Bajo el título de “Comprando Complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México”, el reporte destaca que mientras que los periodistas mexicanos son frecuentemente el blanco de ataques físicos, la censura indirecta es otro peligro más sutil y muy importante para la libertad de prensa.
Elaborado en forma conjunta con el Centro Internacional de Asistencia a los Medios de Comunicación (CIMA), la organización de derechos humanos Fundar Centro de Análisis e Investigación y la oficina en México de Artículo 19, el informe destaca que “aunque menos visible que la terrible violencia contra los periodistas en México, la censura indirecta es muy insidiosa y debe ser reconocida como la seria amenaza que supone para la independencia de los medios y la libertad de prensa, en México y en todo el mundo”.
Añade:
“A diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, la censura indirecta es mucho más sutil y rara vez genera niveles similares de indignación internacional”.
En su informe sobre México, el tercero de una serie de análisis que WAN-IFRA y sus socios (con el apoyo de Open Society Foundations y Open Society Justice Initiative) han realizado para investigar la práctica de la censura indirecta en todo el mundo, se precisa que la práctica de la censura indirecta, o censura gubernamental indirecta, incluye una serie de acciones destinadas a influir en los medios de comunicación, excluyendo cierres, encarcelamientos, censura directa de contenidos específicos, o ataques físicos a los medios de comunicación o periodistas.
Según el Comité para la Protección de Periodistas, de 2010 a la fecha, en México han sido asesinados 31 periodistas y trabajadores de medios de comunicación (92% de los cuales son hombres y 8% mujeres), mayoritariamente en ataques perpetrados por el crimen organizado.
En México, añade el informe de WAN-IFRA, la asignación de la publicidad oficial es el método más ampliamente aplicado de censura indirecta. Sin reglas claras y precisas, dice, se utiliza como medio de influencia e incluso chantaje a dueños de medios y periodistas.
Sostiene, asimismo, que investigaciones detalladas y extensas entrevistas exponen cómo los gobiernos federales y locales utilizan la publicidad oficial para influir líneas editoriales o para impulsar agendas partidistas, así como para financiar selectivamente a medios de comunicación que apoyan a algunos funcionarios y sus políticas.
Con nueve recomendaciones, el informe aboga por reglas justas y transparentes para promover el desarrollo de un sector de medios de comunicación independientes.
Dichas recomendaciones, apunta, están diseñadas como punto de partida para las reformas más amplias que se necesitan urgentemente con el fin de ayudar a que la prensa mexicana “cumpla su papel esencial en la promoción de la democracia, el pluralismo y la rendición de cuentas”.
De acuerdo con la investigadora principal de Fundar, Justine Dupuy, “México no puede llegar a un nivel de rendición de cuentas efectiva o tener éxito en la democratización de su panorama de los medios sin abordar la multimillonaria asignación arbitraria de la publicidad oficial que limita el pluralismo, la libertad de expresión y el acceso a la información”.
Para Darío Ramírez, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, la falta de criterios para la asignación de la publicidad oficial influye fuertemente en la información que los medios de mexicanos proporcionan y distorsiona el debate público.
“Esto amenaza la libertad de expresión y se añade silenciosamente, pero con fuerza, al escalofriante efecto de la impunidad de la violencia contra los periodistas”, subraya.
No obstante, el informe de WAM-IFRA ofrece algunas señales alentadoras:
“Unos pocos estados y algunos medios de comunicación están trabajando para infundir una nueva integridad en la práctica oficial y periodística. Y el presidente y los legisladores de México siguen estando oficialmente comprometidos con una promulgación de cambio”.
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