AUTOR: Yadira Llaven Anzures.
Lo anterior, expusieron, luego del amago de algunas autoridades estatales de expropiar sus terrenos de cultivo para avanzar en la construcción del gasoducto Morelos, por tierras poblanas.
El proyecto de la instalación del gasoducto, que pasará por los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, se encuentra frenado desde el año 2011 debido a que labriegos de las tres entidades se niegan a ceder el derecho de vía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa española Elecnor, a cargo de la ejecución de la obra.
El gasoducto Morelos atravesará por 10 municipios del estado de Puebla, de los cuales dos son comunidades de San Pedro Cholula. Se trata de las juntas auxiliares de Santa María Acuexcomac y San Francisco Coapa, según el trazo de la ruta que se dio a conocer desde hace dos años.
El ambiente que se vive en Acuexcomac es tenso, pues a esto se suma las amenazas de encarcelamiento a un grupo de 10 labriegos que participaron en la protesta del cierre de los pozos del SOAPAP en abril de 2012.
De manera extraoficial, vecinos que participaron en la protesta del pasado 5 de abril de 2012 informaron que “personas del gobierno” hablaron con los dirigentes para intimidarlos y exigirles que no se opusieran al proyecto del gasoducto.
Según la fuente consultada refirió que entre el grupo de pobladores –que cerró las válvulas de los pozos que distribuían el agua al sur de la capital poblana– y la autoridad estatal acordaron que no se aprehenderían a los responsables de la protesta, siempre y cuando no se movilizarán contra el megaproyecto.
El declarante refirió que en el pueblo se sabe que este acuerdo llegó hasta las elecciones auxiliares, a tal grado que por la comunidad sólo existen dos contendientes, uno de ellos ligado a la manifestación de hace dos años, quien supuestamente negoció liberar el derecho de vía al gasoducto a cambio de que no pierda su libertad.
Por otro lado, el alcalde subalterno de Santa María Acuexcomac, Ignacio Carrillo Huinatl, confirmó que en la comunidad algunos campesinos ya comenzaron a “rematar” sus tierras, a pesar que el gasoducto representa un peligro para las familias asentadas en esta localidad.
Sin embargo, dejó en claro que esta es una decisión que han tomado los propietarios de los predios, sin que interviniera el gobierno estatal.
Dijo que la comercialización de los terrenos ocurre desde hace un par de semanas, sin que hasta el momento se sepa cuánto recurso está pagando la paraestatal por metro cuadrado de tierra.
El alcalde destacó que el proceso de venta de los terrenos que colindan con Coapa ha sido de manera pacífica, por lo que al menos una docena de labriegos comenzó a negociar el precio de sus predios con la Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo, refirió que la gente que está vendiendo sus tierras es muy probable que abandone el pueblo.
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