Lo que se busca, concedió el funcionario federal en rueda de prensa, es proteger la competencia y no tanto a los mercados.
Ese lapso de dos años, acotó, van a “permitir que la actual organización industrial que existe en el mercado de televisión restringida, no nos lleve a resultado disruptivo que pudiéramos tener en caso de aplicar una medida incorrecta o de tomar una decisión regulatoria que no sea la adecuada”.
Luego destacó que el país existen mil 500 cableras pequeñas y regionales, que están tratando de crecer, pero que también tienen un alto grado de vulnerabilidad ante un cambio importante en la estructura del mercado.
El 24 de marzo pasado, recordó, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Al defender la iniciativa enviada por el Ejecutivo, Peralta Sánchez negó que se violente la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aunque reconoció que no mostraron al órgano regulador cómo quedaría la propuesta de ley antes de enviarla a los legisladores.
“Existe absoluto respeto a las facultades del IFT plasmadas en la Constitución y un absoluto respeto a la autonomía constitucional del órgano regulador, pero es importante que se diferencie un tema constitucional a un tema de política pública”, argumentó.
Sobre la llamada “tarifa cero”, señaló que una vez que sean aprobadas las leyes secundarias se tendrá que ajustar la pasada resolución del IFT con respecto de las tarifas establecidas para América Móvil.
Una vez aprobada por el Congreso de la Unión, explicó, “se deberá establecer esta tarifa cero, que vendría a sustituir el esquema planteado por el IFT”.
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