FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
CANCUN, Q. Roo., (apro).- De enero a marzo último, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (CJPJ) del estado, que preside el presidente magistrado Fidel Villanueva Rivero, ha sancionado a cuatro jueces y cinco secretarios de juzgado por presunta dilación en la impartición de justicia.
Según el titular del organismo, dichos funcionarios judiciales, cuyos nombres mantiene bajo reserva, no se ajustaron a los tiempos máximos establecidos por la ley para resolver o dictar sentencia en los procesos penales bajo su competencia.
Por esa razón, dijo, cuatro jueces recibieron sanciones que van desde la amonestación privada hasta la suspensión de sus funciones sin goce de sueldo por mes y medio.
La misma sanción recibieron, explicó, los secretarios de estudio, cuenta y acuerdos, con excepción de uno que fue suspendido de sus funciones sin goce sueldo hasta por mes y medio.
Los impartidores de justicia y los auxiliares sancionados laboran actualmente en juzgados de los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Othón P. Blanco (Chetumal).
Villanueva Rivero explicó que las sanciones están apegadas al nuevo reglamento interno que entró en vigor a partir de este año.
Asimismo comentó que los expedientes se abrieron gracias al servicio telefónico denominado “Justiciatel” que permite a los ciudadanos reportar afectaciones en el desarrollo de los procesos, que van desde el extravío de expedientes, rezago en la fecha de audiencias para dictar sentencia y hasta irregularidades en los procedimientos.
Los consejeros
Lo curioso del caso es que entre los consejeros “ciudadanos” que se encargaron de resolver dichos casos se encuentran personajes de dudosa reputación y con antecedentes partidistas o en la estructura gubernamental.
Es el caso, por ejemplo, del empresario Gastón Alegre López y de Marisol Balado. El primero fue abogado nada menos que del exjefe de la Policía del Distrito Federal, Arturo El Negro Durazo, y amén de que fue candidato a la gubernatura por la izquierda.
Abogado fiscalista, Alegre López es un empresario inmobiliario y hotelero, dueño de radiodifusoras y fue candidato del PRD a la gubernatura de la entidad, a presidente municipal de Benito Juárez (Cancún) y a senador.
Ninguna posición consiguió, pero sí logró un escaño en el Congreso por el PVEM y fue regidor del PRD.
Cuando en 1999 fue nominado como candidato a la gubernatura, líderes perredistas cuestionaron la nominación porque Alegre López había participado en el despojo de comuneros en el Ajusco y fue abogado del exjefe de la Policía del DF, Arturo Durazo Moreno.
El año pasado Gastón Alegre López figuró en la lista de contribuyentes morosos del impuesto predial de la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, en el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto.
En los registros del catastro de ese municipio, Alegre López está enlistado como propietario de un predio en boca Xnokene, en la zona costera de este municipio, con avalúo catastral de un millón 907 mil pesos.
Por este predio costero, Alegre López debería de pagar por concepto de impuesto predial unos 31 mil 585 pesos al año.
También presionó a los entonces presidentes municipales de Benito Juárez (Cancún), del PRD y de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, del PAN, a fin de que el antiguo camino a Rancho Viejo, que comparten estas dos demarcaciones cambie de nombre a avenida “Gastón Alegre”.
Marisol Balado Esquiliano tampoco tiene un perfil ciudadano: ha desfilado por diferentes dependencias públicas y partidos políticos.
En el gobierno se desempeñó como directora de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo y Subprocuradora de la Zona Norte y en el PRI fue secretaría general del Comité Directivo Estatal y representante de ese partido ante el Instituto Electoral de Quintana Roo. Actualmente es Notaria Pública con licencia.
Entre los consejeros del CJPJ del estado también hay personajes con oscuros antecedentes, como el exjuez Gilberto de Jesús Herrera Solís, quien dejó libre a un joven homicida, hija de un militar retirado, y a un policía violador.
Como juez primero penal de Cancún, el consejero Herrera Solís liberó en febrero de 2014 a Karina Ileana Hernández García, de 25 años, quien es hija de un coronel del Ejército y que fue acusada de asesinar a su pareja.
De igual forma, en junio de 2012 liberó bajo fianza a un policía involucrado en la violación de una menor de 15 años de edad, que ocurrió en la región (colonia) 76 de Cancún.
Y en julio de 2012, dejo libre, mediante el pago de una fianza de 15 mil pesos, a un sujeto que fue acusado por su pareja de violencia intrafamiliar.
El magistrado José Antonio León Ruiz, antes de ocupar ese cargo fue secretario particular de la ahora expresidenta del TSJ, Lizbeth Song Encalada.
Para el presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Quintana Roo, Raúl Ojeda González el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Quintana Roo carece “de calidad moral”, debido a los antecedentes de la mayoría de sus integrantes.
El litigante dice que el CJPJ no cumple las expectativas pues no hay sanciones por los abusos cometidos por los impartidos de justicia.
De hecho, minimiza que se sanciones a cuatro jueces y cinco magistrados por retrasos en las sentencias.
“Podríamos decir que ningún proceso cumple los plazos”, subraya.
Asimismo destaca que el desempeño del CJPJ “es muy oscuro” pues se desconoce su actuación y los procesos que lleva a cabo.
El CJPJ, menciona, carece de autonomía porque todo el Poder Judicial está bajo el control del presidente del TSJ, Fidel Villanueva.
De hecho, señala que todos los magistrados y jueces obedecen instrucciones de Villanueva Rivero, originario de Cozumel.
“No hay autonomía de jueces”, establece.
Según el litigante, el Consejo de la Judicatura se desenvuelve en la total opacidad en el manejo de sus recursos.
La Secretaría Estatal de Hacienda (SEH) otorgó en 2013 al Poder Judicial 429 millones 909 mil 742 pesos, sin especificar la cantidad para el Consejo de la Judicatura.
La propia SEH reconoce, que estos casi 421 millones de pesos “su distribución por concepto del gasto será definida conforme el propio Poder lo determine”.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura tiene un amplio aparato burocrático, en el organigrama del Poder Judicial del estado.
Además de su estructura de consejeros, incluye una Secretaría Ejecutiva, con tres secretarios; visitadores judiciales, cinco directores y nueva jefaturas de departamento.
Además de Villanueva Rivero, el Consejo Judicatura está conformado por los consejeros ciudadanos Gastón Alegre López y Marisol Balado; el magistrado numerario José Antonio León Ruiz y el consejero juez, Gilberto de Jesús Herrera Solís.
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