AUTOR: Andrea Becerril.
En el último día de las audiencias públicas en el Senado, en torno a esa iniciativa, organizada por las comisiones dictaminadoras, el representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, advirtió que se trata de una propuesta de ley “que confirma el deliberado propósito por neutralizar Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en un instrumento de control político”.
Igualmente, Jesús Robles Maloof, del Colectivo Internet Libre para Todos, la calificó como “el más grande reto regresivo y autoritario desde que Internet existe en nuestro país”, pues no sólo impide avanzar en materia de acceso, sino que faculta a las autoridades administrativas para “cancelar de facto” el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación.
En intervenciones por separado se refirieron al capítulo de colaboración con la justicia que incluye la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –una de las que incluye la iniciativa presidencial– y coincidieron en que son preocupantes, ya que se faculta a los concesionaros a bajar el switch a Internet y a los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas, discrecionalmente por una autoridad.
García resaltó que el artículo 145 de esa ley establece mecanismos de censura a Internet, al establecer que los concesionarios podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y servicios cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad.
De igual manera, dijo, abre la puerta a la censura, al establecer que los concesionarios no podrán interferir, discriminar arbitrariamente contenidos aplicaciones o servicios, “salvo que los mismos sean legales o ilícitos”.
Son disposiciones “claramente contrarias a la prohibición de censura previa que se establece en el artículo Séptimo Constitucional y el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es también inaceptable, recalcó, la Fracción VII del Artículo 197 de la ley mencionada, porque faculta a las autoridades a bloquear o anular las señales de todas las bandas de telecomunicaciones, en “eventos y lugares críticos par la seguridad pública nacional”. Se trata, dijo, de una herramienta propia de regímenes autoritarios, impediría la labor periodística, la documentación de violaciones a derechos humanos e incluso la utilización de servicios de emergencia durante manifestaciones pública”.
Hizo notar que ese tipo de medidas han sido condenadas por los relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, Robles Maloof resaltó que los artículos 192 y 194, por los que se obliga a los concesionarios a la geolocalización de los usuarios de telefonía a intervenir sus comunicaciones y llevar un registro de dos años de sus datos es riesgoso, ya que “les están entregando charolas digitales, a policías de bajo nivel, que podrían estar vinculadas con el crimen organizado”.
Pidió que se elimine tal disposición y se establezca la obligación de las empresas a informar de manera anual sobre las solicitudes que presentan las autoridades para intervenir una comunicación, así como “retirar cualquier intento autoritario”.
Robles Maloof agradeció que la intervención de senadores del PRD le hubiera permitido participar, ya que no estaba incluído. Es necesario que se escuchen otras voces ciudadanas, dijo, lo que motivó la molestia del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano.
La asistencia al foro fue mucho menor que un día antes. El salón de sesiones de la Comisión Permanente, donde se lleva a cabo, estuvo casi vacío y en ningún momento hubo más de ocho senadores.
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