El contralor general capitalino Hiram Almeida informó que Horcasitas Manjarrez –cesado el miércoles 19– es investigado “junto con otros servidores públicos que están sujetos al establecimiento e instauración de procedimientos administrativos de responsabilidad, y en su conjunto todo el análisis y los resultados pueden ser susceptibles de la investigación”.
El exdirector del PMDF, agregó Almeida, ha sido citado a declarar dos veces –una lo hizo por escrito– ante la Contraloría capitalina dentro de la investigación que ésta desarrolla.
Y es que, en medio del deslinde de responsabilidades por las irregularidades técnicas detectadas en la Línea Dorada, el gobierno de Enrique Peña Nieto metió hoy la mano al anunciar que tratará de recuperar casi 500 millones de pesos de los 14 mil millones que la Federación aportó para construir la polémica obra inaugurada por Marcelo Ebrard en octubre de 2012.
En conferencia de prensa, el encargado de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, informó que, de acuerdo con auditorías a fondos federales del Fideicomiso a la Infraestructura en los Estados, del Convenio de Reafirmación de Recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Fondo Metropolitano, correspondientes a los años 2008 y 2011, el GDF no pudo comprobar gastos por 489 millones 422 mil pesos, por lo que deberá reintegrarlos a la Federación.
El funcionario federal precisó también que en la administración pasada se destinaron 14 mil 361 millones de pesos para la construcción de la Línea 12 y no 2 mil millones como el GDF informó originalmente.
De las revisiones practicadas a esos recursos, abundó Olivas Ugalde, se desprendieron observaciones sobre procesos de contratación y construcción de la Línea Dorada en las que se detectaron recursos que no fueron justificados ni formalizados mediante contratos.
“A pesar de esta revisión exhaustiva que llevamos a cabo, no se pudo justificar el pago que realizó con recursos del Fondo Metropolitano de diversos convenios, reconocimientos de adeudos de obras inducidas por la cantidad de 489 millones 422 mil pesos que no fueron formalizados en contratos conforme a las disposiciones jurídicas”, dijo.
“De todo el volumen que se revisó no fue posible solventar (esa cantidad), por lo que esa Secretaría (la SFP) ha solicitado al actual Gobierno del Distrito Federal reintegre dicha cantidad a la Tesorería de la Federación”, puntualizó Olivas Ugalde.
Si bien, detalló, no hay fecha límite para el reintegro del dinero, ya venció el plazo para subsanar las observaciones y, al no contar con documentación que respalde el gasto, se da por sentado el adeudo.
Además, advirtió que aún falta revisar la deuda pública de 2013, en la que auditarán 3 mil 400 millones de pesos.
Sobre la solicitud federal de reintegro, Almeida informó que esperan la notificación por escrito de la dependencia federal para analizar el caso.
No obstante, explicó que de los 7 mil 438 millones de pesos auditados por la SFP en los ejercicios fiscales de 2008 y 2011, el gobierno capitalino solventó 3 mil 94 millones, pero no los casi 500 millones de pesos que se deben reintegrar.
Asimismo, dijo que ya se envió documentación para comprobar otros 3 mil millones de pesos.
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