AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
De enero a marzo hubo 16 agresiones más que en el mismo periodo del año pasado, en el 59% de los casos los responsables fueron servidores públicos.
De enero a marzo de 2014 se registraron 66 agresiones contra la prensa en México entre amenazas, intimidaciones, violencia física, hostigamiento judicial, difamación, detenciones arbitrarias y asesinatos, según datos que publica este martes la organización Artículo 19, que alerta que esa cifra superar por 16 casos a lo que ocurrió en el mismo periodo del año pasado.
“El panorama para la libertad de expresión en este primer trimestre de 2014 no sólo es más adverso por el incremento de las agresiones. La impunidad que suele existir en más del 90% de los casos documentados y la crisis que atraviesa la instancia federal encargada de proteger a los comunicadores amenazados, se han convertido en los mejores alicientes para los agresores de la prensa en México”, concluye la organización defensora de la libertad de expresión sobre la situación en el país tras los primeros tres meses del año.
De las 66 agresiones, 23 fueron agresiones físicas a comunicadores, 19 amenazas, 9 intimidaciones, 8 actos de hostigamiento judicial, cinco detenciones arbitrarias, una denuncia por difamación y un asesinato: el del periodista de Veracruz, Gregorio Jiménez en febrero pasado; caso por el que Artículo 19 denuncia deficiencias y omisiones de parte de autoridades encargadas de investigar.
Según el conteo de la organización, en el 59% de las agresiones cometidas contra la prensa entre enero y marzo de 2014 los presuntos responsables son servidores públicos.
Destacan el caso del Distrito Federal —segunda entidad con más agresiones— en donde existen al menos cinco casos documentados de que los presuntos responsables de la agresión son policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Mencionan el caso de la periodista Fabiola Gutiérrez Quiroz y su colega Luis Méndez que fueron detenidos arbitrariamente cuando documentaban diferentes operativos en el Metro de la capital.
Asimismo, se hace énfasis en que Veracruz es el estado con más agresiones pues además del asesinato de Gregorio Jiménez, otros diez periodistas y dueños de medios fueron agredidos o amenazados por su labor.
La lista de las entidades con más agresiones sigue con Guerrero, Oaxaca y Sinaloa con nueve, siete y cinco hechos contra la libertad de expresión, respectivamente.
El reporte trimestral enero-marzo 2014 sigue la línea de lo ocurrido durante el año pasado, cuando Artículo 19 documentó 330 agresiones, de las cuáles, 6 de cada 10 fueron cometidas por funcionarios públicos.
Defensoras y mujeres periodistas
El reporte trimestral de Artículo 19 coincide con un comunicado emitido por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México que indicó que durante el primer trimestre del año ha podido documentar 41 agresiones en contra de defensoras y mujeres periodistas.
Esa organización dijo que de enero a la fecha han aumento y han sido sistemáticas los actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y la emisión de órdenes de aprehensión sin fundamento contra mujeres comunicadoras y activistas.
“La ola de agresiones contra defensoras y mujeres periodistas resulta ser consecuencia de la respuesta que las autoridades están dando a la protesta social, a las denuncias de corrupción, a la documentación y a la denuncia de violaciones de los derechos humanos”.
Según este conteo, de las agresiones documentadas 10 fueron actos de intimidación, 10 amenazas, ocho amenazas de muerte, seis ataques al patrimonio persona, cuatro actos de uso excesivo de la fuerza, tres actos de criminalización y judicialización, tres actos de difamación, dos detenciones arbitrarias, dos agresiones físicas y verbales y uno ataque al patrimonio de la organización.
Estos conteos sobre agresiones ocurren cuando organizaciones civiles identifican que hay una crisis institucional al interior del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia a cargo de la Secretaría de Gobernación encargada de brindar protección a comunicadores y activistas amenazados por su labor.
El encargado del Mecanismo renunció el 15 de marzo pasado y un mes después se nombró a Víctor Manuel Serrato Lozano como nuevo titular de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación; quien antes trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, los consejeros ciudadanos que son parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo informaron el mes pasado que hay rezago en la atención de casos debido a diversos problemas estructurales y “falta de voluntad política” de las autoridades, además de que con casi dos años en funciones, no se han ejercido 263 millones de pesos destinados a la protección de periodistas y defensores.
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