para que haya ciertas condiciones para el funcionamiento del Mecanismo no son para nosotros como consejeros, sino para las personas defensores, defensoras y periodistas que se acercan para solicitar protección, para aquellos que ya cuentan con protección y para quienes están en riesgo hoy en día y que podrían acercarse. Quienes han enviado una solicitud se encuentran en una situación de vulnerabilidad y lo menos que merecen es que haya condiciones para estudiar sus casos y darles una respuesta en el marco de la ley”, resaltó Jorge Israel Hernández.
WOLA destacó que los cambios en el área de derechos humanos de Gobernación se dan en un clima de vulnerabilidad para defensores, pues según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012 en México se registraron 89 agresiones contra ellos, además de que 22 más han sido asesinados desde 2006.
Por otro lado, la organización Artículo 19 ha documentado que 18 periodistas han desaparecido en los últimos once años y sólo en 2013 hubo 330 agresiones contra integrantes de medios de comunicación.
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