AUTOR: Víctor Ballinas.
Los comisionados destacan que es importante la regulación de una concesión única que habilita la prestación de todos los servicios técnicamente posibles; la posibilidad de aprovechar bienes del Estado para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones; las facultades del instituto para imponer regulación asimétrica a los agentes económicos con poder sustancial de mercado y agentes económicos preponderantes.
De igual forma consideraron importante la previsión de consultas públicas y dictámenes de impacto regulatorio tratándose de disposiciones de carácter general; la previsión de un registro en telecomunicaciones con información pública de los sectores y la actuación del regulador, entre otras.
Pero les hicieron observaciones en 16 temas que existen entre las distintas iniciativas que se encuentran en el Senado y en donde hay visiones coincidentes y algunas divergentes: en concesiones para uso público del espectro y posiciones orbitales en este caso refieren que es necesario que la legislación no establezca el deber irrestricto de otorgar concesiones de usos público y recursos orbitales que se soliciten.
En el caso de los contenidos y publicidad los comisionados señalaron que “es necesario que la legislación secundaria refleje lo ordenado por el artículo décimo primero transitorio del decreto de reformas a la Constitución, que establece que corresponda al instituto vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos para la transmisión de mensajes comerciales y supervisar el cumplimiento de la ley por lo que hace a la programación y publicidad infantil”.
Aunque los comisionados mencionan que nada impide mecanismos de colaboración en actividades como monitoreo con el objeto de no duplicar estructuras y costos dada las atribuciones de otros órganos del Estado como el Instituto Nacional Electoral.
El panista Lozano aseveró que los comisionados no opinaron sobre la decisión de que la Secretaría de Gobernación participe en los contenidos y la Hacienda emita opinión para la entrega de concesiones “porque eso ya está en la Constitución”.
En materia de competencia económica los comisionados apuntan que el instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 constitucional y las leyes establecen para la Comisión Federal de competencia Económica.
Subrayan que en atención al mandato constitucional se considera que lo relacionado con competencia económica, relativa practicas monopólicas, concentraciones prohibidas y condiciones de competencia efectiva deba regirse por la ley federal de competencia económica.
Por lo que se refiere a los límites de concentración de frecuencia y propiedad privada, los comisionados señalan que el artículo 28 constitucional dispone que el instituto está facultado para imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y de telecomunicaciones, que sirvan un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.
También en el capítulo de sanciones los comisionados hacen notar que se “advierte infracciones cuya única sanción posible es la revocación, lo cual resta credibilidad y eficacia a este disuasivo, más aún considerando que una revocación en estos sectores pueda afectar seriamente el interés público al dejar sin algún servicio relevante a la población
También hacen propuestas en los temas de larga distancia, colaboración con la justicia y apagón analógico.
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