AUTOR: SARA PANTOJA.
A las 9:03 horas entró al espacio conocido como Los Cristales, donde lo esperaban los legisladores de la Comisión del Distrito Federal con un desayuno y una lista de cuestionamientos, aunque ligeros, sobre el futuro del servicio en beneficio de más de 435 mil pasajeros.
A su izquierda, la también priista y presidenta de la Comisión, Laura Barrera Fortoul, recibió sonriente a Ortega y agradeció al funcionario capitalino el gesto de acudir al encuentro. Luego, se limitó a ser moderadora de la mesa de trabajo.
Ahí, Joel Ortega reiteró que las fallas de la Línea 12 se detectaron desde antes de su inauguración. Sin embargo, ofreció un dato nuevo:
Dos meses antes de la inauguración, en tres ocasiones –entre agosto y septiembre de 2012– el STC levantó una “fe de hechos” ante el notario público 64, a cargo de Luis Gonzalo Zermeño Maeda, “por movimientos verticales atípicos, que denominamos bamboleos”.
Ortega dijo que se dio fe de la situación en 38 puntos o “cadenamientos” de la línea.
Durante su exposición habló de las condiciones actuales de la obra y resumió: “El tren y la vía se despedazan mutuamente”.
Al menos tres diputados de distintos partidos preguntaron sobre la fecha en que se reanudará el servicio, luego de reparada la obra.
Joel Ortega Cuevas explicó que al principio se pidió un plazo de seis meses, pero aclaró que este tiempo depende del diagnóstico que entregue la empresa TSO y los trabajos que realice la Secretaría de Obras capitalina.
“Tenemos prisa por regresar a la operación de toda la línea, pero no por la prisa lo vamos a hacer mal”, justificó.
Eso declaraba cuando, a mitad de la reunión, llegó el diputado local Jorge Gaviño, presidente de la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ofrece PRD “disculpa pública”
Alejandro Sánchez Camacho, diputado federal y secretario general del PRD, dejó de lado sus cuestionamientos y aprovechó para lanzar un posicionamiento:
“A nombre del PRD ofrezco una disculpa pública a los habitantes del Distrito Federal, pero en particular a la población que habita en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa por los efectos negativos que provoca esta suspensión del servicio y que afecta su movilidad y también su economía”.
A casi un mes del cierre parcial de la línea y luego de la “lluvia” de críticas al gobierno de Miguel Ángel Mancera, Sánchez Camacho aseguró que “más allá de la veracidad o no de una posible catástrofe en la Línea 12 del Metro, apoyamos esta decisión de su suspensión, porque no podemos, bajo ninguna sospecha, poner en riesgo una vida humana”.
Y remató: “En el PRD no somos tapadera de nadie”.
Mario Carrillo, tío del exsecretario de Finanzas, Mario Delgado –quien participó en las negociaciones financieras del contrato de la Línea 12–, e identificado con la corriente de Marcelo Ebrard, defendió la exposición de Ortega Cuevas:
“El invitado –quien lo llamó ‘amigo’– está en su papel de utilizar la información que tiene porque quiere demostrar que la decisión que tomó fue la adecuada”.
Sin embargo, solicitó que también se llame al exdirector del STC, Francisco Bojórquez, y al extitular del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, para que ofrezcan su propia versión del problema.
En su turno, los diputados panistas Fernando Rodríguez Doval y Jorge Sotomayor reprocharon al director del STC que haya tardado tres semanas en atender su solicitud para acudir al Congreso de la Unión.
El primero cuestionó si el 30 de octubre de 2012, cuando se inauguró la obra, “¿verdaderamente estábamos listos o fue un asunto político?”.
El segundo le reprochó el costo de la renta de trenes a la empresa española CAF cuando, según él, había opciones más baratas como la francesa Bombardier y la china Noriko.
Joel Ortega pidió “mantener el problema en el campo técnico, no en el político”, y reiteró su postura de que “el resultado del mantenimiento que se hizo no fue suficiente”.
La reunión de trabajo entre diputados y el funcionario duró poco más de dos horas. Sin embargo, mientras se despedían, llegó la diputada Yesenia Noloasco, identificada con el Movimiento Progresista de Marcelo Ebrard.
Aunque no pertenece a la Comisión del DF, la legisladora exigió a gritos (porque no le dieron el micrófono) que Joel Ortega Cuevas se separe de su cargo para realizar las investigaciones correspondientes.
“No puede ser juez y parte”, argumentó. Luego, abandonó el recinto.
Inician trabajos previos a la rehabilitación
En entrevista posterior, el director del STC, Joel Ortega, anunció que este martes iniciaron los trabajos preliminares de la empresa francesa TSO para la rehabilitación de la Línea Dorada.
Éstos consistirán, explicó, en un levantamiento topográfico de las vías, verificación y cuantificación de desgaste en rieles, los componentes de las fijaciones y su calidad, los perfiles y calidad del balasto, así como de los durmientes. También se observará el estado de las soldaduras de rieles, así como la circulación de trenes y los niveles de vibraciones.
“Una vez que se tengan las conclusiones de estas mediciones, se podrá comenzar con los trabajos correctivos que permitirán alcanzar un mantenimiento futuro”. Ello, estimó, será en aproximadamente un mes.
El anuncio lo adelantó Ortega Cuevas en el Congreso de la Unión, pero hacia el mediodía Mancera, lo confirmó así:
“Ha comenzado ya la acción, la intervención de TSO, las acciones preeliminares para la rehabilitación de la L12. Es lo fundamental, una rehabilitación pronta, con todos y cada uno de los esquemas de seguridad”, dijo en conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
En tanto, la Secretaría de Obras capitalina informó en un comunicado que el análisis que hará TSO costará 27 millones de pesos, abarcará los 24 kilómetros que mide la línea y concluirá en julio próximo.
Sin embargo, el 29 de marzo, el titular de Obras local, Alfredo Hernández, informó que el contrato con la empresa francesa fue por 25 millones y que los estudios se tendrían listos en alrededor de cinco semanas.
Mancera también informó que el gobierno capitalino acudirá “a todos y cada uno de los espacios jurídicos y las etapas legales” para no regresar a la Federación los 489 millones de pesos que la semana pasada solicitó la Secretaría de la Función Pública (SFP), debido a que no pudieron ser comprobados.
“He dado instrucciones precisas a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Finanzas a fin de que agoten todos y cada uno de los espacios jurídicos de las etapas legales que haya que agotar a fin de poder defender este recurso de la ciudad de México”, advirtió.
Luego aclaró que con ello no evaden la obligación de investigar las posibles responsabilidades de ese dinero no comprobado.
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