AUTOR: RODRIGO VILLEGAS.
El Senado determinó que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos serán juzgados en el fuero común.
Apenas iniciaba la Conferencia Trilateral de Defensa de Norteamérica con los secretarios de la defensa de México, Estados Unidos y Canadá en el Campo Marte, cuando en el Senado se aprobó la modificación al Código de Justicia Militar.
Ahora, los militares que incurran en una violación a los derechos humanos o cometan algún delito contra ciudadanos podrán ser juzgados en tribunales del fuero común.
Las comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Derechos Humanos y Marina aprobaron por unanimidad el cambio a la ley.
Este parteaguas en el código militar lleva hasta sus últimas consecuencias las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desde hace más de una década impulsaron la reforma al sistema de justicia militar.
Al respecto, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, dijo que la aprobación de esta modificación no fue fácil, pero representa una victoria para los derechos humanos.
El camino hacia la reforma
En agosto de 2012, la SCJN aprobó una resolución para poner en marcha la civilización del código militar.
Esto es, juzgar a los elementos militares que hayan cometido un crimen en el que se encuentre involucrado un civil.
Se trató del primer fallo judicial en la historia de México que pretendía restringir el fuero militar mediante la implementación de controles civiles.
El debate sobre el ejercicio de control civil sobre las Fuerzas Armadas cobró importancia durante el sexenio de Felipe Calderón.
Reporte Indigo analizó en la “Ley de la Calle para los Militares” las características del despliegue de miles militares en la denominada guerra contra el narcotráfico.
Con la participación de las Fuerzas Armadas en una operación de seguridad interior de esa magnitud, el desempeño del Ejército y la Marina estará bajo un estricto escrutinio público.
El recuento del número de quejas por violaciones a los derechos humanos realizadas por elementos del Ejercito y la Marina puso en evidencia las debilidades del aparato de seguridad nacional.
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