AUTOR: JESÚS CANTU.
Los coordinadores optaron por seleccionar fundamentalmente a candidatos ya probados, es decir, que hubiesen actuado en órganos jurisdiccionales o administrativos electorales y que en su actuación hayan evitado interpretaciones sistemáticas y teleológicas de las normas aplicables. Pero también buscaron algunos consejeros que estuvieran dispuestos a defender sus intereses al interior del máximo órgano de dirección de la autoridad electoral nacional.
Así, no se privilegió el compromiso con la democracia o el estado de derecho, sino la actuación dócil y conservadora. De los 11 consejeros designados (incluyendo al consejero presidente), siete tienen experiencia previa en órganos administrativos o jurisdiccionales electorales; uno, en un tribunal superior de justicia estatal; y tres, como asesores de consejeros electorales.
El reparto de cuotas llegó al grado de que se hizo en función de periodo para el que eran elegidos: para nueve años el PRI colocó a Adriana Margarita Favela; el PAN, a José Roberto Ruiz Saldaña, y el PRD, a Ciro Murayama; para seis años: el PRI, a Marco Antonio Baños y Enrique Andrade González; el PAN, a Benito Nacif, y el PRD, a Alejandra Pamela San Martín Ríos; y para tres años: el PRI, a Beatriz Eugenia Galindo Centeno; el PAN, a Arturo Sánchez Gutiérrez, y el PRD, a Javier Santiago Castillo.
De este modo, el PRI se quedó con cuatro posiciones; el PAN, con tres, y el PRD, con las tres restantes. El PRI apostó por dos fieles escuderos: Baños y Andrade, y dos magistradas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el PAN, por su parte, por dos exconsejeros del IFE y ya probados en su identificación blanquiazul (Sánchez y Nacif), así como por un magistrado del Tribunal de Justicia de Sonora (Ruiz); mientras tanto, en el caso del PRD, el único ya probado en los consejos de órganos electorales es Javier Santiago Castillo, y los otros dos (Murayama y San Martín Ríos) fueron en su momento asesores de consejeros.
En el caso del consejero presidente, el consenso se dio en torno a Lorenzo Córdova, quien en noviembre del 2011 llegó al Consejo General del IFE a propuesta del PRD, pero que en su actuación como consejero electoral dejó constancia de ser sumamente cauto y de apegarse a una lectura literal de las normas, lo cual es muy importante para los otros dos partidos, particularmente para el PRI.
En estas condiciones, se puede decir que el PRI y el PRD colocaron a cuatro miembros del consejo cada uno, y el PAN a tres; sin embargo, en los hechos el PRI sabe que entre los consejeros propuestos por el PAN y el PRD fácilmente encontrará otros dos que se plegarán a sus demandas y requerimientos; además, el tricolor también introdujo al consejero (Baños) con mayor experiencia en el ámbito de la organización electoral, con lo cual apuesta a designar consejos estatales, distritales y municipales que les sean afines, y a mantener un cierto control de la estructura ejecutiva. El tricolor logró la conformación de un consejo cómodo y manejable.
El PAN fue el que enfrentó las condiciones más desfavorables para la negociación, pues únicamente tenía un candidato en las cuatro quintetas para nueve años (la de consejero presidente y las tres de consejeros electorales). Precisamente por ello pedía que se pudieran reacomodar los nombres entre las 11 quintetas; eso lo llevó a sacrificar a varios de sus mejores exponentes, como lo eran María Marván, Horacio Vives y Carla Astrid Humphrey. No tenían otra opción si querían asegurar por lo menos un consejero durante los siguientes nueve años.
Mientras tanto, los candidatos del PRD estaban mejor distribuidos que los del PAN, pero no que los del PRI (el único que logró colocar opciones en todas las quintetas), lo que le aseguró la presencia de un operador ya probado (Javier Santiago) al que había impulsado en casi todas las renovaciones del Consejo General del IFE, y a otros dos que le aseguran la interlocución.
El perfil conservador y cauto del consejo favorece al partido en el gobierno, y así, nuevamente, es el PRI el que logra imponer su mayoría de legisladores en la conformación del consejo, aunque es un hecho que tuvo que ceder la presidencia (quinteta en la que había colocado a tres de sus principales candidatos) al PRD, para lograr que éste se sumara a la propuesta de 11 consejeros y conseguir así la mayoría calificada requerida para aprobar la lista. La opción del PAN fue tomar al único candidato que tenía en las quintetas para nueve años y tratar de impulsar a sus mejores cartas en los seis y tres años.
La integración del Consejo General es fiel reflejo de la cartelización de las tres principales fuerzas políticas en México, que en general quedan satisfechas con un órgano cauto, dócil y conservador que se dedicará fundamentalmente a la organización de las elecciones, lo cual descansará sustancialmente en la estructura ejecutiva (con la intervención y cuidado de Baños, el candidato más fuerte de los tricolores) y evitará los temas y resoluciones controvertidos.
No será el Consejo General del INE el que buscará impulsar los acuerdos y decisiones que permitan corregir las grandes deficiencias que han aflorado en materia de fiscalización de recursos de los partidos políticos, su presencia en los medios masivos de comunicación, la rendición de cuentas de sus dirigentes, la compra y coacción del voto, la intromisión de los gobernantes en la contiendas electorales; en fin, todos los asuntos que vulneran claramente la equidad en la contienda y que es indispensable detener para revertir la involución que hoy vive el país.
El proceso concluyó sin sorpresas: la integración de un consejo a partir de las cuotas partidistas y de bajo perfil.
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