Durante más de 15 años, la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha boletinado a cientos de personas y empresas que guardan relación con el narcotráfico o con actividades de terrorismo en todo el mundo.
En ese periodo, destacó hoy el portal de Milenio, los estadunidenses han señalado y ordenado congelar las cuentas de 321 mexicanos y 207 empresas que tienen su sede en territorio nacional y que supuestamente se constituyeron con ganancias del tráfico de drogas y acciones violentas.
Ahora los avisos, que se dan cada mes o quincenalmente sobre los presuntos criminales que se dedican a lavar dinero, pretenden ser usados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para alertar a los mexicanos de que se abstengan de realizar negocios con los sospechosos.
En Estados Unidos la OFAC es la encargada de realizar los señalamientos conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin, que entró en vigor en 1999).
Esa ley prohíbe a los ciudadanos de ese país a realizar transacciones financieras o comerciales con individuos y compañías; también congela los bienes que los sospechosos puedan tener dentro de esa nación.
Así, a quienes no respetan el ordenamiento, se hacen acreedores a sanciones multimillonarias e incluso pueden ser llevados a prisión.
Desde el año 2000 y hasta la fecha, los estadunidenses han señalado a 321 mexicanos, entre los cuales hay líderes del narcotráfico, además de familiares, prestanombres y empresas (contra las que no hay sentencias) por lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Algunas de las personas o negocios que han sido señalados han protestado públicamente y rechazado las acusaciones en su contra.
Apenas el sábado 12, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró en Washington que la dependencia a su cargo emitirá una lista de personas y empresas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y actividades de terrorismo para impedirles realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier institución del sistema financiero.
También mencionó que gracias a la recientemente aprobada reforma financiera, “por primera vez tenemos la capacidad de emitir una lista y que ésta impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estos individuos.”
El gobierno federal, abundó, se apoyará en los listados de la Organización de Naciones Unidas y del estadunidense Departamento del Tesoro.
Los señalados
En 2000, la OFAC señaló por vez primera a 12 personas pertenecientes a los cárteles de Juárez, de Colima, de Sinaloa y de Tijuana de ser las cabezas de esas organizaciones criminales y lavar dinero.
Entre ellos están José de Jesús Amezcua Contreras (de Colima), conocido como El Rey de las Metanfetaminas; los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix (Tijuana); Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy (Juárez), y Rafael Caro Quintero (Sinaloa).
Un año después se advirtió sobre siete mexicanos más: José Álvarez Tostado (Juárez); Osiel Cárdenas Guillén (líder del cártel del Golfo y Los Zetas); Miguel Ángel Caro Quintero (Sinaloa) y Joaquín El Chapo Guzmán (cabeza de Sinaloa), entre otros.
Y así lo han hecho sucesivamente con los nuevos grupos, como los de Los Caballeros Templarios, cártel criminal que nació de una escisión de La Familia michoacana.
El 31 de enero de 2002, la OFAC señaló a las primeras ocho empresas en territorio mexicano que servían para lavar las ganancias de los hermanos Arellano Félix, e incluso señaló a Enedina, hermana de los capos, de encargarse de tales operaciones.
Las compañías mencionadas como ilegales son Accesos Electrónicos, Administradora de Inmuebles Vida, ADP, Distribuidora Imperial de Baja California y Farmacia Vida Suprema, por mencionar algunas.
Otro ejemplo es el de Blanca Cazares Salazar, La Emperatriz, quien fue descubierta por Estados Unidos como una de las principales “lavadoras” del actual líder absoluto del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.
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