Uno de los puntos más criticados en la legislación, es la capacidad de permitir el almacenamiento de los datos de los usuarios sin orden judicial, lo que se traduce en que los proveedores de servicios de internet como Telcel, Iusacell o Movistar, tiene la obligación de guardar información por tiempo indefinido para ser consultada por dependencias tales como el Ejército, la Secretaria de Gobernación, la Procuraduría General de la República, y cualquiera que así lo requiera.
Tal disposición vulnera la privacidad de los ciudadanos, e incluso ha generado pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, el poder violatorio de la reforma a la intimidad de quienes ingresen a la red, no se queda ahí.
Otro de los polémicos alcances, radica en la posibilidad de proporcionar la localización geográfica en tiempo real a de cualquier dispositivo de comunicación (computadoras, tabletas, celulares inteligentes, etcétera), a petición de las instancias de seguridad o algún servidor público, con el fin de producir reportes de inteligencia.
A primera vista, resulta complicado apreciar los alcances que dicho estatuto pudiera tener en detrimento de la ciudadanía, no obstante basta recordar tres casos donde el Estado utilizó su poderío tecnológico para contribuir a supuestas investigaciones que consideraban pertinentes en pos de la seguridad nacional, donde también se vulneró la intimidad de los mexicanos.
Veracruzanos ciberdetenidos
El jueves 25 de agosto de 2011, el puerto de Veracruz vivió una mañana ajetreada, cuando en las redes sociales comenzó a difundirse el rumor de un posible ataque de bomba en una escuela primaria ubicada en la comunidad de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, y muy cercana a la Tercera Zona Naval.
La falsa amenaza provocó caos vial en el propio Alvarado y Boca del Río, además de que muchas instituciones educativas de distintos niveles tuvieron que ser evacuadas. Incluso se pudo apreciar la movilización de elementos de la Marina, con el fin de desechar cualquier versión de peligro.
Al final del día, luego de pronunciamientos del gobierno veracruzano, Reynaldo Escobar Pérez, procurador de Justicia del estado, comunicó la detención de dos personas involucradas con la difusión de la amenaza, a quienes se acusó de “terrorismo”, por lo que se abrió una investigación en su contra.
De identidad desconocida, ambos sujetos fueron arrestados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que contó con el apoyo de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública para dar con el domicilio de los involucrados.
Lejos del desconcierto generado, llamó la atención la capacidad de la Policía Cibernetica para ubicar el mismo día a los presuntos responsables, cuando el único indicio con el que se contaba era el uso de dos hashtags en Twitter, situación que sin duda puso en evidencia el poder aplicado del gobierno mexicano.
“Cuidado funcionario voladores”
En el marco del accidente aéreo que acabó con la vida del entonces secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, ocurrido en noviembre de 2011, un twittero conocido como Spameo Flores, fue detenido por elementos de la PGR, por estar supuestamente implicado en el suceso, ya que un día antes publicó en la red social mensajes en tono de broma relacionados con la caída del helicóptero que transportaba al funcionario y siete acompañantes.
“No salía tan temprano del trabajo desde que se cayó la avioneta de Mouriño. Anden con cuidado, funcionarios voladores”, fue el mensaje compartido por Mario Flores Vargas el jueves 10, un día antes del fallecimiento de Blake Mora. Mientras que el sábado 12 volvió a tuitear mensajes referentes al accidente.
Al igual que lo veracruzanos, Flores fue aprehendido en su domicilio el domingo 13 ubicado en la colonia Popotla de la ciudad de México, luego de ser golpeado por un grupo de agentes de la PGR que irrumpieron en su hogar y los trasladaron a bordo de camionetas de la dependencia.
En aquel momento, la PGR justificó su detención alegando que era en calidad de testigo, aunque concretamente él no podía testificar nada pues no se encontraba en el lugar de los hechos (San Juan Tezompa, municipio de Chalco, Estado de México), situación que más allá de la capacidad en materia tecnológica del Estado, exhibió el abuso de autoridad y la prepotencia de las instituciones con que se puede manejar ayudados por la geolocalización.
Censuran protesta
En Puebla, el año pasado, las autoridades mostraron como los artilugios cibernéticos y las nuevas tecnologías pueden ser usados para reprimir las protestas sociales si así se lo proponen.
Iván Ismael Isazola Vázquez, oriundo de Oaxaca y estudiante del Tecnológico de Tehuacán; Néstor López Espinoza, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Eduardo Salazar Velázquez, fueron arrestados en su domicilio, luego de que se les acusara de planear una protesta dentro de los festejos del 5 de mayo en la ciudad, donde acudiría Enrique Peña Nieto.
Rayando en la ilegalidad, las capturas fueron justificadas bajo una supuesta denuncia anónima que alertaba posibles “hechos violentos”, sin que pudiera confirmarse nada.
A la postre, los tres casos sólo son una muestra de los alances del gobierno mexicano en cuando de geolocalización se trata, sino que advierten lo que podría suceder ahora que se plantea la legalidad y libre uso de ella, pues si seis ciudadanos fueron detenidos sin argumentos sólidos, el panorama en caso de aprobarse la Ley de Telecomunicaciones no luce nada esperanzador para la seguridad y privacidad de los mexicanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario